El gobierno de Trump admite estar 'de manos atadas' por los fallos judiciales que frenan sus políticas migratorias
El viernes tres jueces dictaminaron que el servicio de inmigración no puede activar una nueva regla de carga pública, y la semana pasada otra corte federal prohibió la implementación de una norma que activaba deportaciones expeditas a nivel nacional.
Por:
Jorge Cancino.
Un juez federal de Manhattan, Nueva York, bloqueó este viernes la polémica regulación que el gobierno de Donald Trump anunció en octubre del año pasado y que en agosto se publicó en el registro federal como versión final para entrar en vigor el próximo 15 de octubre.
Video Un juez federal frena la entrada en vigor de la regla de carga pública y la llama "repugnante"
La Casa Blanca dijo que los fallos judiciales son “impactantes” y le atan las manos al gobierno para “hacer cumplir las leyes de inmigración aprobadas por el Congreso”.
“Para tener un sistema de inmigración legal en funcionamiento que sirva a los intereses nacionales de Estados Unidos, debemos tener reglas, leyes, condiciones y procedimientos para ingresar al país, y la violación de estas leyes y reglas deben hacerse cumplir”, continúa la respuesta del gobierno, citando una frase atribuida a Trump.
El gobierno añade que el presidente “está trabajando incansablemente para restablecer la aplicación de nuestras leyes de inmigración tal como se promulgaron”, pero advierte que este esfuerzo está siendo afectado por “decisiones judiciales activistas” que “restringen a la Administración” la implementación de la ley federal.
El fallo del juez André Birotte Jr., de la corte del Distrito Central de California, advirtió que la información almacenada puede estar incompleta o con errores.
Biorotte tampoco permitió que ICE ordene retener a migrantes que son liberados de cárceles en localidades que no han autorizado a la policía a colaborar con los agentes de inmigración (en el marco de los convenios hechos bajo el amparo de la Sección 287g), conocidas como "jurisdicciones santuario".
Otros dos jueces, uno de California y otro Washington, emitieron fallos similares prohibiendo la entrada en vigor de la medida bajo los mismos argumentos.
Los tres jueces decidieron en favor de demandas presentadas por 21 estados y el Distrito de Columbia (capital), que impugnaron la nueva regla de carga pública del gobierno de Trump inmediatamente después de la publicación en el registro federal de la versión final, en agosto.
La norma había sido anunciada por primera vez en octubre del año pasado por el director interino de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), Ken Cuccinelli, un fiel defensor de la política migratoria de tolerancia cero de Trump.
Según Trump, el freno a la implementación de las órdenes de arresto (detainers) de ICE, impedirá a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) “arrestar y expulsar a ciertos extranjeros criminales bajo custodia de las policías estatales y locales”.
Añade que “estos detenidos son la columna vertebral de la aplicación de la ley de inmigración” y sin “los responsables de la gran mayoría de todos los extranjeros criminales expulsados de los Estados Unidos”.
Pero en sus argumentos, la Casa Blanca no hace referencia, por ejemplo, al tipo de crímenes formulados a los inmigrantes y qué motivaron sus deportaciones.
Un reciente reporte del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse, en Nueva York, revela que durante el año fiscal 2019 un total de 191,061, equivalente al 49.6% de los deportados, tenían cargos por ingreso no registrado al país (entry without inspection), una falta de carácter civil no criminal.
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Otros 165,531 deportados, equivalente al 43%, tenían otros cargos de inmigración. Solo el 4.9% (18,981 personas) tenían cargos criminales.
Trump insiste en que cuando los delincuentes extranjeros arrestados bajo custodia local son hallados por en una base de datos federal, “si los datos confirman que son deportables, ICE debe detenerlos”.
Añade que una vez ICE es notificado que un extranjero será liberado, puede emitir una orden de detención y mantenerlo retenido hasta 48 horas para que el gobierno pueda tomarlo en custodia.
Bajo este proceso, añade, “los miembros de pandillas, asesinos, violadores, traficantes de drogas y muchos otros delincuentes son retirados de nuestras calles de forma segura todos los días”. Y añade que “sin este mecanismo, miles de delincuentes quedarían libres y cometerían más crímenes en nuestras comunidades”.
Pero las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes rechazan esta política, argumentando que la mayoría de los extranjeros detenidos por el gobierno no constituyen una amenaza para la seguridad pública y nacional de Estados Unidos, y cuestionan la participación de las policías locales en programas que convierten a personal en agentes federales de inmigración.
La Casa Blanca dice que “las decisiones de los activistas (en referencia a los jueces que han detenido partes clave de la política migratoria de Trump) están socavando los esfuerzos para mantener a nuestras comunidades seguras, proteger nuestra seguridad nacional y hacer cumplir nuestras leyes”.
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Batalla legal
Abogados consultados por Univision Noticias dijeron que en tres casos bajo disputa jurídica, el gobierno apelará las decisiones para poder implementar su política migratoria, y que es probable que la batalla legal llegue hasta la Corte Suprema de justicia.
A su vez, el director interino de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), Ken Cuccinelli, dijo confiar en que la acción del gobierno eventualmente prevalecerá.
“Un poder judicial objetivo verá que esta regla se encuentra directamente dentro de la ley existente de larga data”, dijo en su cuenta de la red social Twitter en referencia a la nueva norma de carga pública.
“La ley federal de larga data requiere que los extranjeros confíen en sus propias capacidades y los recursos de sus familias, patrocinadores y organizaciones privadas en sus comunidades para tener éxito”, agregó.
En un segundo tuit, dijo: “La regulación de carga pública define esta ley para garantizar que aquellos que buscan venir o quedarse en los Estados Unidos puedan mantenerse financieramente con éxito y no dependerán de los beneficios públicos mientras buscan oportunidades aquí”.
(2/2) The Public charge regulation defines this law to ensure those seeking to come or stay in the US can successfully support themselves financially and will not rely on public benefits as they seek opportunity here.
— USCIS Acting Director Ken Cuccinelli (@USCISCuccinelli) October 11, 2019
En agosto, durante una entrevista a Univision Noticias, Cuccinelli defendió la nueva regla de carga pública y advirtió que los migrantes que vienen a Estados Unidos tienen que estar preparados para mantenerse por sí mismos sin la ayuda de beneficios públicos.
"La gente que viene a Estados Unidos debe tener la habilidad de mantenerse, de ser autosuficientes, de superarse con sus propios esfuerzos. Es una historia de muchas familias estadounidenses y tiene que seguir siendo así", afirmó.
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"En Estados Unidos no damos nada, ofrecemos una oportunidad y eso está en la declaración de Independencia que protege la libertad y la búsqueda de la felicidad, no lo garantizamos, es la libertad de buscarlo", añadió.
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Silvia Gómez, de 25 años, sentada junto a su hija de 9 años en el autobús en el que harán el primer trayecto hasta Tapachula. Se marcha porque su familia en Guatemala se lo pidió. Le dijeron que esperar hasta el 15 de enero de 2020 por su primera corte era un tiempo excesivo para andar con una niña en un albergue. Sus planes no están claros aún: cree que dejará a su hija en Guatemala y regresará a México cuando se aproxime su fecha de entrada a Estados Unidos para presentarse ante el juez de inmigración.
