El cartel de los coyotes: la fusión criminal por un negocio de $13,000 millones en la frontera

Los coyotes pasaron de pagar “impuestos” a los narcos, a trabajar para ellos. “Poderosos carteles de la droga organizados están tomando el control del tráfico de personas en algunas regiones”, advierte un informe del Departamento de Seguridad Nacional.

Foto Isaias Alvarado
Por:
Isaías Alvarado.
El Departamento de Seguridad Nacional reveló lo lucrativo que se ha convertido para los cárteles traficar personas en la frontera con EEUU. Antes lo 'coyotes' debían pagarles un impuesto a los cárteles para que les permitieran mover a los migrantes, pero en los últimos años los grupos del crimen organizado se pusieron al frente de este negocio ilícito que les deja ganancias anuales de más de 13,000 millones de dólares. Lee más de esta noticia en Univision.
Video Cárteles ganan más de $13,000 millones al año traficando migrantes en la frontera, aseguran las autoridades

Solo por un camino de tierra se puede ingresar al rancho de 160 acres del cubano Gilberto Morales. La propiedad termina a uno pasos del Río Grande, la línea natural que separa a Texas y Chihuahua. Esa ubicación estratégica llamó la atención de un cartel mexicano, que reclutó al dueño para que recibiera droga y migrantes en las narices de la Patrulla Fronteriza.

Por la puerta trasera de la finca entraban personas que llevaban narcóticos y guiaban indocumentados, después de caminar por un río que suele estar seco y brincar la valla fronteriza oxidada. Cada semana le dejaban una tonelada y media de marihuana, de acuerdo con la acusación.

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Fue un sistema que le funcionó al cartel durante varios meses, hasta que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comenzó a vigilar la propiedad en noviembre de 2019. Casi un año después, agentes federales realizaron un operativo en el lugar, donde encontraron a cuatro indocumentados escondidos y decomisaron 11 armas de fuego.

Ese mismo día fueron a una casa ligada al cartel en Clint, Texas, donde las autoridades incautaron casi media tonelada de marihuana en decenas de paquetes grandes, el método típico que usan las “mulas” para transportar la hierba a través de la frontera.

La investigación descubrió que Morales, de 58 años, se había convertido en el aliado perfecto de una organización de narcos que operaba al otro lado del muro, en el poblado El Porvenir, a 85 kilómetros (50 millas) al sureste de Ciudad Juárez. Documentos judiciales no identifican a los patrones de Morales, pero se sabe que esa región es disputada por los carteles de Sinaloa y de Juárez.

“Durante más de un año, Gilberto Morales operó su propio corredor de contrabando a través de su rancho justo en el Río Grande, trabajando con un cartel mexicano en el contrabando de marihuana a granel e inmigrantes indocumentados”, dijo la fiscal Ashley C. Hoff en un comunicado.

Morales fue acusado de participar en una conspiración para mover al menos 22 toneladas de marihuana hacia Estados Unidos, de ser un traficante de personas y de portar un arma siendo un criminal convicto (estuvo preso más de cuatro años por distribuir cocaína). Fue arrestado y le negaron la fianza por temor de que huyera a México por la parte trasera de su rancho. Se declaró culpable en julio de 2021 y en marzo fue sentenciado a más de 38 años de prisión.

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El gobierno le quitó prácticamente todo: su rancho, casi 157,000 dólares que estaban en la finca, dos camiones, un remolque para caballos y armas. Además, deberá pagar una multa de 520,000 dólares.

“Están tomando el control”

El caso de Morales es solo un ejemplo de cómo los carteles se están apoderando del multimillonario tráfico de inmigrantes, cuando se registra un aumento en las detenciones en la frontera de adultos, familias y niños no acompañados. De cobrar “impuestos” a las bandas de coyotes, ahora los traficantes los ponen a trabajar para ellos o los expulsan de sus territorios para crear nuevas células.

