Los casos sobre los que decidirá la nueva Corte Suprema de la era Trump
Si el Senado lo confirma, al magistrado que sea elegido por el presidente le tocará opinar sobre los derechos de los transexuales, los mexicanos de la frontera, el veto de entrada de extranjeros o las emisiones contaminantes.
Por:
María Ramírez.
Activistas anti aborto rezan frente al edificio de la Corte Suprema de Justicia en Washington DC, tras la Marcha por la Vida.
Imagen ZACH GIBSON/AFP/Getty Images
Al día siguiente de las elecciones, la Unión Estadounidense de Derechos Civiles (ACLU, en sus siglas en inglés) anunció que si Donald Trump cumplía sus promesas de campaña “inconstitucionales”, los abogados de la organización verían al nuevo presidente de Estados Unidos en los tribunales.
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Should President-elect Donald Trump attempt to implement his unconstitutional campaign promises, we'll see him in court.
La primera batalla pública empezó el sábado por la noche en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, cuando la ACLU presentó una petición de urgencia contra el decreto que prohíbe la entrada de ciudadanos de siete nacionalidades en Estados Unidos y logró la suspensión parcial de su aplicación por la decisión de una jueza de Brooklyn.
Es el comienzo de uno de los casos que pueden acabar en la Corte Suprema de Justicia en años que se esperan plagados de batallas legales.
Unas horas después de tomar posesión, Trump ya tenía una denuncia contra él por la violación de una enmienda de la Constitución que prohíbe al presidente aceptar dinero o regalos de gobiernos extranjeros.
Los casos que afectan a la nueva Administración tienen que pasar primero por cortes locales y regionales, pero el proceso de apelación puede acabar en el Supremo porque se trata de asuntos que afectan a la aplicación de la Constitución.
Así sucederá con medidas que toquen la libertad de prensa o la libertad religiosa, recogidas en la primera enmienda de la Constitución.
Desde la muerte de Antonin Scalia hace ahora un año, el Supremo tiene sólo ocho miembros: cuatro han sido elegidos por presidentes republicanos y cuatro por presidentes demócratas.
Con el nombramiento de Trump, se volvería al equilibrio de cinco a cuatro de los últimos años, pero entre los conservadores, Anthony Kennedy, nombrado por Ronald Reagan, es el más centrista y vota a veces con los jueces más progresistas. Gracias a él, por ejemplo, se aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo en Estados Unidos. También ha votado en contra de restricciones del derecho al aborto.
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El equilibrio cambiaría si Trump nombrara algún magistrado más durante este mandato y el Senado lo aprobara. Los magistrados son nombrados de por vida, pero se pueden retirar. Los más mayores ahora son dos elegidos por presidentes demócratas, Ruth Bader Ginsburg, de 83 años, y Stephen Breyer, de 78, y su aliado centrista Kennedy, de 80.
La Corte Suprema ofrece uno de los principales límites del poder presidencial como intérprete último de la Constitución. Sus opiniones serán particularmente cruciales y pueden determinar lo que suceda o no en los próximos años.
Algunos casos más inmediatos ya están encima de la mesa y puede que el nuevo juez de Trump no llegue a participar en los debates mientras pasa el proceso de confirmación en el Senado. Otros casos tardarán un año o más en llegar hasta el alto tribunal.
Casos pendientes:
Los baños y los transgénero
Ha habido varios casos sobre este asunto en el país, pero el que ha llegado al Supremo es esta denuncia contra el Consejo de Educación de Virginia. La querella empezó con un estudiante de 17 años que nació mujer, pero se identifica como hombre y cuyo colegio le impidió entrar en el baño de los chicos.
La mayor polémica nacional empezó en Carolina del Norte por una nueva ley del Congreso estatal que obliga a los estudiantes a utilizar los servicios del género de su nacimiento. Once estados han empujado desde entonces normas similares para los baños o los vestuarios.
Una de las cuestiones de fondo que puede afectar a leyes más allá de la política escolar sobre los cuartos de baño y que tiene que examinar el Supremo es si los colegios receptores de fondos públicos “tratan a los estudiantes transgénero de manera coherente con su identidad de género”. Su decisión servirá de guía para las escuelas de todo el país y también para otras instituciones.
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La Iglesia y el Estado
Otro de los casos que ya ha admitido a trámite el Supremo es el de una iglesia luterana de Missouri que denunció al estado por no darle ayudas públicas para mejorar el suelo de un parque infantil dentro de sus servicios preescolares.
