Uno de cada seis inmigrantes detenidos es enjuiciado por circuito cerrado de televisión

Abogados advierten que los juicios televisados, programa activado en mayo del año pasado, deja pocos chances a los inmigrantes detenidos de ganar sus casos de asilo y los pone en mayor peligro de deportación.

Jorge Cancino
Por:
Jorge Cancino.
A mediados de 2018, el gobierno admitió que entre el 5 de mayo y el 20 de junio de ese año había separado a 2,654 menores. Pero de acuerdo con informes posteriores emitidos por el Inspector General del Departamento de Seguir Nacional (IG-DHS), las separaciones comenzaron antes y el número de separaciones es mucho mayor que la cifra entregada a la justicia. Se habla de varios miles, un dato que ni siquiera el gobierno puede certificar.
Video El drama de las separaciones familiares de Trump contado a través de las cartas de los niños

Abogados temen que los juicios de inmigrantes por circuito cerrado de televisión aumenten y advierten que este sistema, acelerado bajo el gobierno de Donald Trump, deje a los solicitantes de asilo o de cualquier otro beneficio y se encuentren privados de libertad, con menos oportunidades de ganar sus casos y ser deportados de manera acelerada de Estados Unidos.

Un informe del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse reveló esta semana que durante el primer trimestre del año fiscal 2020 (octubre a diciembre de 2019), “una de cada seis (17%) de las 57,182 audiencias finales en los tribunales de inmigración que concluyeron el caso de un inmigrante, se llevo a cabo por circuito cerrado de televisión”.

PUBLICIDAD

El informe agrega que los registros de la corte “indican que las audiencias en video eran mucho más probables si el inmigrante fue detenido” y que tres de cada cuatro (77%) de las audiencias calendarizadas, los jueces llegaron a una decisión por este sistema.

Juicios “incómodos”

Para algunos abogados, el incremento de los juicios televisados, una manera de acelerar los procesos y descongestionar los tribunales, que a finales de diciembre tenían acumulados casi 1,100,000 expedientes, se trata de una política que deja pocos “chances” a los migrantes de ganar sus reclamos.

“Muchos inconvenientes, muy incómodos y difícil para el inmigrante que está detenido y es procesado a través de una cámara”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California.

“Yo tengo casos donde los juicios se hacen por circuito cerrado. El problema es que bajo este sistema la humanidad no se traslada por la tele, tampoco las emociones, ni del inmigrante, ni la del juez, ni la de los fiscales y tampoco la del abogado”, añade.

“En todo caso de asilo las emociones, la tristeza, el miedo empujan a un juez para determinar que un inmigrante está diciendo la verdad. ¿Cómo entonces deciden si no están viendo a través de un monitor?”, se pregunta.

Gálvez dice que este sistema está convirtiendo los juicios en “algo imposible de ganar”, y que en la medida que aumente este sistema de procesamiento judicial “los inmigrantes verán un aumento en el número de casos perdidos”.

Proceso limitado

Para el abogado de inmigración Ezequiel Hernández, quien ejerce en Phoenix, Arizona, y colabora frecuentemente con la redacción de Univision Noticias, “los juicios televisados también afectan las audiencias de fianza”.

PUBLICIDAD

“Este sistema de circuito cerrado de televisión quita mucho al debido proceso. Si el abogado, por ejemplo, tiene nueva evidencia que presentar, no lo puede hacer. Pero si el gobierno la tiene, los fiscales que están al lado del juez si pueden”, denunció.

Hernández explicó que, durante el juicio, el inmigrante es llevado a una sala especialmente habilitada en el centro de detención donde se encuentra. Frente a él hay una cámara y un monitor, por donde se ve al juez “i rara vez a los fiscales”.

“El problema es que los jueces pierden la habilidad de sentir al cliente, apreciar los argumentos del abogado. Hay mas riesgo de perder un caso por circuito cerrado de TV que en vivo. No existe la conexión humana en este sistema de juicios empujado por el gobierno”, indicó.

Entrevistas de miedo creíble

El TRAC reporta que el sistema televisado también se utilizó en las entrevistas de ‘miedo creíble, donde el 44% se llego a una decisión final.

En cuanto a las fianzas, el 34 por ciento (una de cada tres) se llevaron a cabo bajo este programa, implementado por el Departamento de Justicia el 1 de mayo del año pasado.

James R. McHenry, director de la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), dijo en esa oportunidad que el propósito de este sistema es descongestionar las cortes de inmigración, que a finales de marzo del año pasado ya acumulaban más de 850,000 expedientes “y en algunos casos las audiencias están programadas para dentro de dos o tres años”.

