Ante el alza de los casos de covid-19, crean una alianza sin precedentes en California para proteger a los trabajadores agrícolas

Los activistas han advertido desde el comienzo de la pandemia que los 2.4 millones de trabajadores agrícolas que siembran y cosechan los alimentos del país viven y trabajan en condiciones que los hacen extremadamente vulnerables al nuevo coronavirus.

Y ahora, tal como predijeron, se han producido brotes entre los trabajadores agrícolas en centros agrícolas de todo el país conforme comienza la temporada alta de cosecha de verano, desde Florida y Nueva York hasta California y el e stado de Washington. En el condado de Monterey en California, una de las principales regiones agrícolas del país, los trabajadores agrícolas representan casi el 36% de los casos de covid-19.

Como bien ilustra la situación en Monterey, los abarrotados alojamientos, la desconfianza en el gobierno, la incapacidad para imponer el distanciamiento físico en los campos y lugares de embalaje, la desinformación y el miedo a la deportación están impulsando la propagación del virus entre estos trabajadores que la nación ha considerado "esencial".

El Valle del Salinas, conocido como la 'ensaladera de Estados Unidos', se ha convertido en un punto álgido en el condado de Monterey. Los casos se cuadruplicaron en el condado desde finales de mayo, pasando de 413 a 1,748, con más de la mitad concentrada en los dos barrios predominantemente latinos de Salinas donde viven la mayoría de los trabajadores agrícolas. Las hospitalizaciones aumentaron más del doble durante ese período, de 53 a 135, mientras que las muertes aumentaron de ocho a 15.

Pero el brote en Salinas también es notable porque ha generado una alianza sin precedentes de representantes de la industria agrícola, autoridades del condado, defensores de los trabajadores agrícolas, médicos y científicos que han convertido a sus antiguos adversarios en aliados en la carrera por proteger a los trabajadores agrícolas durante la pandemia.

La alianza

"Por lo general, estamos en desacuerdo con gran parte de la comunidad de empleadores agrícolas porque alegamos que violaron la ley y les pedimos que apoyen más a sus trabajadores", dijo Aaron Voit, quien dirige la asociación médico-legal California Rural Legal Assistance (CRLA), que busca mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores agrícolas. "Pero hemos podido colaborar mediante esta coalición", agregó.

La alianza comenzó a consolidarse a principios de abril, aproximadamente un mes después de que el gobernador de California, Gavin Newsom, proclamara un estado de emergencia para prepararse para la pandemia. Desde entonces, ha ganado más miembros y cobrado impulso. Ahora, decenas de representantes de las comunidades agrícolas y de salud pública están intentando recuperar el tiempo perdido por todos los medios.

Su desafío es colosal. Necesitan prepararse para un potencial aumento en los casos conforme llegan miles de trabajadores temporales para la cosecha de verano, encontrar formas de comunicarse efectivamente con los trabajadores que sólo hablan español o lenguas indígenas y dilucidar cómo garantizar que los trabajadores enfermos reciban ayuda médica.

Sin embargo, ya la alianza, que ahora incluye a la mayoría de las principales organizaciones de agricultores del condado de Monterey, ha distribuido cientos de miles de mascarillas —750,000 tan solo en mayo— ha asegurado hoteles como alojamientos de cuarentena de emergencia y ha obtenido una subvención de $880,000 para aumentar las pruebas.

"Ahora, como nunca antes, es el momento en que agricultores y trabajadores agrícolas deben unirse", dijo Brenda Eskenazi, epidemióloga de la Universidad de California en Berkeley, quien ha estudiado los problemas de salud de los trabajadores agrícolas en la región durante más de dos décadas.

Ella organizó la coalición, junto con Pedro Moreno, un médico de familia que ha pasado más de un cuarto de siglo tratando a los trabajadores agrícolas de Salinas, y Hester Parker, quien enseña en la Universidad del Estado de California, Monterey Bay.

