Éxito para el gobierno y tragedia para activistas: cumple un año el programa que ha devuelto a México a 60,000 migrantes
Tras un año de vigencia y con la excepción de menores no acompañados y mexicanos, el resto de migrantes que llegan buscando asilo son procesados esperando en México la resolución de sus casos en las cortes de inmigración estadounidenses. Activistas proinmigrantes piden su cancelación.
Por:
Jorge Cancino.
La iniciativa cumple su primer año y, según el Instituto Nacional de Migración de México, en el 2019 miles de personas fueron devueltas al país para que allí esperen el desarrollo de sus procesos que llegan a tardar hasta seis meses. Activistas piden que el programa sea eliminado porque las largas esperas generan impaciencia y problemas de salud entre quienes han aplicado.
Video EEUU ha devuelto a México a 62,000 solicitantes de asilo en Protocolo de Protección Migratoria
Esta semana se cumplió un año del llamado Protocolo de Protección del Migrante (MPP) del gobierno de EEUU que ha regresado a México a unos 60,000 migrantes, quienes después de solicitar asilo en la frontera, deben esperar en ese país durante meses la resolución de sus casos.
El MPP fue activado por la Casa Blanca luego que México se negara a convertirse en tercer país seguro. El gobierno de Washington pretendía que su vecino del sur concediera asilo a la totalidad de los migrantes que cruzan su territorio y se dirigen a la frontera sur de Estados Unidos.
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Al no conseguir su propósito, impuso una nueva regla que cambió parte de la política de asilo vigente desde 1980: con excepción de Menores No Acompañados (UAC) y mexicanos, el resto de migrantes que llegan buscando asilo serán procesados de igual forma, pero deberán esperar en México la resolución de sus casos en las cortes de inmigración estadounidenses.
A mediados de noviembre, cuando el MPP llevaba activo 10 meses y poco más de 50,000 retornados a México, el comisionado en funciones de la Oficina de Protección y Aduanas (CBP), Mark Morgan, dijo a periodistas en la Casa Blanca que el MPP “cambió absolutamente el juego” en la frontera, y que el programa no solo bajó el número de detenidos en los centros de detención federales, sino que disminuyó la llegada de migrantes a la frontera.
El gobierno sostiene además que la crisis en la frontera es producto de la llegada de extranjeros ilegales que se han aprovechado de “lagunas” o “vacíos legales” que no han sido corregidos por el Congreso, y que la mayoría de los migrantes que buscan asilo no tienen motivos de acuerdo con la ley vigente.
Entre los vacíos mencionados por la Casa Blanca se incluyen el Acuerdo Judicial Flores de 1997, que impide la privación de libertad de menores de edad en centros o cárceles federales, y la Ley TVPRA sobre prevención de tráfico humano, que impide la deportación acelerada de menores y exige que sea un juez de inmigración quien resuelva sus futuros en Estados Unidos.
El presidente alega que los migrantes, conociendo estos “vacíos” legales, han llegado en masa a la frontera y utilizan a menores como pasaporte para entrar a Estados Unidos y aprovecharse del programa de asilo, un recurso legal disponible.
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El aprovechamiento mencionado por el presidente también se basa en que las cortes de inmigración tienen acumulados casi 1.1 millones de casos para 460 jueces, y cada juez atiende en promedio 700 casos por año.
Siendo así, la totalidad de casos hasta el momento demorarían en promedio 3.4 años en ser resueltos, tiempo durante el cual quienes piden asilo deberían esperar en libertad la resolución de sus expedientes.
Los detractores del gobierno argumentan que Trump cambió la política de asilo modificando la interpretación de reglamentos y aumentando la discrecionalidad de los agentes federales que participan en el proceso de asilo, y con ello no permite que sean los jueces de inmigración quienes resuelvan los casos.
Las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes advierten que el MPP ha colocado a miles de niños y familias en “peligro constante” y exigen al gobierno de Trump que anule el programa y respete el debido proceso migratorio.
“Después de un año viviendo bajo esta política, el gobierno de Trump sigue poniendo a familias en peligro”, dice Paola Luisi, codirectora de la organización Families Belong Together. “La cantidad de violencia, tortura y abuso contra los que están viviendo en la calle con hogares improvisados sigue subiendo, mientras esperan su oportunidad para encontrar seguridad”, agrega.
Las ciudades mexicanas fronterizas donde permanecen los casi 60,000 migrantes regresados por Estados Unidos tras pedir asilo son consideradas como las más peligrosas del mundo, incluso por el Departamento de Estado.
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“Los estadounidenses no creemos en el maltrato de niños ni familias. Debemos ponerle un fin a esta política y demandar que las familias sean tratadas con humanidad y compasión”, señaló Luisi.
Para la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), el MPP “mantiene a miles de solicitantes de asilo fuera de la vista y de la mente” de los estadounidenses, y se trata de juna norma que “viola los derechos de los refugiados y elude sus obligaciones de protegerlos, una obligación que se comprometió a cumplir después del final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se reveló la mancha del Holocausto”.