El estado de Missouri tiene una ley que prohíbe dar subvenciones a instituciones educativas afiliadas con religiones. La iglesia asegura que es parte del ejercicio de la primera enmienda.
El caso entra en el equilibrio entre la libertad de culto y la separación de Iglesia y Estado.
Uno de los miembros del jurado, un ex policía, dijo: “Creo que lo hizo porque es mexicano y los mexicanos toman lo quieren”. Peña Rodríguez denunció al estado de Colorado por discriminación y el Supremo del estado falló contra él.
Tras la apelación, el Supremo federal tiene que examinar ahora si las deliberaciones del jurado deben ser secretas o si están sujetas a control y si comentarios racistas pueden afectar a la validez de la condena.
El chico, Sergio Hernández, estaba en suelo mexicano y el agente en suelo estadounidense. El adolescente estaba jugando con un amigo a tocar el alambre de espino de la frontera. El agente aseguró que el chico le estaba tirando piedras, pero, tras una investigación, el Departamento de Justicia dijo que eran otros jóvenes (no Hernández) quienes lo hacían.
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Sus padres denunciaron al agente y en 2015 un tribunal menor dictó que el niño no tenía las garantías habituales por no estar en suelo estadounidense.
El Supremo determinará si los padres tienen derecho a querellarse contra la patrulla de fronteras y su decisión puede tener un alcance mayor sobre las acciones de otras agencias fuera de Estados Unidos. Incluso puede sentar jurisprudencia sobre los ataques con drones.
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El debate se centra en las casi 2,000 millas que separan la frontera de Estados Unidos y México. Pero hay un límite más al norte: los checkpoints de la Patrulla Fronteriza que sirven para detectar tráfico de personas, drogas y armas. Son
casi una segunda frontera. Este es el de Falfurrias, a unas 70 millas del Río Grande y por donde pasan unos 10,500 vehículos al día. Algunos activistas de la zona piden que se sitúe más al sur para reducir la mortalidad en los cruces clandestinos. Pero no está en los planes federales y hay una ampliación ya prevista para los próximos años.
Imagen Federica Narancio
Casos que acechan:
El veto de entrada de nacionales de siete países
El decreto del presidente Trump contra personas que tengan nacionalidad de siete países de mayoría musulmana ya está en los tribunales locales, con cuatro decisiones en contra en Nueva York, Boston, Virginia y Seattle para parar las deportaciones, en algunos casos de residentes con todos los papeles en Estados Unidos. Además, el fiscal general del estado de Washington ha presentado una denuncia más amplia contra el decreto. El fiscal, Bob Ferguson, asegura que hay varias partes de la orden presidencial que son inconstitucionales.
Las denuncias pueden llegar hasta el Supremo, que podría tener que examinar el caso considerando la violación de la primera enmienda que protege la libertad religiosa. El veto hace una excepción para la minoría cristiana de países de mayoría musulmana.
La enmienda contra las interferencias extranjeras
La primera querella contra Trump como presidente ha sido por la violación de la cláusula del primer artículo de la Constitución que prohíbe a los cargos públicos recibir cualquier regalo o remuneración de un Gobierno extranjero sin tener el consentimiento expreso del Congreso (“ emoluments clause”).
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Esta cláusula no se ha aplicado a ningún presidente hasta ahora. Pero Trump, que se ha negado a crear un “fondo ciego” para separarse de sus negocios, puede haberla violado con sus empresas en activo, con el alquiler de la Torre Trump, las reservas internacionales de sus hoteles o la gestión de transacciones relacionadas con gobiernos extranjeros.
Protección del medioambiente
El actual tribunal ya ha dictado contra medidas de protección medioambiental de la gobierno de Obama para cumplir con los últimos acuerdos de París en la lucha contra el cambio climático. En febrero del año pasado, el Supremo bloqueó la ley que obliga a los estados a presentar planes para reducir las emisiones contaminantes.
La suspensión era temporal y se dictó justo antes de que muriera Scalia. Este caso está ahora de nuevo en una corte menor, pero puede llegar de vuelta al Supremo.
Vea también: ¿Cuál será la novena cara que acompañará a los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia?
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Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Esta fotografía de junio de 2022 muestra a los nueve jueces actuales del Máximo Tribunal, con las más recientes adiciones de la administración Trump y la incorporación de Kentanji Brown Jackson en sustitución del juez Stephen Breyer bajo la presidencia de Biden.