Parker dice que la buena voluntad que Eskenazi cultivó a lo largo de los años mediante sus investigaciones fue crucial para lograr una alianza de intereses tan diversos. El innovador estudio CHAMACOS, de Eskenazi, que documentó los efectos nocivos de los pesticidas en los hijos de los trabajadores agrícolas en el Valle del Salinas, se apoyó en asociaciones con líderes agrícolas para reducir las enfermedades infantiles.

"Ella ha podido reunirnos a todos en la mesa gracias a esas prolongadas relaciones que ella desarrolló", dijo.

Todos los lunes, los miembros de la alianza se unen a una llamada con médicos que atienden a trabajadores agrícolas en hospitales y clínicas para discutir el progreso y los retos futuros. Se hacen llamar la Monterey County Coalition of Agriculture (Coalición de Agricultura del Condado de Monterey), o MC-COA.

Todos están intentando encontrar soluciones innovadoras para garantizar que esta epidemia no diezme la agricultura en nuestro condado, dijo Eskenazi.

"Como científica, intento ver todas las aristas. Y lo que veo es que los agricultores también están sufriendo", dijo. "Temen que su fuerza de trabajo quede diezmada y tienen miedo" agregó.

Asegurando la ayuda estatal

El 20 de marzo, autoridades del condado de Monterey y grupos de la industria agrícola lanzaron una nota informativa para la protección de los trabajadores agrícolas, unos días después de que la orden de confinamiento del condado eximiera a los trabajadores agrícolas "esenciales". Las pautas incluían recomendaciones de saneamiento, equipo de protección, distanciamiento físico y medidas a seguir si los trabajadores se enfermaban —pero fueron voluntarias.

Aun así, para los agricultores ansiosos representaron una guía importante. "La nota informativa fue crucial porque creo que uno de los mayores desafíos desde el primer momento fue averiguar cuáles eran las recomendaciones de los proveedores de asistencia sanitaria, pues todos estábamos aprendiendo sobre este virus", dijo Abby Taylor-Silva, vicepresidenta de política y comunicaciones para la Grower-Shipper Association of Central California (Asociación de Productores y Transportistas de California Central o GSA), que representa a 340 miembros.

Pero los fundadores de la coalición pensaron que las pautas debían ser obligatorias y enviaron comentarios públicos pidiéndoles a los supervisores del condado que las hicieran obligatorias. Los supervisores nunca respondieron.

Eskenazi, Parker y Moreno cambiaron rápidamente su enfoque para ayudar a los agricultores a obtener los recursos que necesitaban para proteger a sus trabajadores y comenzaron a desarrollar la coalición. A mediados de abril, la GSA había firmado una carta con Eskenazi y otros solicitándole al gobernador Newsom un mínimo de 180,000 mascarillas faciales para los trabajadores agrícolas.

Conforme se acercaban los últimos días de abril y aún no había respuesta del estado, la coalición lo intentó nuevamente. Esta vez pidieron kits de prueba y equipos de protección personal, señalando que 16 trabajadores agrícolas ya habían dado positivo a covid-19 y que pronto llegarían hasta 60,000 nuevos trabajadores para la cosecha de verano.

"Abordar el problema del covid-19 entre los trabajadores agrícolas es de particular preocupación debido a las condiciones más desafiantes para lograr el distanciamiento físico necesario", escribió el grupo. "No podremos erradicar la epidemia a menos que se cumplan ciertas condiciones", agregó.

Pruebas gratuitas y 750,000 mascarillas

Esta vez, el estado sí escuchó. Una semana después, el condado de Monterey ya tenía dos nuevos sitios que ofrecían pruebas gratuitas de covid-19 y 750,000 mascarillas de la reserva de equipos de protección personal de emergencia del estado.

Las mascarillas han sido "una prioridad realmente alta", dijo Taylor-Silva. Después de distribuir las mascarillas del estado, la GSA se asoció con el Salinas Valley Memorial Hospital para obtener un millón más a un precio reducido.

Jocelyn Islas, una madre de 33 años que cosecha coliflor en el Valle del Salinas, ayudó a distribuir 40,000 mascarillas el mes pasado después de que los miembros de la coalición obtuvieron donaciones de Hedley & Bennett, un proveedor de ropa de cocina.