"Entregar al peligro a estas personas abandona a los solicitantes de asilo que siguen un proceso legal en ciudades fronterizas inseguras y más allá, lugares no equipados para proporcionar comida, refugio, información o representación legal”, agrega la organización. “Y mientras esperan pueden ser víctimas de criminales que los roban, violan e incluso los asesinan”, agregó.
"Cuando ellos solicitan asilo, siguen un proceso legal. Al imponer esta política, Estados Unidos rompe con sus obligaciones internacionales de proteger a los refugiados y, en cambio, pone en peligro a miles y miles, incluidas mujeres, familias y niños”, dijo Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA.
Un año desde de que Estados Unidos implementó su política MPP, “decenas de miles de solicitantes de asilo están atrapados en el peligro en México, enfrentando violencia diaria y lidiando con el costo de la salud mental de riesgo e incertidumbre constantes”, dijo la organización internacional Médicos Sin Frontera (MSF).
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"Estados Unidos continúa enviando a los solicitantes de asilo de vuelta al peligro y en manos de los carteles que controlan las rutas de migración en México", señaló Sergio Martin, coordinador general de MSF en México. “A pocos pasos de la frontera de Estados Unidos, en Matamoros, hay miles de solicitantes de asilo que ahora viven en campamentos improvisados con acceso limitado a refugio o atención médica básica”, agregó.
El dirigente dijo además que “en Nuevo Laredo tenemos pacientes que no pisarán los refugios porque saben que están destinados a ser secuestrados, retenidos por rescate o asesinados".
La organización humanitaria indicó además que “aproximadamente 60,000 personas han sido devueltas a México bajo el MPP”, y que a lo largo de la ruta de migración en México y en ubicaciones fronterizas en Nuevo Laredo, Matamoros, Mexicali y Reynosa, ha sido “testigo de las devastadoras consecuencias humanitarias del programa y las nuevas reglas que esencialmente han terminado con el asilo en la frontera sur de Estados Unidos”.
“Aproximadamente el 80 por ciento de los migrantes tratados por equipos de MSF en Nuevo Laredo durante los primeros nueve meses de 2019, informaron haber sufrido al menos un incidente violento. Otro 43.7 por ciento de los pacientes dijeron haber sido víctimas de violencia durante los siete días previos a la consulta”, denunció la organización.
Pero no solo la falta de seguridad preocupa a las organizaciones. “El hecho de que estas personas no puedan conseguir un abogado para que los represente y tengan mejores chances de ganar sus casos de asilo es uno de los problemas más serios causados por el MPP”, dice Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California, en San Diego.
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“Los migrantes que pidieron asilo en la frontera y fueron enviados a México se están representando solos: Ellos no saben cómo hacerlo y a la mayoría de quienes llegan sin abogado a las cortes, pierden sus casos”, agregó.
Velásquez dijo además que “todo indica que el programa “está diseñado para eso, para negarles sus casos de asilo y no dejarlos entrar”.
En resumen, precisó, el programa “carece de recursos, no incluyó el acceso a representación legal para las personas que huyeron de sus países y llegaron a la frontera en busca de asilo. Y los abogados en Estados Unidos también tienen muchas dificultades para llegar a ellos y poder representarlos. Es una tragedia”, puntualizó.
Para Bárbara Hines, exprofesora de la clínica legal de la facultad de leyes de la Universidad de Texas, en Austin, el MPP fue elaborado “para realmente obstaculizar, hacer lo imposible para que una persona pueda ganar su caso de asilo”.
La abogada de inmigración, con amplia experiencia en casos en la frontera con México, la mayor dificultad es “el lugar donde deben esperar a que los llamen. Estamos hablando de las ciudades más peligrosas del mundo”, dijo.
Luego detalló una lista de dificultades adicionales:
Es muy difícil para ellos acceder a asistencia legal;
Los abogados de Estados Unidos tienen miedo a cruzar al lado mexicano para ayudarlos;
Si uno tiene suerte de hallar abogado, hay que preparar todo el caso por WhatsApp o mensaje de texto. Es muy difícil hacerlo de esta forma, complicado;
Preparar casos de esta manera no es suficiente para presentar un caso ante la corte de inmigración;
La jurisprudencia es muy restrictiva debido a las órdenes emitidas por los fiscales generales, primero Jeff Sessions y luego Willi8am Barr, quienes por ejemplo anularon la violencia doméstica o de pandillas como causa de asilo;
Las organizaciones en Estados Unidos no están preparadas para asesorar en México.
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“No quiero decir con esto que sea mejor tener encarceladas a las personas en Estados Unidos”, aclaró Hines. “Hay programas por todo Estados Unidos, pero estos fueron diseñados para funcionar aquí adentro”, precisó.
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Silvia Gómez, de 25 años, sentada junto a su hija de 9 años en el autobús en el que harán el primer trayecto hasta Tapachula. Se marcha porque su familia en Guatemala se lo pidió. Le dijeron que esperar hasta el 15 de enero de 2020 por su primera corte era un tiempo excesivo para andar con una niña en un albergue. Sus planes no están claros aún: cree que dejará a su hija en Guatemala y regresará a México cuando se aproxime su fecha de entrada a Estados Unidos para presentarse ante el juez de inmigración.
