La política de 'tolerancia cero' de Trump empuja a miles de inmigrantes a "renunciar a sus derechos" en EEUU

“No entiendo por qué sigo detenido desde hace más de seis meses, si un juez detuvo mi deportación”, dice por teléfono el inmigrante salvadoreño Manuel Durán desde el centro de procesamiento LaSalle de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en Louisiana. “No soy una amenaza para la seguridad nacional, no tengo récord criminal, soy periodista y no entiendo por qué no estoy en mi casa junto a mi familia esperando que el tribunal de inmigración resuelva mi caso”, agrega.

El caso de Durán es solo uno de los miles que denuncia un estudio del Southern Poverty Law Center (Centro Legal para la Pobreza Sureña -SPLC) sobre las difíciles condiciones de vida en las cárceles de ICE, sobre todo desde que el presidente Donald Trump llegó a la Casa Blanca el 20 de enero de 2017, y cómo la desesperanza y el miedo provocan que muchos indocumentados privados de libertad tiren la toalla antes de tiempo y renuncien a sus derechos de permanencia en el país.

Titulado “Sin final a la vista: por qué los inmigrantes se dan por vencidos en sus casos de inmigración en Estados Unidos”, el informe muestra, además, cómo el actual gobierno está redefiniendo la interpretación de la Ley de Inmigración vigente desde 1965 para poner en funcionamiento una agresiva maquinaria de deportaciones que iniciaron los expresidentes George W. Bush y Barack Obama y continúa bajo el mandato de Trump.

Nada nuevo

El reporte advierte la separación de menores en la frontera, parte de la política de 'tolerancia cero' de Trump, y las horrendas condiciones en los centros de detención de ICE, “no son nada nuevo”. Y tampoco es nuevo el aumento de los arrestos, encarcelamientos, deportaciones o “personas encerradas en jaulas, durmiendo en los pisos y negándoles su humanidad básica”.

Agrega que “todos los días miles de personas están encerradas en estos centros de detención, prisiones, mientras prosiguen sus casos en los tribunales y tienen la esperanza de una nueva vida en Estados Unidos”, inmigrantes que en la mayoría de los casos han huido de sus países a causa de la violencia para salvar sus vidas”.

Pero debido al endurecimiento del debido proceso y las restricciones adoptadas por el gobierno de Trump, entre ellas la restricción al asilo, la formulación de cargos criminales en la frontera y la separación forzada de familias, sumado a las difíciles condiciones en los centros de detención, “muchos detenidos, particularmente en el sur profundo del país, renuncian a sus casos porque sus condiciones de confinamiento son demasiado aplastantes para soportar”.

“Las prisiones y los tribunales de inmigración son parte de un sistema aparentemente diseñado para hacer que los inmigrantes se rindan”, precisa el reporte. Y añade que muchos detenidos no tienen acceso a asistencia legal, “los jueces les niegan el asilo a tasas cercanas al 100%. Y, mientras tanto, son detenidos bajo cargos civiles de inmigración durante meses, incluso años, antes de que un juez resuelva sus futuros”, procesos en donde no existen garantías de ganar los juicios.

"En la cárcel obtienes tu sentencia y sabes cuándo estarás libre. Pero la detención de un inmigrante es infinita", dijo un hombre que estuvo detenido por más de 800 días en una cárcel de ICE citado en el reporte.

El caso Durán

Durán es un periodista de Memphis, Tennessee, que fue arrestado el 2 de abril mientras informaba una protesta por los derechos civiles para la publicación en español Memphis Noticias durante las conmemoraciones por el 50 aniversario de la muerte del reverendo Martin Luther King. Luego que la policía le pidió documentos fue entregado a ICE por sospecha de que se trataba de un indocumentado.

“El 5 de abril, tres días después de mi arresto, la policía del condado Shelby me entregó a ICE y desde entonces permanezco preso, esperando salir”, cuenta Durán, quien junto a su familia lleva más de 10 años en Estados Unidos viviendo indocumentado.

“Todos estos meses de encierro han sido de incertidumbre total”, cuenta. “Es bastante difícil, uno siempre está pendiente, a la espera, pero al mismo tiempo sin saber nada. Todo esto es bastante complicado. Y eso de alguna manera me ha afectado. He tratado de mantener el balance para soportar esta situación, pero cada día es más difícil”, explica con la voz quebrada.

“La verdad, es que a veces pienso que no vale la pena pero, sin embargo, al mismo tiempo, reacciono. Y es en esos esos momentos de optimismo que me doy ánimos para seguir luchando y pensar que, tal vez, de todo esto malo que me está pasando puede salir algo bueno”, dice ahora, esperanzado, como un ruego, una oración desesperada.

