El gobierno de Trump busca prohibir el asilo a inmigrantes condenados (incluso por manejar borrachos)
La nueva regla fue anunciada este miércoles por el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia y se enmarca en el plan de 'tolerancia cero' implementado por Trump desde que llegó a la Casa Blanca. En breve será publicada en el Registro Federal (diario oficial estadounidense) y se abrirá al comentario público antes de entrar en vigor.
Por:
Jorge Cancino.
La abogada de inmigración Jessica Domínguez explica qué sucede cuando un inmigrante se enferma y qué pueden hacer los familiares del detenido para tratar de ayudarlos.
Video ¿Qué derechos tiene un inmigrante que se enferma en un centro de detención?
El gobierno de Donald Trump planea prohibir el asilo a inmigrantes que han sido condenados, incluso aquellos que cometieron faltas como conducir ebrios o reingresar ilegalmente al país tras haber sido deportados. La nueva regla fue anunciada este miércoles por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia (DOJ), será publicada en breve en el Registro Federal (diario oficial estadounidense) y se abrirá al comentario público antes de entrar en vigor.
La nueva medida castigará principalmente a los extranjeros que regresan ilegalmente a EEUU después de una deportación; a quienes tengan condenas por manejar bajo la influencia (alcohol o drogas, DUI); o a quienes hayan tenido cargos por violencia doméstica.
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Ellos no podrán solicitar asilo bajo la propuesta de regulación anunciada el miércoles por el gobierno de Trump.Tanto el DHS como el DOJ indicaron en un comunicado conjunto que "enmendarán las regulaciones" vigentes para evitar que ciertos extranjeros criminales obtengan asilo".
La propuesta enumera siete áreas delictivas, incluidos algunos delitos de bajo nivel, que impedirán a los migrantes solicitar asilo, además de las restricciones federales ya vigentes.
Entre los delitos incluidos se encuentran: condenas de bajo nivel por identificación falsa o recibo ilegal de beneficios públicos, albergar o traficar inmigrantes, y delitos federales que involucren actividad de pandillas.
El plan también elimina el requisito de que los jueces de inmigración, en uso de su capacidad de discreción, reconsideren algunas denegaciones de asilo.
“El asilo es un beneficio de inmigración discrecional que generalmente pueden solicitar los extranjeros elegibles que están físicamente presentes o llegan a EEUU, independientemente de su estado”, se lee en el documento. Sin embargo, agrega, “el Congreso prohibió que ciertas categorías de extranjeros reciban asilo” y delegó en el Fiscal General y en el Secretario de Seguridad Nacional “la autoridad para establecer por reglamento barreras adicionales”, indicaron los secretarios.
La nueva normativa fue tildada como “un cambio peligroso” por el abogado Alex Gálvez, quien ejerce en Los Ángeles, California. “Ya existe un criterio aceptado durante años, que define qué tipo de delitos o faltas descalifican a una persona para pedir asilo en Estados Unidos”, indicó.
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“Los delitos se clasifican entre aquellos que atentan contra la moral o la seguridad de la nación, y aquellas faltas o delitos menores que no deberían afectar un pedido de asilo”, agregó.
Gálvez dijo además que “no debería ser que cualquier delito menor o falta descalifique a una persona. Esto significa que el gobierno está buscando establecer un nuevo criterio o clasificación de delito, y olvide el precedente histórico.
Añadió que “se trata de una medida de mala sangre que trata de forzar al máximo la política de tolerancia cero, llevándola al extremo. Una persona que comete una infracción no debería ser discriminada. Creo que, si lo hacen, estarían violando los derechos humanos”.
El cambio que baraja el gobierno se sumará a una larga lista de restricciones que el gobierno de Trump ha implementado desde que llegó a la Casa Blanca en enero del 2017 para cambiar la política de asilo sin el respaldo del Congreso.
Entre las modificaciones se incluyen: negar asilo a víctimas de violencia doméstica, separaciones forzadas en la frontera, negar asilo a personas que ingresan al país por zonas no autorizadas, negar fianzas a individuos detenidos, detenciones prolongadas y, desde el 20 de enero, regresar a México a solicitantes de asilo a esperar que los jueces de inmigración resuelvan sus casos.
