Nuevas reglas de inmigración protegen a muchos inmigrantes indocumentados de la deportación en Nueva York

En Nueva York, donde se estima residen más de 800,000 inmigrantes indocumentados, ya no solo es ilegal reportar su estatus a las autoridades, ahora tampoco se les puede deportar solo por el hecho de no tener un estatus migratorio autorizado. Esta semana entró en vigor la nueva guía en la que los oficiales de deportación se deben basar para arrestar y deportar a inmigrantes indocumentados.

Bajo estas nuevas directrices, ICE no podrá hacer arrestos en masa en los lugares de empleo donde hay indocumentados, tal y como lo anunció la administración del presidente Joe Biden en octubre.

En ese entonces, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, dijo que la prioridad era erradicar los actos ilegales cometidos por empleadores "sin escrúpulos", quienes, señaló, a menudo pagan a los trabajadores salarios inferiores a los estándares, los someten a condiciones laborales inseguras y facilitan la trata de personas y la explotación infantil.

Los agentes de inmigración ya han recibido instrucciones de abstenerse de arrestar a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, personas que hayan sido víctimas de delitos graves e inmigrantes indocumentados que no tengan antecedentes penales serios. También está prohibido colocar a las víctimas indocumentadas de explotación laboral en procesos de deportación.

Bajo esta nueva política, ICE tendrá como prioridad el arresto de delincuentes de alto nivel, personas que representen riesgos para la seguridad nacional y las personas que crucen ilegalmente la frontera. La mayoría de los demás inmigrantes ilegales no son presuntos objetivos de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

Aunque antes ciertas infracciones de la ley, como conducir bajo la influencia del alcohol, cometer un acto de violencia doméstica, o falsificar documentos de identidad, comprometían la permanencia de un inmigrante en este país, bajo esta nueva ley, estos delitos no se elevan al nivel de "agravados" y no son prioridades automáticas para la deportación. Sin embargo, los oficiales aún pueden intentar deportar a quienes los practican, pero deben hacer solicitudes por escrito y obtener la aprobación de los supervisores de antemano. Los casos se juzgarán en función de factores atenuantes como los lazos familiares, dijeron funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional.

Bajo estas nuevas pautas se acabaron las deportaciones en los lugares de empleo, o por acusaciones a veces hasta anónimas de algún conocido o vecino. "La pregunta principal es si esa persona no ciudadana es una amenaza para la seguridad pública", pregunta Mayorkas, quien en una entrevista con The Washington Post, también cuestionó: "¿Vamos a invertir tiempo en arrestar y retirar a trabajadores del campo que se está partiendo la espalda para recoger la fruta que todos ponemos en nuestras mesas?... Porque si perseguimos a individuos, no podemos invertir los mismos recursos que invertimos en aquellos que en efecto son una amenaza para nuestra seguridad. De esto es lo que se trata todo".

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