Las elecciones presidenciales en Estados Unidos siempre son complicadas, pero las del 2020 van más allá

Este artículo fue publicado originalmente en el sitio web del International Crisis Group.

Si bien los estadounidenses se han acostumbrado a un cierto nivel de conflicto en las campañas presidenciales celebradas cada cuatro años, en la memoria reciente no se han enfrentado a la posibilidad real de que el titular pueda llegar a rechazar el resultado, o que las elecciones puedan derivar en violencia.

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Eso ha cambiado en el 2020, gracias a la aparición de factores de riesgo que prenderían las alarmas en cualquier país: una polarización política ligada a cuestiones de raza e identidad; el surgimiento de grupos armados con agendas políticas; posibilidades más altas de lo habitual de que el resultado sea impugnado; y el presidente Donald Trump, un líder que con demasiada frecuencia se ha valido del conflicto para promover sus intereses personales y políticos. La probabilidad de disturbios puede variar a medida que cambian las dinámicas de las campañas, pero es casi seguro que el riesgo perdurará, y aumentará si cualquiera de las partes llega a sospechar fraude en las votaciones.

Los funcionarios gubernamentales de todos los niveles, los socios extranjeros, la sociedad civil y los medios de comunicación tradicionales y de redes sociales pueden ayudar a reducir ese riesgo.

En los días antes de la votación del 3 de noviembre, las administraciones estatales y locales, con el apoyo de la sociedad civil, deben redoblar sus esfuerzos para garantizar que los ciudadanos puedan votar, y que los funcionarios puedan contar los votos sin intimidación. Los medios tradicionales y de redes sociales no deben anunciar resultados prematuramente ni habilitar plataformas para que los candidatos declaren su victoria hasta que el proceso institucional haya seguido su curso.

Igualmente, los líderes extranjeros deben esperar antes de hacer sus llamadas telefónicas de felicitación. Lo ideal es que las figuras influyentes del partido republicano de Trump, y aquellos líderes extranjeros que tienen canales directos con el presidente y su círculo cercano, dejen claro el mensaje que interferir con la transferencia pacífica del poder es inaceptable y que, si llega a intentarlo, estaría solo.

En cierta forma, no es de extrañar que EE. UU. se enfrente al fantasma de la violencia electoral. El país puede estar en paz internamente, pero no es especialmente pacífico. EE. UU. ha sido testigo de la esclavitud, la guerra civil, linchamientos, luchas laborales y limpieza étnica contra los pueblos indígenas. Las heridas de esos legados nunca han sanado por completo.

El país está inundado de armas de fuego, tiene una tasa de homicidios por armas de fuego incomparable con cualquier otro país de altos ingresos y es cuna de un movimiento de supremacía blanca profundamente arraigado que, según los propios expertos del gobierno estadounidense, es cada vez más violento. La injusticia racial, desigualdad económica y brutalidad policial son fuentes crónicas de tensión, que periódicamente se materializa en manifestaciones pacíficas y, otras veces, en disturbios.

La ola de protestas desatada por el asesinato a manos de policías de George Floyd, un hombre negro desarmado, en la ciudad más grande del estado de Minnesota, Minneapolis, el 25 de mayo, ha disminuido, pero no desaparecido por completo después de cinco meses.

Aun así, es inusual que las elecciones estadounidenses estén en riesgo de ir tan mal que se cuestione la capacidad y resistencia de las instituciones democráticas del país, o que se llegue a pensar que el uso o la amenaza del uso de la fuerza pudiera influir en el resultado.

Un recuento en la disputada contienda del 2000 entre los candidatos de los dos partidos principales, el demócrata Al Gore y el republicano George W. Bush, se vio empañado cuando manifestantes conservadores impidieron el recuento de votos en el condado de Miami-Dade en la Florida. Pero ese incidente produjo poco más que una indignación limitada.

De hecho, Bush ganó la presidencia cuando la Corte Suprema detuvo el recuento y Gore concedió la derrota. Más allá de este suceso, los analistas tienden a remontarse a la contienda de 1876 entre el demócrata Samuel Tilden y el republicano Rutherford B. Hayes como la analogía más cercana al presente. En dicha contienda, cuatro estados enviaron listas distintas de electores al Colegio Electoral, el organismo encargado constitucionalmente de elegir al presidente.

Esta encrucijada solo se resolvió cuando Tilden aceptó abandonar la contienda a cambio de un acuerdo, que resultaría fatídico, para retirar a las tropas federales del sur y eliminar la protección de los esclavos recientemente liberados, lo cual dio inicio al período de segregación conocido como Jim Crow.

Entonces, ¿qué hace que el 2020 sea diferente? En pocas palabras, es la forma en que se acumulan los factores de riesgo. El país se enfrenta a un nivel de agitación social y política que posiblemente no ha visto desde la década de 1960.

Los principales partidos están polarizados sobre profundas cuestiones de identidad nacional, con muchos demócratas viéndolo como un momento crucial que determinará el compromiso del país con las normas democráticas, mientras que muchos republicanos ven a Trump como una barrera contra los cambios culturales y demográficos que les preocupa por sus efectos fundamentales sobre el carácter de la nación.