Si bien la mayoría de los cambios han sido revertidos por jueces federales, las dificultades para pedir asilo han aumentado, al igual que los tiempos de espera.
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Según datos proporcionados por el Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad Syracuse, de Nueva York, las cortes de inmigración tienen acumulados más de 1.2 millones de casos y solo hay 440 jueces.
La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) ha advertido que algunos casos, dependiendo de la corte a la fue fueron asignados, pueden demorar más de tres años en ser resueltos.
El gobierno de Trump ha argumentado que la política de asilo está siendo abusada por los inmigrantes debido a “lagunas” o “vacíos legales” que no han sido resueltos por el Congreso.
Entre las “lagunas” mencionadas por el mandatario se cuentan el Acuerdo Judicial Flores de 1997, que prohíbe la encarcelación de menores de edad por más de 20 días; y la Ley TVPRA de 2008, que prohíbe la deportación acelerada de menores y exige que un juez de inmigración resuelva sus permanencias en Estados Unidos.
Ambas regulaciones le atan las manos al gobierno para desarrollar su política de tolerancia cero. Y aunque en los dos primeros años de su mandato Trump contó con un Congreso a favor controlado por los republicanos, ni la Cámara de Representantes ni el Senado llevaron al pleno iniciativas para modificar o anular ambas regulaciones.
La ley de inmigración vigente establece cinco causas o motivos de asilo, siendo ellos persecución por motivo de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social en particular u opinión política.
Tanto el Fiscal General William Barr como el Secretario de Seguridad Nacional interino, Chad Wolf, se han quejado de tales políticas.
"Creo que lo que estamos haciendo es jugar a la política con la seguridad pública", dijo Wolf recientemente en una entrevista de Fox News Channel sobre las leyes de Nueva York. "Eso es realmente preocupante desde la protección de la perspectiva de la patria, asegurándose de que los agentes de la ley del DHS tengan los datos y las herramientas que necesitan para proteger a sus comunidades".
Las siete áreas delictivas mencionadas por los secretarios Barr y Wofl son las siguientes:
Un delito grave bajo la ley federal o estatal;
Un delito menor bajo la Sección 8 U.S.C. § 1324 (a) (1) (A) o § 1324 (a) (1) (2) (tráfico o refugio de extranjeros);
Un delito menor bajo la Sección 8 U.S.C. § 1326 (Reingreso ilegal);
Un delito federal, estatal, tribal o local que involucre actividades criminales de pandillas callejeras;
Ciertos delitos federales, estatales, tribales o locales relacionados con la operación de un vehículo motorizado bajo la influencia de alcohol o drogas;
Un delito de violencia doméstica federal, estatal, tribal o local, o que un juez determina que ha participado en actos de agresión o crueldad extrema en un contexto doméstico, incluso si no resultó en una condena; y
Ciertos delitos menores bajo la ley federal o estatal por delitos relacionados con la identificación falsa; el recibo ilegal de beneficios públicos de una entidad federal, estatal, tribal o local; o la posesión o tráfico de una sustancia controlada o parafernalia de sustancias controladas.
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El anuncio añade que "según el marco legal y reglamentario actual, los agentes de asilo y los jueces de inmigración considerarán la aplicación de prohibiciones obligatorias de asilo en cada procedimiento que involucre a un extranjero que haya presentado una solicitud". Abogados advirtieron que miles de solicitantes de asilo que permanecen en libertad o aguardan en centros de detención están pendientes de asistir a las cortes de inmigración en fechas futuras les serán aplicadas estas reglas cuando entren en vigor.
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Silvia Gómez, de 25 años, sentada junto a su hija de 9 años en el autobús en el que harán el primer trayecto hasta Tapachula. Se marcha porque su familia en Guatemala se lo pidió. Le dijeron que esperar hasta el 15 de enero de 2020 por su primera corte era un tiempo excesivo para andar con una niña en un albergue. Sus planes no están claros aún: cree que dejará a su hija en Guatemala y regresará a México cuando se aproxime su fecha de entrada a Estados Unidos para presentarse ante el juez de inmigración.