“Poderosos carteles de la droga organizados están tomando el control del tráfico de personas en algunas regiones, cobrando tarifas por el uso de las rutas de contrabando y secuestrando y extorsionando, u obligando a los migrantes a convertirse en miembros”, advertía a principios de 2020 un equipo especial del DHS, cuya misión es desmantelar las redes de traficantes de personas.

“La violencia despiadada que han mostrado los cárteles se ha trasladado a sus actividades relacionadas con el tráfico de personas”, subrayó esa unidad del DHS. “En agosto de 2010, 72 migrantes fueron masacrados por presuntos miembros del cartel de los Zetas en México, luego de que supuestamente se resistieran a los intentos de extorsionarlos o reclutarlos como narcotraficantes”.

Un reporte de The New York Times concluye que en la última década el transporte de migrantes ha evolucionado “de una red dispersa de coyotes a un negocio internacional multimillonario controlado por el crimen organizado, incluidos algunos de los carteles de la droga más violentos de México”.

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En tanto, los arrestos en la frontera registran un repunte: del 1 de octubre de 2020 al pasado 18 de julio, la Patrulla Fronteriza detuvo a 1.6 millones de inmigrantes, tres veces más que en el mismo período del año fiscal 2020. Gran parte de esos arrestos ocurrieron en la frontera entre Texas y México, una extensa franja que disputan los carteles de Sinaloa, Juárez, Los Zetas, del Golfo y del Noreste.

Un negocio de $13,000 millones

Los Zetas fueron los primeros narcos que diversificaron sus actividades delictivas, por eso algunos coyotes enjuiciados en cortes estadounidenses han confesado que fueron sus aliados.

“Aunque los miembros de Los Zetas son parte de un prominente grupo criminal transnacional, su principal conjunto de habilidades no es el tráfico de drogas, sino la violencia organizada”, describe un reporte sobre el narcotráfico en México publicado en junio por el Servicio de Investigaciones del Congreso de EEUU.

“Evolucionaron para formar una organización con sus propias actividades ilícitas lucrativas, como el robo de combustible, la extorsión, el tráfico de personas, la piratería, el contrabando de armas y el secuestro. Se sabe que Los Zetas matan a quienes no pueden pagar las tarifas de extorsión o quienes se niegan a trabajar para ellos, a menudo atacando a los inmigrantes”, agrega el informe.

Las tarifas que cobran los coyotes pueden variar desde unos cientos de dólares hasta más de 10,000 dólares. Mientras que los inmigrantes de Asia pagan incluso más.

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Un informa de la organización RAND estima que esta actividad ilícita generó en 2017 hasta $2,300 millones solo guiando a indocumentados provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador. Mientras que el DHS señala que las ganancias generales son mucho más elevadas y cada vez son mayores, pues pasaron de $500 millones en 2018 a $13,000 millones el año pasado.

No es que los migrantes estén advertidos desde antes de emprender el viaje hacia el norte que en algún momento del recorrido estarán siguiendo las órdenes de un coyote ligado a un cartel. De hecho, a ellos les describen un panorama muy distinto en publicaciones de Facebook y en mensajes de WhatsApp, de acuerdo con un nuevo informe de Tech Transparency Project.

Les dicen en las redes sociales que el camino es “fácil”, que el gobierno de EEUU permite el ingreso de embarazadas, que la vigilancia en la frontera está relajada y que el cruce está “garantizado”. Esa es la conclusión a la que llega el reporte luego de entrevistar a cientos de migrantes.

"Parte de la información falsa publicada en línea sobre las condiciones ambientales pareció influir en la toma de decisiones de los encuestados sobre sus propios intentos de migración", cita el informe difundido este miércoles.

Migrantes detenidos en una casa de seguridad en Texas.
Migrantes detenidos en una casa de seguridad en Texas.
Imagen Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)

Droga y migrantes en la misma casa

“Mover seres humanos como carga genera miles de millones de dólares a las organizaciones criminales transnacionales de contrabando”, señala un análisis sobre lavado de dinero que el Departamento del Tesoro publicó en mayo.

