559 niños siguen separados de sus padres: gobierno de Trump no ha reunificado a todas las familias y el plazo venció hace dos semanas

Ya han pasado dos semanas del plazo fijado en julio por la corte federal del sur de California para que el gobierno de Donald Trump reunificara a 2,551 niños con sus papás y todavía hay casi una treintena de padres que ni siquiera han podido ser ubicados.

Este viernes, durante una conferencia telefónica presidida por el juez Dana Sabraw, los abogados del gobierno y los de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ofrecieron nuevos reportes sobre los avances en el proceso de reunificación durante la última semana.

Los abogados del gobierno dijeron haber contactado a 360 de 386 padres afectados por la dura política migratoria de 'tolerancia cero' de Trump. De ellos, 299 fueron localizados durante la última semana.

Sabraw dijo que se trataba de una “gran cantidad de trabajo”, pero urgió al gobierno a dirigir sus recursos en buscar cuanto antes a los 26 padres restantes.

La ACLU, la mayor organización de derechos civiles de Estados Unidos, demandó en junio a la administración de Trump por las separaciones forzosas de familias en la frontera, argumentando que la política de ‘tolerancia cero’ viola la ley y coarta el derecho a solicitar asilo.

Tras la audiencia, ACLU dijo en su cuenta de la red social Twitter que ya “han pasado más de dos semanas desde que se suponía que la administración Trump terminaría de reunir a las familias que cruelmente separaron. Nos negamos a darles un momento de paz hasta que cumplan con las órdenes judiciales”.

La orden de Sabraw

El 26 de junio, Sabraw fijó al gobierno 14 días de plazo para reunificar a los menores de 5 años separados forzosamente en la frontera, y de 30 días para los mayores de 5 años.

El plazo concluyó el 26 de julio, pero ese día el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reconoció que de los 2,551 menores separados entre el 5 de mayo y el 9 de junio, unos 600 no habían sido reunificados por diversas razones, entre ellas porque sus padres ya no se encontraban en el país o no calificaban para algún beneficio por haberse convertido en inadmisibles bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

“Es obviamente muy lamentable que no hayan podido reunificarlos a todos, siendo que se trata de un problema que ellos (el gobierno) generaron y no supieron responder a la hora de regresarlos con sus padres”, dijo ese día a Univision Noticias Esmeralda Flores, directora de programa de defensa de los derechos de los inmigrantes y asuntos binacionales de la ACLU en San Diego.

Flores dijo además que los abogados de su organización “escucharán lo que digan los abogados del gobierno para conocer en detalle por qué no se cumplió con el veredicto dictado en junio por el juez Sabraw, qué razones tuvo para no hacerlo, y pedirle al tribunal que frene las deportaciones de las familias reunificadas para que tengan tiempo de preparar sus casos de asilo”.

El 16 de julio Sabraw detuvo temporalmente las deportaciones de familias reunificadas mientras seguía revisando la demanda de ACLU y la política del gobierno de Trump.

Las cifras

El jueves, un documento presentado por los abogados del gobierno a la corte precisó que de los más de 2,500 menores que fueron separados de sus familias en la frontera, las autoridades federales todavía tenían bajo su custodia a 559, una cifra apenas menor al registro anterior de 572.

De esa cantidad, permanecían en custodia 386 niños cuyos padres ya no se encuentran en el país. Entre ellos, la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR) había tenido contacto con los progenitores de 360 (299 en los últimos siete días).

La ACLU reitera que el gobierno no ha esclarecido por qué fueron deportados sin sus hijos, qué documentos firmaron y por qué perdieron sus derechos de permanencia, si sabían las consecuencias de firmar dichos documentos y por qué no les advirtieron que sus hijos se quedarían en Estados Unidos bajo el riesgo de perderlos.

