La muerte de líderes sociales amenaza el postconflicto en Colombia

BOGOTÁ, Colombia.- Entre reunión y reunión, William Castillo consiguió pasar a recoger una plata que un amigo le había prestado para comprar el anillo de 15 años de su hija. Lo dejó encargado en la joyería, entregó el recibo a su esposa y volvió a salir. Pocas horas después, tenía cuatro balas en la cabeza y tres en el pecho.

Mauricio Sánchez, que había hablado con él un rato antes para cuadrar un encuentro al día siguiente, hace el recuento de los integrantes de su organización asesinados el año pasado por defender los derechos humanos: cuatro. Castillo, el 7 de marzo, fue el primero. Luego asesinaron a dos en mayo y otro en junio. Pero en ese tiempo, los que se salvaron abandonaron El Bagre, un municipio que no conoce más que la guerra.

“El año pasado estuvo muy complicado y no ha cambiado nada”, explica por teléfono desde algún lugar de Medellín el presidente de la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó (Aheramigua), una organización que lucha desde 2007 por los derechos de los campesinos y mineros artesanales de la zona.

Aremighua es una de las organizaciones que más voceros perdió en 2016, según Somos Defensores, una entidad independiente que monitorea en Colombia la violencia contra los líderes sociales. En todo el año contaron más de 80 muertos en el país. Naciones Unidas confirmó 70 hasta noviembre. La Unión Patriótica, formada por guerrilleros desmovilizados y prácticamente aniquilada en los años 90 con la ejecución de unos 3,000 de sus militantes, pone la cifra en torno a los 200.

El conteo se aceleró desde que el gobierno y las FARC ultimaron su acuerdo de paz. Además, la violencia contra políticos de izquierda, especialmente en las zonas rurales, se ha convertido en la principal preocupación ante el postconflicto. La semana pasada, se hablaba de una lideresa baleada en Buenaventura, el violento puerto sobre el Pacífico y de un campesino asesinado en el caribeño departamento de Córdoba y la ONU estudia varios casos desde que empezó el año.

Los recientes movimientos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, hacia una veintena de zonas donde se desarmarán en los próximos meses, ha dejado vacíos de poder que han ocupado otros grupos, según el organismo internacional.

“Nos duele mucho el escepticismo con la paz... en el plebiscito hubo muchas comunidades que votaron por el 'No' porque temían al ganar el 'Sí', la guerrilla se fuera de acá", cuenta Sánchez. Así pasó en El Bagre, donde solo uno de cada cinco habitantes votó en esa consulta y 56% de ellos se opusieron a que avanzara el proceso de paz. A nivel nacional el 'No' se impuso por un ligero 50,21%.

Mira las imágenes que dejó el 'No' al plebiscito en Colombia:

Cientos de personas abandonaron El Bagre el año pasado. Los muertos, ya no los cuentan.

“En la medida en que se escuchan voces contra la paz, esos grupos violentos sienten que se vale matar a los líderes sociales porque son los malos”, afirma Imelda Daza, una de las fundadoras de la UP y actualmente miembro de Voces por la Paz, la formación que representa en el Congreso a las FARC.

Tras 25 años en el exilio, Daza regresó el año pasado a Colombia para volver a hacer política. Meses después, un edificio en el que se encontraba en Cartagena fue atacado por un grupo de hombres armados. La izquierda los llama paramilitares, como los poderosos grupos alzados en armas contra las guerrillas décadas atrás y supuestamente desmovilizados entre 2003 y 2006. El gobierno les saca carga política y los llama bandas criminales o grupos armados organizados.

“Si son o no son paramilitares, formalmente es lo de menos. Lo de más, que el gobierno asuma la protección a largo plazo”, asevera Daza. Para Human Rights Watch, “la población civil de Colombia sigue expuesta a graves abusos cometidos por guerrillas y grupos sucesores de paramilitares”. En su informe sobre derechos humanos en 2016, el organismo destacó también la vulnerabilidad de los líderes sociales.

Más allá de la nomenclatura, esta ola de asesinatos enfrenta al gobierno con la falta de institucionalidad endémica de la Colombia rural.

En noviembre, Santos ordenó a la Fiscalía acelerar las investigaciones por estos casos y a la Unidad Nacional de Protección, priorizar las situaciones más graves, mientras se completa la concentración de las FARC diseñadas para “hacer el tránsito de los guerrilleros a la legalidad”. Para quienes están en el terreno, sin embargo, las medidas son insuficientes.

Mauricio Sánchez asegura que la única protección con la que cuenta es un celular y un chaleco antibalas, pero sigue escondido en la ciudad, lejos de su monte y de sus hijos, a los que no vio durante ocho meses.
“Ofrecen recompensa por mi cabeza”, asegura este líder campesino. “La paz no es automática, tenemos que construirla todos los días, pero no podemos hacerlo si siguen matando gente todos los días”.