DHS pone fin al acuerdo que había firmado el fiscal general de Arizona para boicotear las políticas migratorias de Biden

El Departamento de Seguridad Nacional de EEUU terminó un inusual acuerdo que firmó el fiscal jefe de Arizona con la agencia en los últimos días de la administración Trump que restringiría la capacidad del presidente Joe Biden para reformar las políticas de inmigración del expresidente.

La acción de la agencia se reveló este miércoles cuando el fiscal general de Arizona, el republicano Mark Brnovich, presentó una demanda para evitar que el recién confirmado secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, lleve a cabo la moratoria de 100 días de Biden sobre las deportaciones. Un juez federal de Texas ya lo suspendió.

"La comunidad policial de Arizona está particularmente preocupada porque los inmigrantes que han sido acusados o condenados por delitos serán liberados como resultado de la moratoria de 100 días del DHS", dijo Brnovich en la demanda federal.

Agregó que a las autoridades también les preocupa "que la liberación de personas durante la pandemia Covid-19 aumente la presión sobre los hospitales y los servicios sociales a nivel local y del condado".

Brnovich presentó una demanda luego de que una orden judicial el mes pasado prohibiera temporalmente al gobierno de Estados Unidos hacer cumplir una pausa en las deportaciones. Su presentación reveló que el DHS canceló el acuerdo de inmigración que hizo con la agencia, que se encontraba entre al menos nueve documentos firmados silenciosamente con jurisdicciones estatales y locales durante las últimas semanas de la administración Trump.

Los acuerdos señalan que las jurisdicciones tienen derecho a un período de consulta de 180 días antes de que entren en vigencia los cambios de política del poder ejecutivo, reportó AP. El Departamento de Seguridad Nacional se negó a comentar el miércoles, citando un litigio pendiente.

Los acuerdos "silenciosos"

Esto se dio a conocer la misma semana que un denunciante reveló que el entonces subsecretario en funciones del DHS, Ken Cuccinelli, llegó a acuerdos de último momento con un sindicato de empleados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El Proyecto de Responsabilidad del Gobierno dijo en una queja presentada el lunes ante el Congreso y dos organismos de control federales que los acuerdos laborales otorgan "poderes y beneficios extraordinarios" al Concejo 118 de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno, ICE, que representa a unos 7,500 empleados y respaldó a Trump en 2016 y 2020.

Además de los beneficios financieros, los acuerdos otorgan al sindicato el poder de retrasar los cambios en las políticas y prácticas de aplicación de la ley de inmigración, según la carta que el Proyecto de Responsabilidad del Gobierno presentó en nombre de un empleado federal no revelado.

Los acuerdos permanecerían en vigor durante ocho años a menos que el DHS tomara medidas para impugnarlos antes del 17 de febrero, 30 días después de que Cuccinelli los firmó.

"Este abuso de autoridad es impactante", escribió David Seide, abogado del empleado no identificado, y señaló la "participación extraordinaria" de Cuccinelli. "Son claramente otro ejemplo del esfuerzo de la administración anterior en sus últimas horas para cimentar un legado a expensas de los contribuyentes".

Cuccinelli dijo en un correo electrónico que no hizo nada malo, según AP: "Con la asesoría y el asesoramiento de la Oficina del Asesor Jurídico, ejecuté los acuerdos apropiados para finalmente abordar muchos de estos problemas previamente no resueltos", dijo. "Lo mejor que puedo decir, la base principal de la denuncia es que hice bien mi trabajo, para disgusto del denunciante".

Los líderes de Seguridad Nacional de Biden no han dicho si actuarán para revocar los acuerdos laborales. El líder sindical que los firmó, Chris Crane, no respondió a las solicitudes de comentarios, señala el reporte de AP.

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