Más de 120 organizaciones piden al próximo Congreso que independice la Corte de Inmigración
Un grupo de 120 organizaciones encabezado por abogados y jueces de inmigración pidió al nuevo Congreso electo que asume en enero, que independice la Corte de inmigración para salvaguardar el debido proceso.
Por:
Jorge Cancino.
Tijuana fue la primera ciudad en la que se implementaron los Protocolos de Protección de Migrantes, también conocidos como ‘Quédate en México’. Esta política permite al gobierno estadounidense devolver a los solicitantes de asilo a México, donde esperan durante meses en siete ciudades fronterizas mexicanas con alta incidencia delictiva. Tijuana es considerada la menos insegura para ellos, pero a la vez es una de las ciudades más violentas del mundo. Allí, los migrantes reviven sus miedos y desarrollan nuevos traumas en medio de amenazas que pensaban habían escapado.
Video El trauma, el miedo y la desesperanza de quienes esperan su asilo atrapados en México
Un grupo de 120 organizaciones encabezado por la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) y la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) pidió al nuevo Congreso electo que asume en enero, que independice la Corte de inmigración para salvaguardar el debido proceso.
En una carta dirigida a la legisladora Zoe Lofgren, presidenta de la Comisión del Poder Judicial del Subcomité de Inmigración y Ciudadanía de la Cámara de Representantes, el grupo expresó “nuestro continuo y firme apoyo” a la creación de una Corte de Inmigración independiente que no opere bajo el mando del Fiscal General.
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“Ha pasado casi un año desde que el Subcomité de Inmigración y Ciudadanía celebró una audiencia donde se expuso la crisis por la que atraviesan los tribunales de inmigración y la necesidad de establecer un estado de justicia independiente que resguarde el debido proceso”, indica.
“Como usted sabe, esa audiencia destacó las muchas fallas en la estructura de los tribunales de inmigración y la necesidad de la creación de un tribunal de inmigración que no viva bajo el Departamento de Justicia”, agrega.
Desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca en enero de 2017, el Departamento de Justicia (DOJ) ha desarrollado un ataque sistemático para desarmar el sistema migratorio vigente desde la década de los años 60.
El objetivo del gobierno ha sido la implementación de la política de ‘tolerancia cero’ para detener la inmigración indocumentada y también la inmigración legal.
Los cambios han sido operados por medio de órdenes ejecutivas y memorandos, un mecanismo que dejó por fuera el respaldo de ambas cámaras del Congreso.
En enero, abogados y jueces, alarmados por las restricciones impuestas al debido proceso, jueces y abogados simultáneamente pidieron al gobierno que proteja y respete el debido proceso migratorio para garantizar la entrega de “decisiones justas, oportunas y recuperar la confianza del público”, pero los llamados fueron desatendidos tanto por la Casa Blanca como por el DOJ.
En el último año AILA ha denunciado que la principal causa del deterioro en el sistema de inmigración ha sido la “politización”, un problema que ha echado raíces y que se ha generado “durante años” provocando serios problemas que urgen ser resueltos.
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Añade que gobiernos anteriores “han tomado repetidas decisiones políticas, a veces no necesariamente eficientes, legales o racionales, sino porque son convenientes”.
Y ha advertido que “este sistema defectuoso ha permitido al gobierno de Trump “transformar las cortes de inmigración en una agencia de aplicación y ejecución (de la ley de inmigración) en lugar de ser un árbitro justo y neutral”.
Los cambios implementados en los últimos cuatro años “han socavado la independencia de jueces y debilitando el debido proceso”, precisa.
“Se está presionando a los jueces para que tomen decisiones a un ritmo vertiginoso a costa de la precisión. Al mismo tiempo, el DOJ y el EOIR (Corte de Inmigración) están despojando a los jueces de su capacidad para controlan sus expedientes, ralentizando el procesamiento de casos y reduciendo la eficiencia”, indica un informe publicado a principios de este año.
En noviembre, cuatro meses después de que la Autoridad Federal de Relaciones Laborales (FLRA) determinara que los jueces de inmigración tenían plenos derechos laborales, decisión que les permitió permanecer sindicalizados y ejercer conforme dicta el debido proceso migratorio y no obedecer órdenes del Fiscal General, un panel de la misma entidad revirtió la sentencia y aceptó los argumentos presentados por el gobierno.
El segundo fallo, entregado un día antes de la elección presidencial, indicó que los jueces no pueden sindicalizarse porque son "funcionarios del gobierno" y, por lo tanto, no pueden formar ni ser miembros de una organización laboral.
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La decisión despojó a más de 450 empleados federales de sus derechos de negociación colectiva.
La NAIJ dijo que el dictamen era “indignante” y que se encontraba “indignada, aunque no sorprendida” por la decisión.
La entidad denunció además los asaltos permanentes por parte del gobierno para deshacer el sindicato y “diezmar los derechos de negociación” de los jueces en un esfuerzo diseñado para “transformar la fuerza laboral federal en un organismo a voluntad y profundamente politizada”.
“Hemos perdido esta batalla, pero ganaremos la guerra”, señaló el sindicato. Y agregó que “estábamos preparados para este día, seguiremos luchando y estamos estudiando todas y cada una de las opciones legales y de otro tipo disponibles”.
Los reclamos de los jueces están contenidos en la carta enviada a Lofgren.
El nuevo Congreso iniciará el período de sesiones 2021-2222 a partir del 3 de enero. El 5 de enero el Estado de Georgia llevará a cabo elecciones de segunda vuelta que determinarán el control del Senado, hasta ahora en poder del Partido Republicano, mientras que la Cámara de Representantes mantiene la mayoría demócrata.
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El asesor del presidente Donald Trump, Stephen Miller, es conocido por su férrea posición en contra de la inmigración, incluso es reconocido como uno de los ideólogos del gobierno en su política antiinmigrante. Uno de sus puntos más polémicos los expuso durante una rueda de prensa en la Casa Blanca donde, en una discusión con el reportero de CNN Jim Acosta, insistió que para aceptar a un inmigrante uno de los requisitos principales debe ser que hable inglés.