"Fue muy bueno recibir las mascarillas no sólo para mí sino para todas las personas que las necesitaban, pero que no pueden permitirse comprarlas", dijo Islas, miembro de Líderes Campesinas, una organización sin fines de lucro que ayuda a las trabajadoras agrícolas a defender sus derechos.

A principios de junio, la coalición ayudó a los grupos agrícolas y del condado a actualizar sus directrices de asesoramiento.

Las nuevas pautas incluyen una serie de medidas detalladas para que los agricultores "implementen de manera expedita" en los lugares de trabajo con el propósito de prevenir y reducir la transmisión del virus. Una nueva sección incluye disposiciones para transportar a los trabajadores de forma segura, incluyendo hacer múltiples viajes en autobús para permitir más espacio entre los pasajeros, utilizar asientos asignados para rastrear posibles exposiciones si alguien se enferma y asegurarse de que todos utilicen mascarillas.

Otros cambios incluyen asegurarse de que los empleados practiquen el distanciamiento social en los alojamientos, así como en los campos y los lugares de embalaje, y que sepan a quién llamar para recibir servicios médicos y sociales si se enferman.

Miedo, pobreza y desinformación

El echo de que el estado facilitara los centros de prueba fue crucial. Pero la ampliación de la cantidad de pruebas no frenará la propagación del virus si los trabajadores indocumentados no se someten a ellas por temor a ser deportados.

El covid-19 se produjo después de casi cuatro años de "retórica extrema contra los inmigrantes", dijo María Cadenas, directora ejecutiva de Santa Cruz Community Ventures (SCCV), una organización sin fines de lucro que promueve la justicia social y económica. "¿Ahora necesitas que vayan a instituciones para hacerse la prueba o recibir atención? No lo van a hacer porque tienen demasiado miedo".

Hasta el 2 de julio, apenas alrededor del 6% de la población del condado de Monterey se había hecho la prueba, casi el 7% resultó positivo.

Los trabajadores indocumentados, quienes representan más de la mitad de los trabajadores agrícolas de California —hay aproximadamente 90,000 trabajadores indocumentados tan sólo en el área de la Bahía de Monterey— no quieren registrarse para las pruebas porque tienen que dar su nombre, dirección y número de teléfono, dijo Max Cuevas, director ejecutivo de la Clínica de Salud del Valle de Salinas y asesor de la coalición.

Así que Líderes Campesinas ha estado ayudando a la coalición a llevar a los médicos a los campos para que hablen directamente con los trabajadores agrícolas.

Las visitas ayudaron a generar confianza y a aliviar el miedo a las represalias entre los trabajadores agrícolas, dijo Islas. Los médicos explicaron que los trabajadores pueden hacerse pruebas gratuitas y obtener asistencia médica independientemente de su estatus de ciudadanía. "Te hace sentir más confianza y sentirte seguro de que no terminarás con una factura enorme", dijo.

Sin embargo, transmitirles estos mensajes a decenas de miles de trabajadores sigue siendo un desafío constante. Los $500 en alivio por el covid-19 que California les ofreció a los inmigrantes indocumentados el mes pasado fueron muy bien recibidos, pero no son suficientes. El condado de Monterey tiene algunos de los bienes raíces más caros del país, dijo Cadenas. "¿Cómo van a pagar el alquiler cuando están desempleados y no tienen ahorros?"

Aunque estos trabajadores son elegibles para el seguro estatal de baja por discapacidad, muchos no lo saben porque sólo hablan lenguas indígenas o no pueden leer los folletos informativos. La coalición está distribuyendo infografías con un texto mínimo en los lugares de trabajo y está intentando traducir materiales para su transmisión en programas de radio indígenas.

"En las reuniones de todos los lunes, sigo diciendo que, si yo estuviera indocumentada y enferma, continuaría trabajando si pudiera porque ya estaría viviendo en condiciones muy precarias", dijo Eskenazi.