La liberación de Durán es incierta. “Tengo entendido que, mientras no se reabra mi caso, no puedo solicitar a una corte una audiencia de fianza”, dice. “El temor mas grande siempre ha sido regresar a mi país. Allá no se dan las condiciones. Llevo casi 13 años en Estados Unidos. Yo viajé por amenazas que recibí por hacer mi trabajo como periodista. Es muy complicado pensar en regresar. Debo seguir luchando a pesar de las dificultades”.

Sistema injusto

“El informe aporta los testimonios de testigos de duras experiencias de inmigrantes, como Manuel Durán, quienes narran las condiciones infrahumanas que viven en los centros de detención de ICE”, dice Laura Rivera, una abogada del SPLC y una de las autoras del informe. “Y evidencia que el tiempo que pueden llegar a estar encerrados puede ser en algunos casos infinito. Las sentencias que cumplen los inmigrantes se han convertido en indefinidas mientras luchan por sus casos”, agrega.

Rivera añade que “ el sistema migratorio estadounidense está diseñado para quebrar el espíritu de los inmigrantes con el propósito que abandonen los casos con mérito y eso no es justo”.

El diagnóstico mostrado por el Southern Poverty Law Center es dramático. “En los tribunales de inmigración hombres y mujeres detenidos recorren, con frecuencia, un confuso laberinto legal sin abogado. Los inmigrantes tienen derecho a contar con asistencia legal, pero solo si tienen cómo pagarlo. Y el asesoramiento se ha convertido en un lujo que pocos inmigrantes detenidos pueden permitirse, o incluso hallarlo mientras están encerrados en instalaciones remotas”, denuncia.

Agrega que “el panorama se está volviendo más sombrío a medida que el Fiscal General, Jeff Sessions, junto con el presidente Trump llevan a cabo su agenda contra los inmigrantes”. Esta política ha dado como resultado que “en los primeros siete meses de 2017, la población promedio diaria en custodia de ICE aumentó 14.4% en comparación con 2016, de 34,376 personas a 39,322 a pesar de una disminución en los cruces fronterizos indocumentados durante el mismo período”.

Otro factor que deteriora el sistema migratorio es la emisión de una directiva por parte de Sessions para descongestionar las cortes de inmigración “mediante el uso de cuotas de cierre de casos, un enfoque que amenaza con comprometer los derechos de debido proceso de los inmigrantes ya que genera más deportaciones que decisiones justas”, indica.

Las recomendaciones

El estudio del SPLC advierte que el actual sistema de detención de inmigrantes “es innecesariamente punitivo” y con frecuencia “obliga a los detenidos a renunciar a sus casos” para no pasar otro detenido.

Como soluciones, el Centro recomienda al Congreso que celebre audiencias para investigar los abusos a los derechos civiles y humanos en los centros de detención de ICE y las violaciones al debido proceso en el sistema de tribunales de inmigración.

La lista al legislativo agrega:

• Poner sin a las detenciones masivas y permitir que los inmigrantes vivan con sus familias mientras se resuelven sus casos. Con ello bajarán los costos y aliviarán la carga de los contribuyentes.
• La detención debe ser el último recurso. Los inmigrantes, que por definición no enfrentan cargos criminales ni cumplen condenas penales si están en detención migratoria, no deben estar tras las rejas.
• Aumentar la supervisión de ICE.
• Utilizar alternativas de detención, como la liberación bajo fianza.
• Derogar la cuota de camas en los centros de detención de ICE.
• Derogar el estatuto de detención obligatoria.
• Eliminar las órdenes del fiscal general que limita las actuaciones de los jueces de inmigración, entre ellas el sistema de cuotas.
• Fijar fianzas acordes con la capacidad de pago de los inmigrantes detenidos.
• Poner fin a la detención indefinida.
• Eliminar la motivación de lucro que justifica la detención de inmigrantes.
• Aprobar una Ley de Dignidad para Inmigrantes Detenidos.

Durán dijo que seguirá luchando a pesar de las enormes dificultades que enfrenta privado de libertad. “Aquí se viven muchas injusticias. Por ejemplo, si uno pide una conversación privada, se tardan a veces hasta un mes en responderle. O cuando a uno lo detienen, le quitan todo de encima, hasta el dinero y se lo entregan cuanto o cinco días más tarde. Y qué hace uno para hacer una llamada a la familia o al abogado. Tiene uno que pedirle a otro arrestado si le presta. Muchas veces uno se siente como criminal cuando no los somos. Pero así es como a uno lo hacen sentirse aquí adentro”, concluyó.