Quieren destituir a concejala hispana que se opone a la ayuda a indocumentados afectados por el coronavirus

Un grupo de activistas está buscando la destitución de Jessica Martínez, concejala de la ciudad de Whittier, California, quien demandó al gobernador Gavin Newsom por ayudar a los inmigrantes indocumentados en medio de la crisis del coronavirus.

Patricia Chávez, una activista en favor de los derechos de los inmigrantes, busca con un grupo de ciudadanos promover el retiro de Martínez.

No obstante, la ley se lo impide, pues no se puede promover la destitución de Martínez antes de que la funcionaria haya trabajado al menos 90 días y ella lleva en el Concejo de la ciudad aproximadamente un mes, declaró.

“ No tiene mucho tiempo en el poder y ya está causando controversia, ya la queremos sacar”, dijo Chávez.

Según datos de la Oficina del Censo, un 67.5% de la población de Whittier es hispana o latina.

Chávez señaló que la demanda que promovió podría afectar a la gente de su propia ciudad y de su propio distrito, que además es de su propia raza.

La polémica de la brujería

Aunque por el momento no tienen forma de retirarla de su cargo, Chávez ha promovido protestas en la casa de Martínez y a través de redes sociales.

Las protestas que han hecho las han transmitido en sus redes sociales y se han viralizado (un video tan solo alcanzó más de 1.5 millones de visitas).

Tras una de las protestas, la concejala acusó a los manifestantes de hacerle brujería en una publicación de Facebook que luego borró.

Chávez aclaró que lo que algunos manifestantes hicieron fue un rito prehispánico para bendecir la tierra y negó que fuera brujería.

Buscan derechos para los inmigrantes

Chávez declaró que no quiere hacer política con el caso de Martínez, sino que quiere que se respeten los derechos de los trabajadores inmigrantes.

“Ellos merecen tener ayuda sin importar su estatus legal, ellos son contribuyentes, aportan muchísimos a la economía, el año pasado han pagado más de 5 billones de dólares en impuestos a nivel estatal y en impuestos a la propiedad”, dijo Chávez.

“Lo que me interesa es que la comunidad de trabajadores indocumentados obtenga la ayuda que tanto necesitan porque estamos en medio de una pandemia; si yo y mis hijos estamos sanos, pero mi vecino no lo está, yo y mi familia vamos a estar en peligro también”.

Indicó que además de considerar a los inmigrantes como personas, que es una de las comunidades más vulnerables, también debe de entenderse que ayudarlos en este momento beneficia la salud y la seguridad de todos los habitantes de California.

La petición para Martínez

Chávez dijo que si pudiera hablar con Martínez, ya que no ha recibido a los manifestantes, le pediría que desista de la demanda que hizo en contra de la comunidad inmigrante y que renuncie a su cargo político.

“Personas como ellas no merecen estar en el poder y no representan a nuestra comunidad de trabajadores indocumentados”, dijo.

De hecho, la petición para que desista de la demanda interpuesta contra el gobernador de California ya tiene una petición en la plataforma Change.org, y hasta el momento ha recaudado más de 4,300 firmas.

Respecto del candidato republicano Ricardo Benítez, el otro político que presentó la demanda junto con Martínez, Chávez dijo que analizan hacer un boicot contra su compañía de plomería y de electricidad. Afirmó que las acciones que realizan están apegadas a la ley y tienen asesoría de un abogado.

¿Y qué dice la concejala?

La concejala Martínez publicó en su cuenta de Facebook una actualización de la demanda contra el gobernador Gavin Newsom en donde indica que la Corte Suprema de California debe atender la demanda porque aborda un tema de importancia constitucional fundamental.

Refiere que su demanda está amparada en el Artículo 16 de la Constitución de California, que dice: “ nunca se apropiará ni se extraerá dinero del Tesoro del Estado con el propósito o beneficio de ninguna corporación, asociación, asilo, hospital o cualquier otra institución que no esté bajo la administración y control exclusivos del Estado como institución estatal”.

Reconoció que el tema ha creado un problema de relaciones públicas para la comunidad de inmigrantes ilegales y activistas pro inmigrantes ilegales.

Martínez indicó que la oposición a la demanda da la impresión de que están exigiendo que el gobernador suspenda la Constitución, algo que ningún gobernador puede hacer.

Dijo que para obtener más apoyo, los activistas de inmigración deben dejar en claro que apoyan plenamente la aplicación de la integridad de las constituciones federales y estatales porque sin cualquiera de ellas nadie tendría ningún derecho.

“En Estados Unidos, nuestros derechos provienen de la constitución, no de algún sistema religioso de creencias. Deshágase de las constituciones estatales y federales y de los derechos civiles e incluso humanos, y eso pondría a los inmigrantes en una situación aún más precaria”, indicó el texto publicado por Martínez.

La demanda también acusa al estado de violar la cláusula de supremacía federal al tratar de regular la inmigración y, con ella, también se viola la Constitución federal, señaló.