Abogados tildan de "extremos" los cambios migratorios que exige Trump para reabrir el gobierno

Abogados criticaron el martes el proyecto de ley republicano basado en la oferta que hizo el fin de semana el presidente Donald Trump para reabrir el gobierno a cambio de $5,700 millones para construir el muro en la frontera con México.

El plan, dijo la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), “esta lleno de disposiciones restrictivas extremas” que, en caso de ser aprobado, afectaría partes clave del sistema migratorio, entre ellos el asilo.

Bautizado bajo el nombre de "Secure the Border Act", la iniciativa de ley “contiene disposiciones extremas y debe rechazarse”, pide AILA, señalando además que el proyecto “representa puntos de vista restrictivos de línea dura, en lugar de un intento genuino de compromiso” por reparar el sistema migratorio actual.

Trump ofreció el sábado reinstalar los programas Acción Diferida de 2012 (DACA) y los Estatus de Protección Temporal (TPS), ambos programas cancelados por su gobierno, a cambio del dinero para el muro. Tres días más tarde los republicanos del Senado enviaron el proyecto basado en la oferta del mandatario.

“Entre otras disposiciones, el proyecto de ley proporcionaría protecciones frágiles para un segmento estrecho de beneficiarios de DACA y TPS, aumenta los fondos para la aplicación de la ley en el interior del país y en las fronteras, y casi elimina el asilo para los menores de edad”, advierte AILA.

Tanto DACA como el TPS conceden un amparo temporal de deportación y una autorización de empleo válida por el tiempo de amparo del programa. Trump canceló ambos beneficios entre el 2017 y el 2018, pero los tribunales de justicia anularon las decisiones por considerarlas arbitrarias e ilegales, y ordenaron restituirlos de inmediato.

DACA: protecciones incierta

En el análisis, AILA indica que el proyecto del Senado “no incluye protecciones reales para los soñadores” y que sólo beneficiaría a una fracción de todos los dreamers que viven en el país. Tampoco otorgaría una protección permanente contra la deportación.

“En cambio, permitiría a las personas que actualmente están amparados bajo DACA solicitar un estado temporal único de 3 años sujeto a nuevos estándares de elegibilidad”, añade la asociación.

AILA también advierte que “las nuevas restricciones agregadas en el texto, el número de dreamers que califican para la protección sería más pequeño que el número de personas que actualmente están protegidas, y el costo por el trámite (para la obtención del permiso de trabajo) sería más del doble de la tarifa actual”.

Cuando DACA fue activado en 2012 el gobierno de Barack Obama estimó entre 1.2 millones y 1.4 millones el número de dreamers que calificaban y que tenían menos de 31 años al 15 de junio de 2017. De ellos, poco más de 800,000 se inscribieron y cumplieron con los requisitos.

En enero del año pasado, durante los debates del presupuesto de gastos 2019, el gobierno de Trump habló de 1.8 millones de dreamers que calificarían para el programa.

El costo actual de registración al programa es de $410 más $85 por la toma biométrica de huellas digitales.

TPS: amparo temporal

En cuanto al TPS, los abogados indican que el plan republicano “no protege a todos los titulares” del programa humanitario y que “solo ampararía a las personas que ya cuentan con protección temporal de deportación.

Además, sólo cobijaría a inmigrantes de Honduras, Nicaragua, El Salvador y Haití, quienes podrían solicitar “un estado temporal único de 3 años”, sin derecho a renovarlo, al igual que DACA.

Agrega que “la cuota de solicitud se duplicaría”, similar a la recomendación hecha para los dreamers.

“El proyecto de ley también realiza cambios en las disposiciones de elegibilidad, lo que nuevamente reduce el número total de personas que calificarían para la protección, en comparación con la protección ahora vigente de manera temporal”, apuntan.

En otra advertencia, AILA indica que las protecciones sugeridas en el proyecto de ley republicano dejan fuera a liberianos con Salida Forzada Diferida (DED), y no incluye a inmigrantes actualmente con TPS originarios de Nepal, Sudán, Sudán del Sur, Yemen, Somalia, y Siria.

“Y añade nuevas restricciones a DACA y TPS, aumentando el número de personas que podrían ser deportados”, precisa.

Restricciones adicionales

El informe de AILA indica además que “el proyecto de ley contiene restricciones adicionales sobre DACA y TPS, y evitaría que cualquiera que haya recibido una orden de deportación en ausencia califique para la protección, no importa cuánto tiempo haya transcurrido desde la emisión de la orden”.

“Eso significa que, si un niño perdió una cita en la corte y reciba una orden de expulsión del país, no podría calificar
para el alivio de DACA o TPS”, subrayan.