Sobre los restantes 26 menores separados según el documento del jueves, el gobierno desconoce el paradero de sus padres, reportó la agencia EFE citando el informe. Agrega que algunos de ellos pudieron haber sido enviados de regreso a Guatemala y Honduras.

“Nunca lo habíamos visto”

La política de ‘tolerancia cero’ y la separación forzosa de familias en la frontera “no tienen registro” en Estados Unidos, dice Bárbara Hines, exprofesora de la Clínica Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas. “Esto es algo muy serio. Mi opinión, como siempre dije, es que al gobierno no le interesa la reunificación de la familia, nunca fue su plan”, agrega.

“Muchos de los padres que ahora no están en Estados Unidos firmaron papeles pensando que eso sería de una manera de reunificarse con sus niños, pero no fue así. Firmaron y terminaron siendo deportados de manera expedita”, indicó.

Hines dijo además que “muchos de los padres afectados por esta cruel política no hablaban español, se trataba de personas indígenas de Guatemala. A esto se suma la escasa información que debió haber recolectado de ellos el gobierno, y es por eso que ahora no tienen comunicación con ellos”.

“Esto es una situación terrible que ha generado este gobierno. Nunca lo habíamos visto. Solo había antecedentes de las deportaciones y separaciones forzadas durante la época de Hitler (en la Segunda Guerra Mundial) o en la Argentina de la dictadura con el robo de niños. Pero aquí, en Estados Unidos, no teníamos antecedentes, hasta ahora”, apuntó Hines.

El proceso de reunificación

En la audiencia telefónica del viernes, Sabraw permitió seguir adelante adelante con un plan de reunificaciones presentado por el gobierno y que está siendo ejecutado por los departamentos de Salud y Servicios Humanos (HHS), Seguridad Nacional (DHS), Estado (DOS) y Justicia (DOJ).

Sin embargo, otorgó plazo hasta el lunes a los abogados de ACLU para revisarlo y, en caso de objeciones, presentarlas al tribunal a más tardar el lunes.

El plan de reunificación del gobierno, que ya previamente había publicado el DHS, se basa en cinco pasos:

Identificar a las familias afectadas por las separaciones forzosas en la frontera.

• Contactarlas.
• Establecer las intenciones del padre con el menor.
• Transportar al menor hacia su país de origen, donde se encuentra el padre o madre.
• Reunificarlos.

El plan no incluye el derecho del menor y del padre a pedir asilo en Estados Unidos, un tema clave y que preocupa a la ACLU.
El gobierno advierte en el plan que, de no aprobarse una reunificación, el caso migratorio del menor seguirá su proceso hasta que concluya.

Tiempo para defenderse

Los abogados de ACLU insisten en que las familias reunificadas deben tener un plazo de al menos siete días para preparar sus casos migratorios y defender sus permanencias en Estados Unidos.

El gobierno alega que los extranjeros con orden final de deportación pueden ser expulsados de manera expedita. Pero abogados consultados por Univision Noticias advierten que muchos padres firmaron documentos presentados por los agentes de inmigración tras ser arrestados en la frontera, lo que los forzó a perder sus derechos de permanencia en Estados Unidos y recibir una orden de expulsión.

“Si una persona firma, no puede excusarse que no sabía lo que estaba firmando”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “Pero una persona puede negarse a firmar sin antes hablar con un abogado o que le traduzcan qué dice el documento que le están presentando”, agrega.

Guerrero, sin embargo, indica que “muchas veces el miedo es tan grande cuando lo arrestan, que las personas firman sin saber que pueden pedir hablar con un abogado o simplemente negarse a firmar hasta no saber el contenido de los documentos que le presentan. Muchas veces lo que firman es su deportación del país”.

Sabraw volvió a pedirle a los abogados tanto del gobierno como de la ACLU que sigan trabajando en el intercambio de información para acelerar los procesos de reunificación faltantes, y los citó para entregar nuevos reportes el jueves y a una audiencia telefónica el viernes de la próxima semana.