Por qué el nuevo reglamento de asilo deja sin protección a migrantes cuyas vidas corren peligro
La nueva regla castigará faltas, incluso algunas que hayan sido desestimadas por la corte, aunque el migrante se haya visto forzado a hacerlo para salvar su vida.
Por:
Jorge Cancino.
A mediados de 2018, el gobierno admitió que entre el 5 de mayo y el 20 de junio de ese año había separado a 2,654 menores. Pero de acuerdo con informes posteriores emitidos por el Inspector General del Departamento de Seguir Nacional (IG-DHS), las separaciones comenzaron antes y el número de separaciones es mucho mayor que la cifra entregada a la justicia. Se habla de varios miles, un dato que ni siquiera el gobierno puede certificar.
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Un nuevo reglamento de asilo publicado en diciembre por el gobierno de Donald Trump y cuyo plazo para el comentario público venció el martes, dejaría sin protección a ciertos inmigrantes que huyen de sus países para salvar sus vidas y hayan cometido delitos o faltas, como entrar a Estados Unidos tras haber sido deportados con anterioridad.
“El proyecto de reglamento es demasiado amplio y excluirá de la elegibilidad de asilo a las personas que no son amenazas para la seguridad pública, y que tienen fundados temores de ser perseguidos en el extranjero”, advirtió la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) en un documento de 12 páginas enviado durante el período de comentarios.
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Tras la publicación de la norma, el gobierno concedió un plazo de 30 días para que el público opinara, conforme dicta la ley. AILA ha insistido en que ese período de tiempo “es inapropiadamente corto” y que en tan pocos días “no se abordarán todas las preocupaciones de los miembros de AILA (unos 15,000 a nivel nacional), sino que se centrarán en las repercusiones más problemáticas” del nuevo reglamento.
La entidad también advierte “mantendrá a las personas que han huido de la persecución y la tortura en un estado de limbo legal desprotegido, o peor aún, devolverlos a sus circunstancias potencialmente mortales”.
El reglamento propuesto por el gobierno añade siete barreras obligatorias adicionales que afectarán la elegibilidad de asilo de aquellos individuos “que cometen ciertos delitos en Estados Unidos”.
Ellos son:
Un delito grave bajo la ley federal o estatal;
Un delito menor relacionado con contrabando o brindar refugio a un extranjero;
Un delito de reingreso ilegal (re-entry, volver al país sin autorización después de ser deportado);
Un delito federal, estatal, tribal o local que involucra actividad criminal de pandillas callejeras;
Ciertos delitos federales, estatales, tribales o locales relacionados con manejar un vehículo motorizado bajo la influencia (manejar borracho o drogado);
Un delito de violencia doméstica federal, estatal, tribal o local, o que un juez determina que ha cometido actos de agresión o crueldad extrema en un contexto doméstico, incluso si no se produjo una condena; y
Ciertos delitos menores bajo la ley federal o estatal por delitos relacionados con la identificación falsa; el recibo ilegal de beneficios públicos de una entidad federal, estatal, tribal o local; o la posesión o tráfico de una sustancia controlada o parafernalia de sustancias controladas.
Los abogados, entre quienes hay profesores de derecho, investigadores y consejeros de empresas, además de representar a residentes, ciudadanos estadounidenses e inmigrantes, señalan que tomando en cuenta la experiencia acumulada, “y representando a los no ciudadanos que buscan asilo y otro tipo de ayuda humanitaria, nos oponemos firmemente a la reglamentación propuesta”.
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AILA también cuestionó que dentro de os 30 días para el comentario del público se registró un feriado “donde el gobierno estuvo cerrado durante tres días”, lo que “limitó la capacidad de las partes interesadas para evaluar y comentar completamente la regla”.
Los abogados también señalaron el nuevo reglamento “socava” el propósito de nuestro sistema de asilo promulgado por Estados Unidos en 1980 “para crear un marco legal consistente proporcionando un refugio seguro a las personas que huyen de la persecución”.
Dijeron además que “la Ley de Refugiados de 1980 (que norma la política de asilo) fue diseñada para cumplir con el Protocolo de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados, y estableció una amplia clase de refugiados a los que se podría otorgar asilo”.
“El sistema de asilo se estableció para garantizar que las personas no son enviadas de regreso a lugares donde podrían ser perseguidas”, precisaron.
En cuanto a la lista de nuevas barreras, AILA señala que “el reglamento propuesto penaliza a los solicitantes de asilo por acciones que son consecuencia directa de la persecución y la huida” del inmigrante que pide asilo.
“Incluye varias nuevas barreras para la elegibilidad a personas que han sido condenadas por crímenes que a menudo son un subproducto de escapar de la persecución y/o vivir en el país sin estatus utilizando documentos falsos o reingreso indocumentado”, añaden.
Indican además que “estas faltas relacionados con la inmigración no deberían bloquear a los solicitantes de asilo que tienen temores fundados de persecución y tortura en el extranjero para acceder a la protección” por parte del gobierno estadounidense.
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Poner en vigor estas nuevas reglas, advierten, “es castigar a las personas por hacer lo necesario para salvar sus propias vidas y las vidas de los miembros de sus familias”.
“Las personas que huyen del daño y la persecución no deben ser sometidas a un estándar tan duro”, puntualizan. “Bajo el actual sistema, los jueces de asilo tienen la autoridad de evaluar estos delitos relacionados con la inmigración cuando deciden si aprueban o no una petición de asilo. Pero según la ley actual, los crímenes no son barreras absolutas para recibir protección”, precisan.
AILA teme que el nuevo reglamento, de entrar en vigor, requiera que los jueces nieguen los casos de forma categórica “sin permitirles discreción para mirar las circunstancias que rodean un caso”, como por ejemplo si en la urgencia de huir para salvar la vida, la persona se vio forzada a entrar o permanecer indocumentada en Estados Unidos.
El gobierno no ha indicado cuando finalizará la revisión de los comentarios recibidos, cuándo publicará el reglamento final y cuándo entrará en vigor. Y si afectará los casos que ya están en proceso.
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Silvia Gómez, de 25 años, sentada junto a su hija de 9 años en el autobús en el que harán el primer trayecto hasta Tapachula. Se marcha porque su familia en Guatemala se lo pidió. Le dijeron que esperar hasta el 15 de enero de 2020 por su primera corte era un tiempo excesivo para andar con una niña en un albergue. Sus planes no están claros aún: cree que dejará a su hija en Guatemala y regresará a México cuando se aproxime su fecha de entrada a Estados Unidos para presentarse ante el juez de inmigración.