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“Los carteles que mantienen el control sobre el territorio de contrabando de drogas se benefician de esta actividad ilegal al cobrarles a las organizaciones de tráfico de personas una tarifa o un impuesto para pasar por sus territorios”, agrega el reporte.

Un dato interesante es que los narcos que operan en Tamaulipas han evitado que se realice el cruce marítimo de inmigrantes por el Golfo de México. Pero en la costa del Pacífico es uno de los métodos que más usan los coyotes alineados al Cartel de Sinaloa y al de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Los altos márgenes de ganancia y el bajo riesgo de consecuencias han ayudado a convertir el tráfico de personas en una sofisticada empresa criminal global, enredada con otros delitos transnacionales como la trata de personas, la corrupción, el tráfico de drogas, el secuestro y el asesinato”, señala el DHS.

Los agentes que buscan escondites de los coyotes en EEUU han comenzado a detectar cómo los dos grandes negocios ilícitos en la frontera se han entrelazado: decenas de inmigrantes hacinados en casas de seguridad donde también almacenan grandes cantidades de droga.

Ocurrió en abril en un operativo en Laredo, Texas, donde detuvieron a más de 30 inmigrantes de México, Guatemala y Honduras. Al registrar la vivienda hallaron más de una tonelada de marihuana, valorada en 1.8 millones de dólares, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).


El gobierno informa que del 1 de abril al 22 de julio, las autoridades arrestaron a 3,533 personas conectadas a redes de contrabando de personas. Varios fueron detenidos en 262 operativos realizados en casas de seguridad, camiones de carga y contenedores movidos por trenes.

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El gobierno de Joe Biden lanzó una estrategia sin precedentes “para interrumpir y desmantelar” redes de traficantes de personas, un esfuerzo liderado por el DHS con un presupuesto de $50 millones y el esfuerzo conjunto de más de 1,300 funcionarios de distintas agencias en América Latina.

Estas acciones incluyen el lanzamiento de la llamada ‘Operación Sentinel’, que busca identificar a los coyotes para restringir sus viajes, movimientos financieros y actividades comerciales.

También se creó la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa (JTFA), que se enfoca en investigar y llegar ante la justicia a los grupos de traficantes de inmigrantes “más prolíficos y peligrosos que operan en México y el Triángulo Norte” de Centroamérica.

Uno de los logros de la unidad JTFA fue la investigación al cubano Gilberto Morales, el dueño del rancho en Texas, que concluyó con una sentencia a casi cuatro décadas de prisión. Además, desmanteló una banda de coyotes que operaba en Nogales, Sonora, un territorio del Cartel de Sinaloa.

