El "pánico" de beneficiarios de Medicaid y SNAP por la nueva ley fiscal de Trump

Quienes apoyan la ley de presupuestos que el Congreso envió al presidente Donald Trump para su firma este viernes afirman que los cambios a Medicaid, la ayuda alimentaria y otros programas fomentarán la responsabilidad personal y frenarán a quienes se aprovechan del sistema.

Los críticos del programa de restricciones impulsado por Trump afirman, sin embargo, que los nuevos requisitos arruinará la vida de muchos.

Y es que la norma cuya aprobación en el Congreso celebraron Trump y los republicanos como "una gran victoria", viene a añadir requisitos burocráticos y laborales para acceder a beneficios federales. Por ejemplo, para inscribirse y permanecer en Medicaid, muchas personas de entre 19 y 64 años deberán acreditar que trabajan, estudian o realizar al menos 80 horas de servicio comunitario al mes.

El requisito laboral de Medicaid se aplicaría a las personas en 40 estados que estén inscritas a través del acceso ampliado que los estados acordaron implementar desde 2014. Diez estados, incluidos Texas y Florida, no ampliaron el programa.

Y para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que ya exige que los adultos de 18 a 55 años tengan un empleo, trabajar sería obligatorio para muchos hasta que cumplan 65 años.

Para ambos beneficios, habría excepciones, incluyendo para los padres que cuidan a niños menores de 14 años.

Cuáles son los requisitos que están generando más preocupación entre los beneficiarios

Theresa Gibbs, quien perdió su trabajo como conductora de autobús escolar, está inscrita tanto en Medicaid como en SNAP. Probablemente estaría exenta del mandato de trabajo porque tiene tres hijos menores de 14 años. Pero dijo que está buscando empleo de todos modos.

"No creo que las personas deban vivir del estado si son perfectamente capaces de trabajar", dijo Gibbs, de 34 años, de Jefferson City, Missouri.

Pero otros no han recibido los cambios con la misma actitud. Amanda Hinton, de 39 años, de St. Martins, Missouri, recibe beneficios de Medicaid y SNAP. Trabaja suficientes horas en una gasolinera como para cumplir con los nuevos requisitos, pero le preocupa que su fibromialgia, que le causa dolor y fatiga, le impida trabajar durante un tiempo.

“Estoy en pánico. Tengo algunas enfermedades crónicas incurables y dependo de mis medicamentos para sobrellevar el día”, dijo. “Y sin Medicaid, no podría costearlos”.

Brittany Phillips, de 32 años y residente de Greensboro, Carolina del Norte, dijo que tener Medicaid la ha ayudado a mantenerse a flote, tanto financiera como en cuestiones de salud, mientras trabaja en un empleo temporal y remoto en servicios médicos que paga unos 600 dólares semanales.

“Creo firmemente que Medicaid debería estar disponible para todos, independientemente de quiénes sean, independientemente de su capacidad o aptitudes; todos deberían tener Medicaid”, dijo.

No se trata solo del requisito laboral: también es la burocracia

La Oficina de Presupuesto del Congreso, una entidad no partidista, estima que 11.8 millones de personas menos podrían perder cobertura médica para 2034 debido a los cambios, que también excluyen a los extranjeros que no se encuentran en Estados Unidos de forma permanente y legal. Y esto no incluye a quienes podrían perder la cobertura por otras razones.

Los defensores afirman que incluso las personas cubiertas por las excepciones al requisito de trabajo podrían perder su cobertura de Medicaid. Una de las principales razones es el requisito de que la elegibilidad de las personas se evalúe al menos cada seis meses.

“Por cada documento adicional que alguien tenga que presentar aparte de su solicitud”, dijo Deborah Steinberg, analista sénior de políticas de salud del Centro de Acción Legal, “se pierde gente”.

Julia Bennker, quien dirige un servicio de cuidados de guardería a domicilio en Eau Claire, Wisconsin, depende de SNAP y Medicaid, ya ha tenido problemas con el papeleo bajo los requisitos actuales de Medicaid. Comentó que a principios de este año, no tuvo cobertura médica durante un mes después de que le informaran que sus formularios estaban atrasados, aunque cree que los presentó a tiempo. Eso significó pasar un mes sin terapia y tener que reprogramar otra cita con un médico.

Algunas de las afecciones que darían lugar a excepciones (enfermedades mentales o trastornos por consumo de sustancias) no se contabilizan actualmente en los sistemas informáticos de Medicaid.

"No es como si se agitara una varita mágica y todos los que deberían estar exentos lo estuvieran", dijo Hannah Wesolowski, directora de defensa de la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales.

Los estados se enfrentarán a presiones para actualizar sus programas

Las agencias estatales de atención médica y servicios sociales tendrán que reestructurar sus sistemas informáticos para reflejar los diversos cambios, a la vez que lidian con las reducciones de fondos federales. Esto preocupa a algunos defensores de la atención médica.

La legislación exige que todos los estados asuman una mayor parte de los costos administrativos del SNAP a partir de 2027 y, por primera vez, podría obligar a algunos estados a pagar una parte de las prestaciones de asistencia alimentaria a partir de 2028.

Los estados también deben implementar el requisito de trabajo de Medicaid para 2027.

“Será un plazo muy ajustado y difícil para muchos de estos estados”, declaró Sophia Tripoli, directora sénior de políticas sanitarias de Families USA, una organización de defensa de la salud. “Hay una enorme carga administrativa para los estados simplemente en mantener estos sistemas”.

JuLieanne Taylor, abogada del Centro de Charlotte para la Defensa Legal en Carolina del Norte, afirmó que los clientes de su organización ya enfrentan retrasos en las verificaciones del programa de alimentos.

“Esto va a ser un desastre”, afirmó. “Hará que la gente abandone el programa porque piensan: ‘No quiero tener que hacer esto cada año o cada seis meses’”.

Hospitales rurales y Planned Parenthood auguran dificultades financieras

El proyecto de ley también podría poner en riesgo financiero a los hospitales rurales, según los expertos, ya que busca limitar los impuestos que los estados imponen a los hospitales y otros proveedores de atención médica para aumentar la financiación de Medicaid.

La organización sin fines de lucro KFF, que estudia problemas de atención médica, estima que el gasto de Medicaid en las zonas rurales se reduciría en 155,000 millones de dólares durante la próxima década con el proyecto de ley.

“Si bien ya hay varios hospitales pequeños y rurales vulnerables”, declaró R. Kyle Kramer, director ejecutivo del Hospital Day Kimball en Putnam, Connecticut. “Esto provocará muchos cierres”, declaró. La legislación incluye un fondo de 50,000 millones de dólares para compensar parcialmente estas reducciones.

Además, aunque en la mayoría de los casos ya se prohíbe el uso de fondos federales para financiar abortos, el presupuesto también veta que los fondos federales se destinen a Planned Parenthood, el mayor proveedor de tratamientos para la interrupción del embarazo del país, para otros fines, como programas de planificación familiar y pruebas de detección de cáncer.

El grupo afirma que un tercio de sus aproximadamente 600 clínicas en todo Estados Unidos podrían cerrar como resultado, y que los estados donde el aborto es legal serían los más afectados.

Al menos otro grupo afirma que también podría perder fondos debido a la disposición. Maine Family Planning cuenta con 19 centros y subcontrata a otras organizaciones de atención médica, incluida Planned Parenthood, para brindar servicios en otras ubicaciones del estado rural.