Alojamientos de cuarentena

Los trabajadores agrícolas en Salinas y Watsonville, en el condado de Santa Cruz, al norte, cosechan la mayor parte de las lechugas del país y más productos frescos por acre que cualquier otra región agrícola del país. Pero la gran mayoría de estos trabajadores viven en "condiciones precarias y hacinamiento", según una encuesta de trabajadores de 2018 realizada por el Instituto de Estudios Rurales de California, en gran parte porque ganan alrededor de $25,000 al año.

Para pagar el alquiler en una de las regiones más caras del país —Watsonville se encuentra a 160 kilómetros al sur de San Francisco— la gente a menudo reduce los gastos en alimentos o medicinas, según la encuesta.

La mayoría de las familias de trabajadores agrícolas viven con otras familias, a menudo subarrendan sus salas de estar o garajes a trabajadores con quienes no guardan parentesco alguno durante la temporada de cosecha, y varias personas comparten los baños —condiciones ideales para la propagación del nuevo coronavirus.

Garantizar que los trabajadores tengan un espacio para la cuarentena si no pueden hacerlo en casa ha sido una de las prioridades de la coalición. Hasta ahora, tanto el condado como GSA han creado sitios alternativos para aislar a las personas que han dado positivo.

Después de que varios miembros de la GSA acordaron brindar alojamientos de cuarentena a mediados de abril, el Sistema de Salud Memorial del Valle del Salinas dijo que su personal médico examinará a los trabajadores para ver si necesitan ir al hospital, sin costo alguno para los agricultores. "Desde que instalamos nuestros alojamientos en abril, han estado llamando y visitando diariamente a todos los que hemos alojado", dijo Taylor-Silva de la GSA.

Hasta el 5 de julio, la GSA ha brindado alojamientos de cuarentena y tres comidas al día a 150 trabajadores agrícolas, dijo Taylor-Silva. El condado de Monterey ha asegurado cuatro "sitios alternativos de alojamiento", que pueden albergar hasta 200 pacientes positivos a covid-19 que no necesitan hospitalización. El condado ha albergado a 230 personas desde que se lanzó el programa a finales de abril.

Sin embargo, aún no está claro, ni siquiera ahora, cuántos trabajadores agrícolas tienen covid-19, pero no buscan atención médica, dijo Moreno.

Muchos contagiados silenciosos

Garantizar la seguridad de los trabajadores agrícolas depende en última instancia de determinar la verdadera prevalencia del covid-19 entre los trabajadores y de identificar qué factores pronostican mejor las posibilidades de contraer el virus, dijo Eskenazi. " Creemos que hay muchos contagiados silenciosos", dijo. "Pero no sabré hasta qué punto hasta que investigue".

Eskenazi planea reclutar a 5,000 trabajadores agrícolas para comparar la eficacia de las pruebas de saliva con los hisopos orofaríngeos (que, a diferencia de los hisopos nasales, la forma más común de detectar el virus, se puede hacer sin capacitación), con miras a desarrollar kits de pruebas en el hogar. "Si la saliva funciona igual de bien, o mejor, entonces nos será mucho más fácil hacer pruebas caseras en el futuro, porque la gente podría simplemente escupir en un recipiente".

El estudio debería ayudar a determinar los riesgos relativos del trabajo al aire libre en los campos en comparación con el trabajo en interiores, por ejemplo, en los lugares de embalaje.

Cuando comenzó la coalición, no se practicaba el distanciamiento físico, nadie llevaba mascarillas y nadie sabía qué hacer si un trabajador agrícola presentaba síntomas de covid-19. "Ha habido muchas cosas que hemos solucionado juntos", dijo Aaron Voit de CRLA.

La coalición sigue creciendo y ahora incluye a funcionarios públicos de los condados de Santa Cruz, Fresno y Ventura —las principales áreas agrícolas.

Para Moreno, la coalición ha representado una forma para que todos salgan de sus silos y coordinen la atención para los trabajadores agrícolas. "¿Nos va mejor que hace unos meses? Sí, así es. ¿Aún nos queda un largo camino por recorrer? Sí, así es".

Esta historia fue producida en colaboración con Food & Environment Reporting Network (FERN), una organización de noticias sin fines de lucro.