AILA agrega otra lista de prohibiciones:

• Los beneficiarios de DACA y TPS también deberían obtener ingresos superiores al 125% del nivel de pobreza o estar matriculados en la escuela.
• Elimina virtualmente la disponibilidad de futuras protecciones de TPS.
• Reescribiría la ley actual para restringir la elegibilidad en caso de futuras designaciones de TPS a aquellos que están legalmente presentes en el país.
• Si alguien es indocumentados cuando su país de origen sufre un desastre natural o un conflicto armado, no será elegible si se designa el TPS.

En cuanto al asilo

Tras revisar el proyecto de ley, los abogados hallaron que “prohíbe el asilo para todos los menores de Centroamérica” y, además, desconoce (vacía) los argumentos contenidos en las leyes de protección a las víctimas de trata y de la Ley de Prevención de Tráfico Humano (TVPRA, de 2008).

También indica que a los menores de 18 años “se les prohibiría categóricamente solicitar asilo en la frontera o dentro de los Estados Unidos si estaban fuera del país en el momento de promulgar la ley, y autoriza al gobierno “a regresar por la fuerza” a los niños no acompañados si solicitan asilo, a menos que tengan alguna probabilidad que ganen un caso de asilo o tengan protecciones por tráfico humano. O en casos extremadamente limitados.

La ley actual exige que los menores de edad provenientes de países no fronterizos que sean detenidos en la frontera sean enviados a una corte de inmigración para que sea un juez quien decida sus futuros en Estados unidos.

Añade que la única forma en que un menor centroamericano puede calificar para el asilo “sería a través de un nuevo programa de Centroamericanos Menores (CAM), que se establecería dentro de ocho meses de promulgación de la ley”.

Para calificar, “los niños tendrían que tener un padre o tutor en Estados Unidos y se establecería un cupo de hasta 15,000 menores de edad que podrían recibir asilo”.

Cabe destacar que un programa similar fue creado por Barack Obama en el 2014, pero Trump lo eliminó al llegar a la Casa Banca. Además, redujo a 35,000 el cupo anual de refugiados, la reducción más grande hasta ahora del programa humanitario.

Otras preocupaciones

AILA también denuncia otras restricciones al plan:

• Los menores centroamericanos, al llegar a Estados Unidos, no serían inmediatamente elegibles para el asilo.
• Elimina todas las protecciones de asilo para estos menores durante al menos ocho meses.
• Los niños en el programa serían sujeto a una decisión no revisable por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y nunca verían a un juez de inmigración.

El muro
En cuanto al muro en la frontera con México, el plan autoriza $5,700 millones para erigir la valla y autoriza además “cientos de millones de dólares en fondos adicionales para la aplicación de la ley”, dinero que será utilizado “para casi cualquier tipo de aplicación”.

“Algunos de estos fondos provendrían de un nuevo cobro o tasa de $500 a cada solicitante de DACA o TPS, además del cobro por el trámite de registración.

Y añade:

• Aumenta en un 20% dramáticamente el número de camas de detención de ICE (A 52,000).
• Un aumento del 20% en los fondos para la detención y deportación de indocumentados (de $4,100 a 4,900 millones de dólares).
• Contratar nuevos agentes para la Patrulla Fronteriza (750 nuevos empleados)
• Contratar 2,000 nuevos agentes para ICE.
• Crear un nuevo delito. Las personas culpables de mentir en una solicitud recibirían penas de hasta 5 años de cárcel.
• Ampliar la definición de una solicitud de asilo frívola y evitar que los abogados objeten o disputen las afirmaciones de que la solicitud fue frívola.
• Declarar todas las solicitudes de asilo que están "claramente excluidas", tales como las solicitudes presentadas después de la fecha límite de un año de asilo como "frívola".
• Requerir que los solicitantes de asilo renuncien a sus derechos y elijan la salida voluntaria si deciden retirar su solicitud de asilo, o corren el riesgo de que su solicitud se considere frívola.
• Contratar 75 jueces de inmigración (con sus equipos) adicionales.
• Mejorar los recursos tecnológicos en las cortes de inmigración.

AILA advierte además que el proyecto de ley “no incluye las reformas necesarias” para mejorar la capacidad de los tribunales de inmigración a efecto de “asegurar una revisión justa y eficiente de todos los casos”. Y añade en su análisis que “el gobierno de Trump ha obstaculizado los tribunales de inmigración al negar a los jueces el uso de herramientas discrecionales” para el cierre administrativo de casos, tal como la suspensión de deportaciones de personas que no constituyen una amenaza para la seguridad pública o nacional.
El año pasado el entonces fiscal general, Jeff Sessions, bajo el argumento de la política de tolerancia cero de Trump, orden-o la reapertura de más de 350,000 casos como estos suspendidos administrativamente por los jueces en las últimas dos décadas. La decisión eleva a más de 1,200,000 los casos acumulados en las cortes de inmigración del país.