Universidades, exsecretarios de Estado, jefes de inteligencia y diplomáticos se unen en apoyo a DACA
El programa fue reactivado por decisión de los tribunales de justicia en enero de 2018. La cancelación respondió a una promesa de campaña del presidente Donald Trump dentro de la política migratoria de ‘tolerancia cero’.
Por:
Jorge Cancino.
Más de 140 empresas y asociaciones comerciales, entre ellas Amazon y Facebook, se unieron para presentar un documento de apoyo legal al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que ampara de la deportación a unos 700,000 jóvenes que entraron al país siendo niños.
Video Crece el respaldo a los dreamers cuando se acerca la batalla final en la Corte Suprema
Dos de las principales universidades estadounidenses junto a exsecretarios de Estado, exjefes de inteligencia y diplomáticos, entre otros, se sumaron en las últimas horas a la lista de “amigos de la corte” (amicus curiae) para defender la Acción Diferida de 2012 (DACA) y pedirle a la Corte Suprema que no cancele el programa.
La decisión original de eliminar DACA, el 5 de septiembre de 2017, “no incluyó una política basada en fundamentos sobre prioridades de aplicación de inmigración o política exterior y objetivos de seguridad nacional”, se lee en el documento presentado ante el máximo tribunal de justicia el viernes de la semana pasada.
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DACA fue activado el 15 de agosto de 2012 y protege de la deportación a unos 700,000 jóvenes que entraron a Estados Unidos antes de cumplir los 16 años y se les conoce como dreamers (soñadores).
Entre los firmantes se encuentran las universidades de Harvard y Yale, Madeleine Albright y John Kerry (exsecretarios de Estado), John Brennan (exdirector de la CIA), Cecilia Muñoz (exdirectora de política nacional de la Casa Blanca, Leon Panetta (exsecretario de Defensa), Susan Rice (exembajadora de EEUU ante la (ONU), Arturo Valenzuela (exasistente del secretario de Estado), y Roberta Jacobson (exembajadora de EEUU en México).
La cancelación de DACA respondió a una promesa de campaña del presidente Donald Trump dentro de la política migratoria de ‘tolerancia cero’.
El programa fue restablecido en enero de 2018 tras el fallo de una corte federal de San Francisco. Otros tres dictámenes validaron la permanencia del beneficio, que además de suspender temporalmente las deportaciones, concede una autorización de empleo renovable cada dos años.
Los ‘amigos de la corte’ argumentan que no existen evidencias que justifiquen las causas esgrimidas por el gobierno para cancelar DACA. Y que los reclamos del gobierno para retirar el beneficio tampoco tienen justificación ni respaldo.
Señalan además que la eliminación del programa “dañaría la seguridad nacional y los intereses de la política exterior de Estados Unidos”, por lo que el tribunal debería dejar sin efecto la cancelación decretada por el gobierno.
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El documento indica además que los dreamers beneficiarios de DACA en ningún momento representaron una amenaza para la seguridad nacional y alega que la mayoría los soñadores fueron traídos por sus padres cuando estos eran niños y nunca tuvieron la intención de ingresar ilegalmente al país.
El próximo 12 de noviembre la Corte Suprema celebrará una audiencia donde los abogados del gobierno, que buscan la cancelación del programa, expondrán sus argumentos al mismo tiempo que los abogados de las organizaciones que defienden el programa.
Al detallar los perjuicios que causaría la cancelación de DACA, los empleadores mencionan el daño que esta decisión causaría a las empresas estadounidenses y al país, y señalan que “los dreamers son trabajadores valiosos, dueños de negocios y consumidores que ayudan a hacer crecer la economía al ocupar empleos que, de otro modo, permanecerían vacantes debido a la insuficiente oferta de trabajadores estadounidenses.
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2010 | Un grupo de jóvenes indocumentados de Massachusetts y Nueva York protestaban en julio de 2010 ante la Casa Blanca para que el Dream Act se aprobara. Era el nombre que recibió un proyecto de ley presentado en 2001 pero estancado en el Senado para legalizar a aquellos que no habían cumplido 16 años y llevaban cinco consecutivos en el país. Nunca se aprobó.