Un marcado giro generado por el COVID-19 hacia la votación por correo probablemente abra la puerta para una impugnación, y considerando lo que se percibe está en juego, se puede esperar que ambas partes luchen hasta la última instancia. En ese escenario, las complicadas leyes electorales de EE. UU. podrían desembocar en meses de tensa indecisión.

Otro factor de riesgo es la creciente amenaza de grupos, células y grupos armados de derecha, como los capturados a principios de octubre cuando conspiraban para secuestrar a Gretchen Whitmer, la gobernadora demócrata del estado de Michigan. Estos grupos podrían movilizarse para intimidar a los votantes en las urnas o, si se impugna el resultado, provocar caos en las calles.

Actores violentos de otras partes del espectro político, incluidos algunos activistas opuestos a las autoridades que a veces han hecho presencia, alterando protestas pacíficas contra el racismo durante el transcurso del 2019, podrían seguir sus pasos. Un enfrentamiento que dificulte la votación en un distrito importante de uno de los “estados decisivos” como Pensilvania, Michigan o Wisconsin, cuyos votos electorales pueden llegar a determinar la elección, podría intensificarse rápidamente.

Aun así, el principal factor que diferencia los cálculos de riesgo este año es el propio presidente Trump. No hay ningún precedente en la historia moderna de los EE. UU. para la retórica tóxica del presidente, la cual habitualmente llama al encarcelamiento de sus opositores políticos, respalda entre líneas a los supremacistas blancos y está impregnada de referencias marciales que parecen llamar a las armas a sus partidarios.

Pero quizás la principal razón por la que la prensa estadounidense y la sociedad civil se han enfocado tan intensamente en la posibilidad de disturbios violentos en medio de las elecciones, es que el propio Trump se ha negado a comprometerse a dejar el cargo pacíficamente, y sugirió que la única forma en que podría perder es si las elecciones eran manipuladas.

Por desalentador que parezca el panorama, todavía hay buenas razones para creer que EE. UU. podría superar este momento difícil sin un aumento en la violencia potencialmente desestabilizador. Algunas de estas son estructurales: un ejército apolítico que casi con certeza se negará a acatar órdenes ilegítimas, y una prensa y sociedad civil vibrantes que permiten un control efectivo del poder ejecutivo. Otros elementos son circunstanciales: quizás lo más importante es que los líderes de ambos partidos (incluidos, en particular, líderes senior del Partido Republicano) han señalado públicamente que creen que su candidato podría llegar a perder. Entre más conscientes sean los votantes de la posibilidad de que su candidato sea derrotado legítimamente, menos posibilidades de éxito tendrán las acusaciones demagógicas de manipulación de votos.

Sin embargo, hay demasiada dinamita que podría explotar con cualquier chispa. Dadas las circunstancias, la responsabilidad de todos los funcionarios en cada uno de los niveles del gobierno, de los socios extranjeros, de la sociedad civil y de los medios de comunicación debe ser anticipar cuales puedes ser las fuentes de fricción y los reclamos de los votantes y actuar rápidamente para resolverlos.

En el poco tiempo que queda antes de las elecciones, las administraciones a nivel de los estados y las localidades deben familiarizarse a fondo con las herramientas legales a su disposición y, con el apoyo de la sociedad civil, utilizarlas según sea necesario para que las votaciones y el escrutinio de estas puedan realizarse de manera ordenada y sin coerción. Los medios tradicionales y de redes sociales deben tomar precauciones adicionales para no pronunciar ganadores prematuramente, particularmente en “estados decisivos” donde es probable que los márgenes sean reducidos.

No deben habilitar plataformas para que los candidatos se declaren vencedores antes de que se conozca el resultado oficial, o para que propaguen desinformación contraproducente; algunos han tomado medidas al respecto, pero el desafío requerirá una capacidad de respuesta constante.

Los jefes de Estado extranjeros deben abstenerse de felicitar al ganador hasta que el proceso institucional haya seguido su curso, independientemente de cualquier posible presión de EE. UU. para hacer lo contrario. Si las elecciones toman un rumbo indeseado, tanto los líderes políticos nacionales como los líderes extranjeros con fácil acceso a Trump y a sus círculos internos deberían manifestarles en privado y en público que no recibirán su apoyo si intentan interferir con la tabulación de resultados o, en caso de perder, con la transferencia pacífica del poder.

Mientras tanto, los líderes políticos estadounidenses en todos los niveles deberían seguir el ejemplo de los dos candidatos a gobernador del estado de Utah, quienes grabaron un anuncio de servicio público en el que se comprometen conjuntamente a defender pacíficamente el proceso democrático. Idealmente, más líderes demócratas y republicanos se unirían antes de las elecciones para hacer compromisos públicos similares.

El fracaso de las instituciones democráticas para llevar a cabo elecciones pacíficas y, dependiendo del resultado, la transferencia de poder en los Estados Unidos sería malo para el pueblo estadounidense, para la gobernanza del país, para la credibilidad de la nación y, por lo tanto, para su influencia en el exterior y para sus socios extranjeros que (incluso después de cuatro años de Trump) todavía ven a EE. UU. como un parámetro de estabilidad y seguridad.

Con suerte, y tal vez un poco de ayuda de sus amigos, EE. UU. aún podrá salvarse y emerger listo para comenzar a reparar las fracturas sociales que lo han ayudado a llegar a este peligroso lugar.