ICE recibe fallo en contra de aislar a niños inmigrantes en hoteles por tribunal de apelaciones

Un tribunal de apelaciones falló en contra de que el gobierno del presidente Donald Trump reanude las detenciones de niños inmigrantes en habitaciones de hotel antes de expulsarlos de Estados Unidos, de acuerdo con bajo las reglas adoptadas durante la pandemia de coronavirus, una medida que agentes del ICE han hecho desde el inicio de la emergencia sanitaria y que, según organizaciones, está en contra de la ley.

Tres magistrados del Tribunal Federal del Noveno Circuito han sostenido que el Gobierno de Estados Unidos no puede seguir usando hoteles para retener a niños inmigrantes que han llegado al país sin compañía de un adulto.

Agentes del (ICE) Immigration and Custom Enforcement han situado a por lo menos 577 menores en habitaciones de hotel, según documentaron grupos en defensa de los derechos de los inmigrantes, que además denunciaron que no se les permitió el ingreso a un hotel de McAllen (al sur de Texas) después de que vieron que niños pedían ayuda por la ventana.

El aislamiento de los niños los deja indefensos ante derechos como la solicitud de asilo u otras protecciones garantizadas por la ley. La Administración Trump alega que su expulsión es un tema de salud pública, pero organizaciones refutan que el gobierno de EEUU está usando a la pandemia como pretexto para fortalecer su política migratoria.

“Es triste que fuera necesario recurrir a tribunales para garantizar la seguridad básica de los niños”, afirmó a Associated Press Leecia Welch, abogada para el National Center for Youth Law (Centro Nacional de Derecho Juvenil).

Los jueces del tribunal de apelaciones fueron sumamente críticos del gobierno durante los alegatos orales, cuestionando la razón por la que no le dieron acceso a abogados a los niños detenidos en hoteles y por la que el gobierno no utilizaba los albergues juveniles existentes que tienen miles de camas vacías. Esos albergues ofrecen servicios legales tal como lo requiere un añejo acuerdo judicial conocido como el acuerdo Flores, una legislación que recibió este nombre por el caso de Jenny Lissette Flores, una salvadoreña de 15 años que viajó a EEUU para reencontrarse con su tía en 1985.

El presidente Trump ha criticado el acuerdo pero sin entender siquiera de dónde provenía, pues mencionó que "el juez Flores" se había equivocado, según declaró en agosto de 2019.

Un video difundido por el Texas Civil Rights Group muestra cómo los agentes expulsaron de manera agresiva a uno de los representantes de las organizaciones que quería asegurarse de las condiciones en que se encontraban los niños. Esta práctica no está contemplada por la ley.

Una portavoz del Departamento de Justicia no respondió de manera inmediata a una solicitud de comentarios el domingo.

"Vectores de infección"

Scott Stewart, abogado del Departamento de Justicia, alegó que el acuerdo Flores no aplica a los niños detenidos en hoteles antes de su expulsión. Stewart señaló que la política del gobierno de expulsar a los niños migrantes que viajaron sin compañía de un adulto era parte de un “enfoque integral y sistemático” para combatir al coronavirus.

“La idea es rechazar tan pronto como sea posible, en la frontera, los posibles vectores de infección”, comentó y añadió que una variedad de factores provocaron que algunos niños estuvieran detenidos durante semanas.

La orden emitida el 4 de septiembre por la jueza Dolly Gee estipula que el uso de hoteles como espacios de detención violaba “protecciones humanitarias fundamentales” y dijo que el gobierno de Trump no había demostrado que utilizar hoteles evitaría la propagación del covid-19.

Bajo el acuerdo Flores y la ley federal contra la trata de personas, la mayoría de los niños migrantes que cruzan la frontera sin compañía de un adulto, con o sin autorización, deben ser trasladados a albergues del gobierno.

“El problema es que estamos viendo que los niños retenidos durante mucho más tiempo que unos cuantos días, en algunos casos hasta un mes, en un hotel”, dijo Carlos Holguin, abogado del Center for Human Rights and Constitutional Law, que se opuso a la postura del Departamento de Justicia.

En total, Estados Unidos ha expulsado a por lo menos 147,000 personas desde marzo, incluidos 8,800 niños que viajaron sin compañía de un adulto, de acuerdo con cifras del gobierno presentadas a la corte en septiembre. La mayoría no son detenidos en hoteles. Muchas de esas personas han sido enviados de regreso en la frontera entre México y Estados Unidos. Otros, incluidos menores solos, son detenidos durante días o semanas en instalaciones de la Patrulla Fronteriza que no están equipadas para detenciones a largo plazo para que después sean deportados del país.