ORLANDO, Florida.- La construcción y operación del polémico centro de detención de migrantes conocido como Alcatraz de los Caimanes ( Alligator Alcatraz), ubicado en plena reserva natural de los Everglades, generó nuevas controversias por los costos y la opacidad de los contratos públicos relacionados con el sitio, que fue impulsado por el gobernador Ron DeSantis como parte de su agenda de control migratorio.
Cuestionan al gobierno de Florida por contratos millonarios para el centro de detención Alligator Alcatraz
Florida paga hasta $172 por hora a contratistas privados para administrar el centro de detención. Parte del equipo de emergencias fue desviado al centro, dejando vacíos en la respuesta ante huracanes.
Según documentos obtenidos por medios locales y confirmados por la legisladora estatal demócrata Anna V. Eskamani, el estado de Florida firmó un contrato por 78.5 millones de dólares con la empresa CRS (Critical Response Strategy) para la gestión y el personal de la instalación, oficialmente llamada “TNT” por el gobierno estatal.
Los registros oficiales indican que CRS se encarga de coordinar funciones administrativas y de seguridad, con tarifas horarias que alcanzan hasta 172 dólares por empleado, sin incluir pagos adicionales por horas extras.
“ Mientras los maestros de Florida siguen ganando sueldos modestos, el estado paga cifras exorbitantes para administrar un centro de detención en medio de los Everglades”, cuestionó Eskamani en su cuenta de X (antes Twitter).
La existencia de contratos de esta magnitud se suma a los 19.9 millones de dólares previamente identificados por el medio TPM, que revisó una docena de acuerdos con empresas vinculadas a la construcción y el equipamiento del sitio. Entre ellas figuran firmas de alto perfil como CDW Government y Motorola Solutions, además de empresas relacionadas con donantes políticos del Partido Republicano local.
Los contratos fueron otorgados bajo el amparo de órdenes ejecutivas emitidas por DeSantis desde 2023, las cuales declararon un estado de emergencia por el “alarmante incremento” de migrantes. Esto permitió adjudicaciones sin licitación pública, en un proceso denominado “Emergency procurement”.
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Acusan desviación de recursos originalmente destinados a la prevención de desastres
Uno de los aspectos más criticados ha sido la d esviación de recursos originalmente destinados a la preparación para desastres. Documentos revisados por TPM revelan que, por ejemplo, un sistema de comunicaciones valorado en casi medio millón de dólares fue retirado del aparato estatal de respuesta ante huracanes para instalarlo en Alcatraz de los Caimanes, generando vacíos operativos en plena temporada ciclónica.
Además del impacto financiero, el centro ha sido calificado por líderes demócratas como un “campo de internamiento”. La congresista federal Debbie Wasserman Schultz, tras visitar el lugar, denunció que los detenidos están “empaquetados como sardinas” en jaulas con hasta 32 personas.
El Partido Demócrata de Florida presentó una solicitud formal de acceso a los registros públicos para obtener todos los contratos relacionados con la instalación, argumentando una posible crisis de derechos humanos y uso indebido de fondos estatales para favorecer a aliados políticos mediante contratos sin licitación.
Por su parte, el gobierno de DeSantis no ha ofrecido comentarios públicos recientes sobre estos señalamientos. Durante la inauguración oficial el pasado 1 de julio, a la que asistió el expresidente Donald Trump, ambos líderes celebraron el proyecto como parte de un plan más amplio de deportaciones masivas.
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