Abogados denuncian que agentes fronterizos envían notificaciones de comparecencia con direcciones falsas

Cientos de Notificaciones de Comparecencia (NTA) enviadas a migrantes que aguardan sus casos de asilo en México han sido enviadas a direcciones equivocadas o donde los migrantes no se encuentran y donde jamás se enteran. Y cuando descubren el error, se e nteran que recibieron una orden de deportación en ausencia.

Jorge Cancino
Por:
Jorge Cancino.
Un informe periodístico señala que el Departamento de Salud y Servicios Humanos identificó que unos 135 niños han sido enviados a Estados Unidos solos. Migrantes aseguran que esta difícil decisión obedece a que no pueden regresar a sus países debido a que sus vidas están en peligro.
Video Enviar a niños solos para que crucen la frontera: el drama de decenas de familias de migrantes

Abogados que representan a inmigrantes que piden asilo en Estados Unidos y fueron enviados a México a esperar que las cortes de inmigración resuelvan sus casos, alegan que las autoridades federales de inmigración están emitiendo Notificaciones de Comparecencia (NTA) fraudulentas que concluyen con una orden de deportación en ausencia.

“Nosotros hemos documentado que agentes de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP), en muchos casos no están incluyendo ninguna dirección en las NTA para comunicarse con el solicitante de asilo. Están inventando direcciones”, dice a Univision Noticias Roxanna Althoholz, co-directora de la Clínica Jurídica de Derecho Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Berkley, en California.

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Althoholz agregó que un estudio realizado en terreno halló que “de 332 NTA emitidas por el CBP en California, el 99,7% de ellas no incluyen dirección”, un caso grave porque los destinatarios de esos citatorios nunca se enteraron que debían acudir a la corte para dar seguimiento a sus casos de asilo.

“En otra investigación llevada a cabo en Ciudad Juárez, México, donde entrevistamos a 23 solicitantes de asilo y recopilamos docenas de Notificaciones de Comparecencia (NTA), vimos que todos tenían la misma dirección”, indicó.

La directora dijo además que “la dirección anotada en el documento correspondía a un albergue en el que ninguno de los 23 destinatarios del documento había estado, y tampoco sabían dónde se localizaba”.

La segunda investigación determinó además que los 23 afectados por estas NTA defectuosas “dieron otra dirección distinta cuando fueron detenidos en Estados Unidos y pidieron asilo a un oficial del CBP”.

Atrapados en el limbo

Un informe publicado en la página digital del Berkeley Law Human Rights Clinic da a conocer algunos de los casos citados por mencionados Althoholz. Entre ellos, el de Isabel y su esposo Chris, quienes huyeron de Venezuela con dos hijos pequeños luego que el activismo político contra el presidente Nicolás Maduro provocó ataques por parte de grupos paramilitares.

En otro caso, Roberto abandonó Cuba después de ser acosado y abusado debido a sus actividades políticas y su raza. Y Alejandra y Víctor, quienes se llevaron a sus tres hijos de El Salvador después de presentar un informe policial contra los líderes de pandilla Mara Salvatrucha MS-13.

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Todos ellos se encuentran atrapados en el limbo en Ciudad Juárez, México, tras pedir asilo en Estados Unidos y ser regresados en el marco del Protocolo de Protección al Migrante (MPP), activado el 20 de enero y que a la fecha a retornado a más de 56,000 peticionarios mientras se procesan sus pedidos de asilo.

Confiados en que recibirán sus NTA para presentarse ante un juez de inmigración, “muchos no se han enterado” de que fueron citados y, al no acudir al tribunal, “les emitieron una orden de deportación en ausencia”, dice Althoholz.

La orden pone fin a sus casos de asilo y los afectados quedan desamparados en medio de la incertidumbre y en unas de las zonas catalogadas como de las más peligrosas del mundo.

El caso Luna-García

A principios de este año, la Corte de Apelaciones del 5to Circuito rechazó la apelación presentada por Mélida Teresa Luna-García, una inmigrante de origen guatemalteco que hace unos años pidió asilo enla frontera de Texas. La mujer fue detenida junto a su hija de 3 años. “Las autoridades de aquel tiempo le pidieron una dirección y ella les dio la única que sabía, que era en el extranjero, la de su pueblo donde ella vivía en Guatemala”, contó Althoholz.

Luna-García había huido de Guatemala después de que miembros de su familia acordaron cooperar en un proceso de asesinato por violación de un presunto miembro de una pandilla.

Al avanzar el caso en la corte de inmigración, el gobierno de Estados Unidos se negó a enviar un aviso de procedimiento de deportación a la dirección que Luna-García entregó a las autoridades. Al no saber del citatorio y no presentarse ante el juez, la corte emitió una orden de deportación en ausencia.

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Pero la Corte de Apelaciones determinó que la ley federal requiere una dirección en Estados Unidos, y que el gobierno no tiene la obligación de notificar en una dirección extranjera.