Los abogados consultados por Univision Noticias indicaron que el plan de McHenry, en vez de estar enfocado en preservar el debido proceso y garantizar el cumplimiento del debido proceso para que los inmigrantes reciban justicia y no un aumento en las órdenes de deportación.

Récord de juicios

El TRAC precisó además que el Centro de Procesamiento de Servicios de Houston encabezó la lista con el mayor número de juicios por circuito cerrado de TV durante el primer trimestre del año fiscal 2020.

PUBLICIDAD

“Prácticamente todas sus 818 audiencias fueron por video”, agregó. “La segunda mayor cantidad de audiencias se realizó en el Centro de Detención del Condado de Polk, en Texas. La tercera mayor cantidad registrada de audiencias en video se realizó con inmigrantes detenidos en el Tribunal de Chicago”, indicó.

En cuanto a las ubicaciones de audiencia bajo el programa Protocolo de Protección del Migrante (MPP), que entre enero y diciembre ha regresado a México a cerca de 60,000 solicitantes de asilo en Estados Unidos, el reporte señala que este tipo de proceso no se encuentra en los primeros lugares de la lista de mayor número de juicios celebrados por circuito cerrado de TV.

Además de la implantación de juicios televisados, el gobierno de Trump impuso una cuota de 700 casos al año para cada juez bajo la advertencia de que, si no cumplen la cuota, serán evaluados de manera negativa.

“Esta asombrosa medida la hemos definido como una ‘sentencia de muerte de la independencia judicial’ y significa que los jueces se verán obligados a apresurarse en estos casos, a menudo, de vida o muerte”, advirtió en octubre de 2018 la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).

