LOS ÁNGELES, California - Un juez de Los Ángeles negó la petición de anulación de condena que Pearl Fernández, madre de Gabriel Fernández había solicitado para quedar eventualmente, libertad bajo fianza, pese a ser una de los dos adultos señalados de asesinar a su hijo de 8 años, tras meses de continuas torturas.

“ No tiene derecho a una nueva sentencia”, dijo George G. Lomeli, magistrado de la Corte Superior de Los Ángeles tras revisar cuidadosamente la petición de la madre de Gabrielito y el expediente general del caso.

La mujer solicitó la anulación de su sentencia de asesinato, el 1 de april de 2020. Amparada en un cambio en las leyes estatales Fernández aleg´o que ahora no podría ser declarada culpable de homicidio de primer grado o segundo grado debido a cambios recientes en la ley estatal.

La madre de Gabrielito se declaró culpable del asesinato en primer grado de su hijo de 8 años, tras meses de golpizas rutinarias y sistemáticas que incluían quemarlo, mal nutrirlo, obligado a comer escremento y a dormir en un armario resultando en la muerte del niño en mayo de 2013. La declaración de la mujer la salvó de un juicio y de una posible pena de muerte, sin embargo, recibió una condena a cadena perpetua sin derecho a fianza, sentencia que solicitó cambiar para eventualmente salir en libertad bajo fianza en 2018.

La pareja de la mujer, Isauro Aguirre si se presentó para un juicio y fue condenado a la pena de muerte.

En la lectura de la sentencia para Fernández y Aguirre en marzo de 2018, el juez calificó el caso como “el más agravado y atroz de tortura que este tribunal haya presenciado''. Además, aseguró que “decir que la conducta de ambos fue animal, sería mal porque incluso los animales saben cómo cuidar a sus crías”, dijo Lomeli señalando que esperaba que los dos acusados despertaran en medio de la noche pensando en lo que le habían hecho al pequeño Gabriel por el resto de sus vidas.

Por su parte Pearl Fernández dijo antes de ser sentenciada: “ Quiero decirle a mi familia que lo siento por lo que hice a Gabriel cuando estaba vivo. Todos los días deseo haber tomado mejores decisiones”.

"Lo torturaron hasta matarlo"

Gabriel Fernández murió el 24 de mayo de 2013 tras constantes agresiones y abusos de su madre y el novio de esta. Y a pesar de que el menor estaba bajo los cuidados del Departamento de Niños y Familia y un grupo de trabajadores sociales estaban al tanto de la situación, no pudieron evitar el fatal desenlace.

La madre del niño, Pearl Fernández, de 32 años en ese entonces, y su exnovio, Isauro Aguirre, fueron enjuiciados y la fiscalía pidió la pena capital para ambos tras presentar las evidencias en el juicio que indicaron meses de palizas y torturas. Tras la sentencia en el 2018, Pearl fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de recibir libertad condicional e Isaura fue condenado a la pena de muerte.

Los problemas de drogadicción de Pearl Fernández permitieron que sus abuelos lograran la custodia de Gabriel a los pocos meses de nacido. Siete años después y luego de una breve estadía en un centro de rehabilitación Fernández recuperó a su hijo, aparentemente con la intención de obtener beneficios de la asistencia pública y del IRS.

La fiscalía detalló en el juicio que Gabriel vivió un infierno que duró ocho meses, desde el día que Pearl Fernández reclamó y obtuvo la custodia de su hijo en septiembre de 2012. 13 días antes de su muerte había sido retirado de la escuela y desde entonces, hasta que llegó al hospital, Gabrielito sufrió jornadas intensas de tortura.

“ Cada centímetro de Gabriel estaba magullado e hinchado. Su piel era de color negro y azul. Recuerdo que al tocarlo estaba frío”, declaró en el juicio Emily Rebar, una de las enfermeras que atendió al niño antes de morir. Otra enfermera aseguró que el pequeño tenía lesiones en el cuello y en la ingle causadas por una pistola de aire. Gabrielito fue forzado a dormir dentro de un gabinete ubicado en la recámara de los acusados, con un calcetín dentro de la boca y una venda sobre los ojos.

La fiscalía pidió que se analizaran varias manchas de sangre en las paredes de vivienda donde vivía el pequeño y todas coincidieron con el ADN de Gabriel. Testimonios de familiares también ayudaron en la conclusión de que la madre y su pareja abusaron severamente del pequeño durante los meses previos a su muerte.

Los fiscales entablaron una denuncia contra los trabajadores sociales con el Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles que estaban involucrados en el caso, argumentando que no tomaron las medidas adecuadas para proteger al niño y falsificaron documentos relacionados con su caso.
La fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, Jackie Lacey había indicado que los trabajadores sociales "minimizaron la importancia de las heridas físicas, mentales y emocionales que sufrió Gabriel" y aseguró que los funcionarios "permitieron que un chico vulnerable permaneciera en casa y continuara siendo abusado".

Un informe de la autopsia de Gabriel Fernández mostró hematomas, fracturas y cortes en todo el cuerpo, incluida la ingle y perdigones incrustados en su cuerpo.

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