Según la decisión, si los solicitantes de asilo no se presentan a sus audiencias a pesar de que nunca recibieron una NTA, la ley de Estados Unidos permite que sean deportados en ausencia. Ante esto, los abogados de Luna-García le pidieron a la Corte Suprema que tome el caso.

Amicus Curiae

Clínica Jurídica de Derecho Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Berkley confía en que si el máximo tribunal de justicia toma el caso y resuelve en favor de Luna-García, los afectados del programa MPP que nunca recibieron las NTA porque las direcciones fueron inventadas también se verán favorecidos y tendrán una nueva oportunidad en sus casos de asilo.

Para ello, la próxima semana entregarán a la Corte Suprema una petición de Amucus Criae (Amigos de la Corte) y sumarse a la defensa de Luna-García junto con el Catholic Legal Immigration Network, Inc. (CLINIC), la red de programas de inmigración sin fines de lucro más grande de Estados Unidos y que cuenta con aproximadamente 370 afiliados en 49 estados y el Distrito de Columbia, quienes sirven colectivamente a cientos de miles de inmigrantes de bajos ingresos cada año.

El grupo argumenta que el propósito es asegurarse que el tribunal tenga ante sí “puntos de vista críticos”, y “proporcione a la corte testimonios de primera mano esenciales por parte de los solicitantes de asilo bajo el MPP que se verían afectados negativamente si la decisión del tribunal de apelaciones se mantiene”.

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Los abogados alegan además que los solicitantes de asilo tienen derecho a ser notificados previamente de la fecha y la hora en que deben acudir a una corte para defender sus casos,
Y que la comparecencia es esencial porque la falta de comparecencia en las audiencias de los tribunales de inmigración puede tener consecuencias graves, e incluso mortales para los solicitantes de asilo.

El documento, dijo Althoholz, será presentado el 23 de diciembre.

Univision Noticias preguntó en un correo electrónico al CBP qué protocolo está siguiendo para enviar las NTA a los migrantes enviados a México bajo el MPP. Al cierre de esta nota no hemos recibido una respuesta.

