Estados demandan la política migratoria de Biden para detener la entrada de "criminales"
Los fiscales generales de Texas y Missouri demandaron la política fronteriza y pidieron a un juez que restituya una polémica medida de Trump que devolvió a más de 65,000 extranjeros a México a esperar sus casos de asilo en tribunales estadounisdenses.
Por:
Jorge Cancino.
De 135 migrantes que transportan desde el Valle del Río Grande a El Paso, Texas, a más de 100 los expulsan a Juárez. El gobierno dice que deporta a la mayoría de familias, excepto a las que México no acepta. Más noticias aquí.
Video ¿Por qué a algunos migrantes que llegan al país por la frontera los envían a hoteles y a otros los deportan?
Los estados de Texas y Missouri demandaron la política migratoria de Joe Biden en la frontera sur con el propósito de reinstalar el Programa de Protección del Migrante (MPP), activado en 2019 bajo el amparo de la ‘tolerancia cero’ del gobierno de Donald Trump.
En la demanda, presentada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, y el fiscal general de Missouri, Eric Schmitt (ambos republicanos) ante la Corte de Distrito Norte de Texas, división de Amarillo, dicen que el retorno del polémico programa de asilo pondrá freno a la “crisis criminal y humanitaria en la frontera”.
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Desde que Biden asumió el control de la Casa Blanca, el 20 de enero, en la frontera se registra un récord de detenciones y deportaciones de inmigrantes que vienen en busca de asilo.
La explosión se produjo tras la reversión de varias políticas implantadas por el gobierno anterior, entre ellas el MPP, que entre enero de 2019 y finales de 2020 devolvió a México más de 65,000 personas a esperar la resolución de sus casos de asilo en cortes estadounidenses.
Los demandantes señalan en la causa que el MPP “restringe la capacidad de los extranjeros indocumentados para permanecer en Estados Unidos durante los procedimientos de inmigración, lo que reduce en gran medida la carga sobre las agencias estatales y federales encargadas de defender nuestra frontera”.
"El Presidente Biden podría remediar inmediatamente el influjo de delitos cruzando nuestra frontera al restablecer el programa”, agregan.
Trump decretó la puesta en vigor del MPP en diciembre de 2018 luego que México se rehusara a convertirse en tercer país seguro y colaborar con la política antiinmigrante del gobernante republicano.
Tras la toma de posesión, Biden canceló el MPP y anunció la implementación de una política de respeto a los derechos humanos de los inmigrantes y defender el debido proceso, sobre todo para las personas que vienen en busca de asilo. Pero advirtió que la frontera se encontraba cerrada debido a la pandemia del coronavirus.
El retiro del MPP y otras medidas tomadas por Trump recobraron la vigencia del Acuerdo Judicial Flores de 1997 y la Ley TVPRA de 2008, que norma el proceso de asilo.
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Ambas regulaciones prohíben la detención de menores en cárceles federales y la deportación inmediata de menores de edad, y exigen que sea un juez de inmigración quien resuelva sus futuros en Estados Unidos.
Pero la falta de espacios adecuados para procesar al alto número de Menores No Acompañados (UAC) detenidos en la frontera, que el gobierno atribuye a la desatención del gobierno anterior, y los 1.3 millones de casos atascados en la Corte de Inmigración, vulnera la política migratoria de Biden, quien insiste en que está tomando medidas para revertir la crisis.
A su vez, la Casa Blanca ha reiterado que la frontera permanece cerrada, que los adultos solteros y unidades familiares están siendo expulsados inmediatamente bajo el Título 42 del Código de Estados Unidos (activado el año pasado por Trump a causa de la pandemia) y que solo se están procesando casos de UAC y unidades familiares que México rechaza.
“Los criminales peligrosos se están aprovechando de las lagunas en las fuerzas del orden y está resultando en la trata de personas, el contrabando, una plétora de crímenes violentos y una carga masiva y sin precedentes en los programas estatales y federales para los que los contribuyentes deben pagar la factura", dijo Paxton.
Agregó que "no podemos permitir que esta ilegalidad destruya nuestras comunidades por más tiempo. El presidente Biden debe actuar".
Sin embargo, el fiscal general de Texas no aportó evidencias respecto al número de criminales que hayan ingresado al país ni tampoco el tipo de crímenes cometidos.
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El uso del término criminal para referirse a los inmigrantes indocumentados es similar al discurso blandido por Trump durante su presidencia. La definición fue justificada con la forma de un decreto ley el 25 de enero de 2017 sobre las jurisdicciones santuario, donde el exmandatario estableció que la presencia indocumentada constituía una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos, un acto que hasta ese entonces constituía una falta de carácter civil.
Trump, además estableció nuevas prioridades de deportación colocando a los 11 millones de indocumentados en la mira de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), agencia que encabezó la fuerza nacional de deportaciones creada por el exmandatario.
Los demandantes alegan además que Biden violó la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) al eliminar el MPP, y tildan la decisión del mandatario como una “acción arbitraria y caprichosa”.