Una investigación encabezada por la Patrulla Fronteriza (USBP), la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y el Sheriff del condado de Webb detectó una casa de seguridad de un grupo de traficantes de personas en Laredo, Texas, la tarde del 23 de noviembre de 2019.
En el interior de la vivienda estaban 43 inmigrantes originarios de México, Guatemala, Honduras y Ecuador. “Todos se encontraron en buen estado de salud y fueron arrestados en espera de la investigación”, indicó la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) en un comunicado.
Las deplorables condiciones de esta vivienda contrastan con el multimillonario negocio de los coyotes, que solo en 2017 pudo haber generado hasta $2,300 millones, según un informe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés).
Se cree que esta actividad ilícita no se ha visto afectada con las caravanas de migrantes que se presentan en la frontera para pedir asilo a Estados Unidos. Estos seis migrantes, por ejemplo, fueron descubiertos en otra casa de seguridad en Laredo, Texas, el 5 de agosto de 2019. Llegaron desde México, Guatemala y Honduras.
“Los traficantes de personas continúan utilizando hogares y negocios locales como punto de partida para los inmigrantes ilegales, causando molestias a los residentes de Laredo”, advierte la Patrulla Fronteriza. En esta guarida fueron hallados 38 indocumentado en mayo de 2018.
Las tarifas que deben pagar los migrantes ahora superan los $10,000. Sin embargo, ellos reciben un trato miserable por parte de los coyotes mientras son llevados a sus destinos, de acuerdo con las autoridades.
En estas condiciones vivieron temporalmente ocho guatemaltecos detenidos por la Patrulla Fronteriza y el Sheriff del condado de Webb en Central Laredo en julio de 2018.
A principios de febrero de 2017, las autoridades encontraron a 11 inmigrantes en una vivienda en la ciudad de Eagle Pass, cerca de la zona limítrofe con México. Se trataba de ocho mexicanos, una hondureña, y un hombre y una mujer salvadoreños.
“Las organizaciones criminales utilizan habitualmente sus casas secretas para colocar inmigrantes en condiciones a menudo infrahumanas. Por lo general, las personas deben esperar a que los transporten hacia el interior de Estados Unidos y pagar tarifas a los contrabandistas”, señala la Patrulla Fronteriza.
La Patrulla Fronteriza advierte que “no es raro que estos inmigrantes indocumentados sean retenidos durante semanas o más en estructuras pequeñas y estrechas sin ventilación adecuada, agua potable, ni condiciones saludables”.
Las autoridades también alertan que las personas que vigilan estas guaridas también se dedican al secuestro, robo, abuso físico y agresiones sexuales de los inmigrantes que reciben.
Los migrantes son transportados a estos lugares inmediatamente después de que cruzan ilegalmente la frontera de distintas maneras: caminando varios días por el desierto, ocultos en vehículos que pasan por garitas aduanales o nadando por el peligroso Río Grande.
Los crímenes que ocurren en estos sitios y durante el recorrido por la frontera generalmente no se reportan a las autoridades por miedo a la deportación o porque los migrantes desconfían en la policía en sus lugares de origen, según oficiales fronterizos entrevistados por Univision Noticias.
Estos 37 indocumentados estaban en una vivienda secreta detectada en el sur de Texas en mayo de 2016. La mayoría de ellos eran hombres jóvenes.
Este escondite fue encontrado en junio de 2018 en Laredo. Lo hallaron después que la Patrulla Fronteriza y el Sheriff de Webb recibieron información de que varios indocumentados estaban allí.
El operativo concluyó con la detención de 62 personas que cruzaron la frontera ilegalmente. Procedían de México, Guatemala, Honduras y El Salvador.
Al anunciar los arrestos, José Martínez, entonces subjefe de la Patrulla Fronteriza en el sector de Laredo, dijo que esta acción reflejaba el compromiso de las autoridades “para interrumpir la actividad ilícita, negar a las organizaciones criminales la capacidad de operar y proteger la vida humana”.
Una de las medidas para combatir el contrabando de migrantes es demoler sus escondites, como este ubicado en la ciudad de San Juan, en Texas.
La pequeña vivienda fue derrumbada usando maquinaria pesada y bajo el resguardo de oficiales de la Patrulla Fronteriza.
Un estudio publicado por Rand Corporation en abril contradice una añeja versión de funcionarios de EEUU: que los carteles están involucrados directamente en el tráfico de personas. Pero alerta que los migrantes les tienen que pagar al pasar por sus territorios, generando una ganancia de entre $30 y $180 millones al año.
El reporte de Rand Corporation recomendó a las autoridades estandarizar y ampliar el rango de preguntas que los oficiales fronterizos hacen a los migrantes para buscar información más consistente sobre los contrabandistas, rutas y pagos. Además de expandir sus esfuerzos para interrumpir los pagos que los coyotes reciben de los familiares de los migrantes en EEUU.
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Una investigación encabezada por la Patrulla Fronteriza (USBP), la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y el Sheriff del condado de Webb detectó una casa de seguridad de un grupo de traficantes de personas en Laredo, Texas, la tarde del 23 de noviembre de 2019.
Imagen Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP)
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