<b>Silvia Gómez, de 25 años, sentada junto a su hija de 9 años</b> en el autobús en el que harán el primer trayecto hasta Tapachula. Se marcha porque su familia en Guatemala se lo pidió. Le dijeron que esperar hasta el 15 de enero de 2020 por su primera corte era un tiempo excesivo para andar con una niña en un albergue. Sus planes no están claros aún: cree que dejará a su hija en Guatemala y regresará a México cuando se aproxime su fecha de entrada a Estados Unidos para presentarse ante el juez de inmigración.
Un grupo de migrantes bajo el programa de 'Retorno a México' 
<b><a href="https://www.univision.com/noticias/inmigracion/en-buses-o-en-vuelos-pagados-por-trump-la-angustia-lleva-a-los-centroamericanos-que-esperan-en-mexico-a-devolverse-a-sus-paises">espera para subirse al autobús que les llevará de regreso a su país</a></b>, Guatemala. Un número creciente de centroamericanos están regresando a sus lugares de origen exhaustos por las largas esperas en México como consecuencia de este plan implementado por la administración Trump desde enero. Para sus primeras cortes, 
<b>los últimos que retornaron a Tijuana contaron que tienen que quedarse en México entre seis y nueve meses más.</b>
Una migrante muestra los documentos de la política Protocolo de Protección de Migrantes recibidos de manos de las autoridades estadounidenses antes de ser devuelta a Tijuana. Más de 20,000 migrantes ya forman parte de este programa, por el cual tienen que 
<b>esperar el resto de su proceso migratorio en ciudades fronterizas en las que corren riesgos de seguridad,</b> como Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Matamoros. 
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Personal de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) brinda información a una migrante sobre el programa de Retorno Voluntario Asistido en el albergue Ágape en Tijuana, México. 
<b>La OIM está proporcionando billetes de avión pagados con fondos del gobierno de Estados Unidos </b>a los migrantes que quieran regresarse a Honduras, El Salvador y Guatemala. Un funcionario de la OIM explicó a Univision Noticias que, aunque son muchos los que sí se regresan, al menos 50% de los que se anotan en las listas pueden cambiar de opinión en el lapso de una semana.
Iván Vargas, coordinador de la línea de autobuses privada Transporte Turístico Ejecutivo, revisa la lista de pasajeros de una unidad que tiene como destino Tapachula, Chiapas. La imagen fue tomada a las afueras del albergue Ágape en Tijuana, México.
Diana Cruz, de 16 años, dice adiós a sus amigos del albergue Ágape antes de subirse al autobús que llevará a su familia de Tijuana a Tapachula. Esta familia decidió emprender el viaje de regreso a su país de origen, Guatemala, después de ver que el proceso de petición de asilo estaba muy demorado y les obligaba a esperar en México. La hermana pequeña, Atziry, de 7 años, empezó a decirle a la mamá que echaba de menos a su abuela y quería regresarse y 
<b>la madre tomó la decisión de volver para no someter a sus niñas a más sufrimiento.</b>
La frontera entre México y Estados Unidos en El Chaparral, el cruce fronterizo en Tijuana. Decenas de inmigrantes llegan a este punto cada mañana para esperar su turno para entrar y ser entrevistados por la Patrulla Fronteriza. La espera promedio para que llamen un número ahora está en al menos cuatro meses. La mayoría de los migrantes son retornados a México con una fecha para su primera corte con un juez de inmigración. Pero, al final, el caso puede tomarles hasta un año, entre otras cosas, porque sin un abogado el juez los devuelve a México —o a los centros de detención si tienen la suerte de ser admitidos en Estados Unidos— hasta que vuelvan con alguien que los represente.
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Una adolescente guatemalteca que prefirió no ser identificada sale del albergue Embajadores de Jesús, antes de subirse a un autobús cuyo destino es Tapachula. Se regresa porque teme que en su corte el juez de inmigración la devuelva a la hielera de la Patrulla Fronteriza y tenga que vivir de nuevo el frío que caracteriza a estos lugares, la mala alimentaci´on y los maltratos de funcionarios que les reiteran que no son bienvenidos en Estados Unidos, según denuncia.
El pastor Gustavo Banda, encargado del albergue Embajadores de Jesús, en el patio trasero de su casa donde organizan cada día donaciones que reciben para los migrantes. "Les están dando una esperanza muy pequeña para que se queden", dice Banda. "Los quieren desanimar porque su cita es hasta enero del año próximo", agrega. Él cree además que la falta de permisos de trabajo y la poca asistencia que les da el gobierno mexicano para regularizarse es lo que los desalienta a esperar hasta su primera fecha de corte.
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Francisco, de 34 años, quiere regresar a su país por su hijo Andy Javier, de 9 años. “Está sufriendo, mejor le regreso para Guatemala”, explica minutos antes de que parta el autobús del albergue Ágape en Tijuana.
Dos hermanos guatemaltecos de 6 años y 8 años juegan antes de subirse al autobús que les llevará de Tijuana a Tapachula rumbo a Guatemala.
<b>Ileidy Díaz, de Guatemala, es la madre de esos niños.</b> Ella explica que su plan era que su esposo en Estados Unidos los pidiera, entre otras cosas porque ella y su hijo están enfermos: ella quería recibir tratamiento para su vitiligo y esperaba que su hijo pudiera ser tratado por una enfermedad en sus ojos. Por ahora, nada de eso ocurrirá. Díaz asegura que ya no quiere que sus hijos sufran más mientras esperan hasta el 14 de enero, cuando le tocará su fecha de corte. Cuenta que en la hielera les maltrataron, que a ella los funcionarios de la Patrulla Fronteriza la obligaron a la fuerza a firmar su regreso a México mientras sus hijos lloraban. "El miedo que eso me generó me hace devolverme a mi país", dice.
José Mario Sarmiento, de Honduras, en un autobús que viaja de Tijuana a Tapachula rumbo a Guatemala. “La vi muy difícil,” dice José Mario sobre la razón por la que ha decidido regresarse a su país. Llegó a Tijuana hace mes y medio. Quería cruzar ilegalmente ya que tiene una deportación previa, pero le dio mucho miedo la situación en la frontera y la posibilidad de ser arrestado y tener que pasar mucho tiempo en la cárcel.
Bolsas de basura cargadas de pertenencias de migrantes que se regresan a sus países de origen en un autobús privado con trayecto Tijuana-Tapachula.
<b>José María García, conocido como 'Chema', </b>encargado del albergue para migrantes Juventud 2000, parado frente a la casa ubicada en la zona norte de Tijuana, México, una de las áreas más inseguras de la ciudad. Según él, una parte de los centroamericanos que llegan al recinto deciden cruzar de forma ilegal a Estados Unidos "ya que ven que las posibilidades son cada vez más cerradas para poderse quedar o recibir el asilo", cuenta. Lo hacen, explica "porque cada vez ven más lejano (el fin de sus procesos) o cada vez ven menos las posibilidades de quedarse en los Estados Unidos". En sus estimaciones, 30% de los que llegan a su albergue se marchan o a su país o a la frontera para cruzar sin ser vistos.
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Silvia Gómez, de 25 años, sentada junto a su hija de 9 años en el autobús en el que harán el primer trayecto hasta Tapachula. Se marcha porque su familia en Guatemala se lo pidió. Le dijeron que esperar hasta el 15 de enero de 2020 por su primera corte era un tiempo excesivo para andar con una niña en un albergue. Sus planes no están claros aún: cree que dejará a su hija en Guatemala y regresará a México cuando se aproxime su fecha de entrada a Estados Unidos para presentarse ante el juez de inmigración.
Imagen Almudena Toral/Univision
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