<b>Silvia Gómez, de 25 años, sentada junto a su hija de 9 años</b> en el autobús en el que harán el primer trayecto hasta Tapachula. Se marcha porque su familia en Guatemala se lo pidió. Le dijeron que esperar hasta el 15 de enero de 2020 por su primera corte era un tiempo excesivo para andar con una niña en un albergue. Sus planes no están claros aún: cree que dejará a su hija en Guatemala y regresará a México cuando se aproxime su fecha de entrada a Estados Unidos para presentarse ante el juez de inmigración.
Un grupo de migrantes bajo el programa de 'Retorno a México' 
<b><a href="https://www.univision.com/noticias/inmigracion/en-buses-o-en-vuelos-pagados-por-trump-la-angustia-lleva-a-los-centroamericanos-que-esperan-en-mexico-a-devolverse-a-sus-paises">espera para subirse al autobús que les llevará de regreso a su país</a></b>, Guatemala. Un número creciente de centroamericanos están regresando a sus lugares de origen exhaustos por las largas esperas en México como consecuencia de este plan implementado por la administración Trump desde enero. Para sus primeras cortes, 
<b>los últimos que retornaron a Tijuana contaron que tienen que quedarse en México entre seis y nueve meses más.</b>
Una migrante muestra los documentos de la política Protocolo de Protección de Migrantes recibidos de manos de las autoridades estadounidenses antes de ser devuelta a Tijuana. Más de 20,000 migrantes ya forman parte de este programa, por el cual tienen que 
<b>esperar el resto de su proceso migratorio en ciudades fronterizas en las que corren riesgos de seguridad,</b> como Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Matamoros. 
<br> 
<br>
Personal de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) brinda información a una migrante sobre el programa de Retorno Voluntario Asistido en el albergue Ágape en Tijuana, México. 
<b>La OIM está proporcionando billetes de avión pagados con fondos del gobierno de Estados Unidos </b>a los migrantes que quieran regresarse a Honduras, El Salvador y Guatemala. Un funcionario de la OIM explicó a Univision Noticias que, aunque son muchos los que sí se regresan, al menos 50% de los que se anotan en las listas pueden cambiar de opinión en el lapso de una semana.
Iván Vargas, coordinador de la línea de autobuses privada Transporte Turístico Ejecutivo, revisa la lista de pasajeros de una unidad que tiene como destino Tapachula, Chiapas. La imagen fue tomada a las afueras del albergue Ágape en Tijuana, México.
Diana Cruz, de 16 años, dice adiós a sus amigos del albergue Ágape antes de subirse al autobús que llevará a su familia de Tijuana a Tapachula. Esta familia decidió emprender el viaje de regreso a su país de origen, Guatemala, después de ver que el proceso de petición de asilo estaba muy demorado y les obligaba a esperar en México. La hermana pequeña, Atziry, de 7 años, empezó a decirle a la mamá que echaba de menos a su abuela y quería regresarse y 
<b>la madre tomó la decisión de volver para no someter a sus niñas a más sufrimiento.</b>
La frontera entre México y Estados Unidos en El Chaparral, el cruce fronterizo en Tijuana. Decenas de inmigrantes llegan a este punto cada mañana para esperar su turno para entrar y ser entrevistados por la Patrulla Fronteriza. La espera promedio para que llamen un número ahora está en al menos cuatro meses. La mayoría de los migrantes son retornados a México con una fecha para su primera corte con un juez de inmigración. Pero, al final, el caso puede tomarles hasta un año, entre otras cosas, porque sin un abogado el juez los devuelve a México —o a los centros de detención si tienen la suerte de ser admitidos en Estados Unidos— hasta que vuelvan con alguien que los represente.
<br> 
<br>
Una adolescente guatemalteca que prefirió no ser identificada sale del albergue Embajadores de Jesús, antes de subirse a un autobús cuyo destino es Tapachula. Se regresa porque teme que en su corte el juez de inmigración la devuelva a la hielera de la Patrulla Fronteriza y tenga que vivir de nuevo el frío que caracteriza a estos lugares, la mala alimentaci´on y los maltratos de funcionarios que les reiteran que no son bienvenidos en Estados Unidos, según denuncia.
El pastor Gustavo Banda, encargado del albergue Embajadores de Jesús, en el patio trasero de su casa donde organizan cada día donaciones que reciben para los migrantes. "Les están dando una esperanza muy pequeña para que se queden", dice Banda. "Los quieren desanimar porque su cita es hasta enero del año próximo", agrega. Él cree además que la falta de permisos de trabajo y la poca asistencia que les da el gobierno mexicano para regularizarse es lo que los desalienta a esperar hasta su primera fecha de corte.
<br>
Francisco, de 34 años, quiere regresar a su país por su hijo Andy Javier, de 9 años. “Está sufriendo, mejor le regreso para Guatemala”, explica minutos antes de que parta el autobús del albergue Ágape en Tijuana.
Dos hermanos guatemaltecos de 6 años y 8 años juegan antes de subirse al autobús que les llevará de Tijuana a Tapachula rumbo a Guatemala.
<b>Ileidy Díaz, de Guatemala, es la madre de esos niños.</b> Ella explica que su plan era que su esposo en Estados Unidos los pidiera, entre otras cosas porque ella y su hijo están enfermos: ella quería recibir tratamiento para su vitiligo y esperaba que su hijo pudiera ser tratado por una enfermedad en sus ojos. Por ahora, nada de eso ocurrirá. Díaz asegura que ya no quiere que sus hijos sufran más mientras esperan hasta el 14 de enero, cuando le tocará su fecha de corte. Cuenta que en la hielera les maltrataron, que a ella los funcionarios de la Patrulla Fronteriza la obligaron a la fuerza a firmar su regreso a México mientras sus hijos lloraban. "El miedo que eso me generó me hace devolverme a mi país", dice.
José Mario Sarmiento, de Honduras, en un autobús que viaja de Tijuana a Tapachula rumbo a Guatemala. “La vi muy difícil,” dice José Mario sobre la razón por la que ha decidido regresarse a su país. Llegó a Tijuana hace mes y medio. Quería cruzar ilegalmente ya que tiene una deportación previa, pero le dio mucho miedo la situación en la frontera y la posibilidad de ser arrestado y tener que pasar mucho tiempo en la cárcel.
Bolsas de basura cargadas de pertenencias de migrantes que se regresan a sus países de origen en un autobús privado con trayecto Tijuana-Tapachula.
<b>José María García, conocido como 'Chema', </b>encargado del albergue para migrantes Juventud 2000, parado frente a la casa ubicada en la zona norte de Tijuana, México, una de las áreas más inseguras de la ciudad. Según él, una parte de los centroamericanos que llegan al recinto deciden cruzar de forma ilegal a Estados Unidos "ya que ven que las posibilidades son cada vez más cerradas para poderse quedar o recibir el asilo", cuenta. Lo hacen, explica "porque cada vez ven más lejano (el fin de sus procesos) o cada vez ven menos las posibilidades de quedarse en los Estados Unidos". En sus estimaciones, 30% de los que llegan a su albergue se marchan o a su país o a la frontera para cruzar sin ser vistos.
1 / 15
Silvia Gómez, de 25 años, sentada junto a su hija de 9 años en el autobús en el que harán el primer trayecto hasta Tapachula. Se marcha porque su familia en Guatemala se lo pidió. Le dijeron que esperar hasta el 15 de enero de 2020 por su primera corte era un tiempo excesivo para andar con una niña en un albergue. Sus planes no están claros aún: cree que dejará a su hija en Guatemala y regresará a México cuando se aproxime su fecha de entrada a Estados Unidos para presentarse ante el juez de inmigración.
Imagen Almudena Toral/Univision
En alianza con
civicScienceLogo