Advierten que la eliminación de fianza para los asilados los condena a largos tiempos de encierro
La negación de fianza fue ordenada por el fiscal general William Barr en medio de una nueva oleada migratoria, formada principalmente centroamericanos que huyen del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) y a la que Trump le ha declarado una guerra sin cuartel.
Por:
Jorge Cancino.
En una entrevista para CBS, Kevin McAleenan también reconoció que la política no tuvo éxito porque perdió el apoyo popular.
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La reciente política anunciada por el gobierno de Donald Trump de eliminar el derecho a una fianza a solicitantes de asilo recibió el rechazo de la Barra de Abogados de Estados Unidos (ABA). Y además pide que la medida sea revertida para evitar que se dañe el debido proceso migratorio.
En una carta enviada la semana pasada al Fiscal General, William Barr y hecha pública este lunes por la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), la ABA dijo tener “serias preocupaciones” con respecto a la decisión de eliminar el derecho de ciertos solicitantes de asilo “a recibir una audiencia de fianza ante un juez de inmigración” y esoperar libres la resolución de sus casos.
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El gobierno de Trump dio un nuevo golpe a la política de asilo el pasado martes al disponer que mantendrá privados de libertad por tiempo indefinido a miles de inmigrantes que piden asilo en Estados Unidos tras cruzar la frontera por lugares no autorizados.
“Esta decisión dará lugar a un aumento innecesario en los tiempos de detención de solicitantes de asilo”, considerados por la ABA como uno de los grupos de migrantes más vulnerables que huyen de sus países a causa de la violencia y la pobreza.
Los abogados advierten además que esta medida “tendrá un costo significativo para el gobierno”, por lo que piden a Barr que “reconsidere” la nueva política, que entrará en vigor dentro de 90 días a partir del día en que fue emitida.
La negación de fianza fue emitida por Barr en medio de una nueva oleada migratoria, formada principalmente centroamericanos que huyen del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) y que Trump le ha declarado una guerra sin cuartel.
Hasta ahora cualquier migrante que llegue a Estados Unidos, ya sea por un puerto o zona autorizada o entre puertos fronterizos, puede pedir asilo. Y una vez comenzado el proceso, mientras no represente una amenaza para la seguridad pública o nacional de Estados Unidos, tiene derecho a solicitar una audiencia de fianza.
“Primero tienen que establecer la existencia de miedo creíble”, dice a Univision Noticias Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas. “Una vez el pasa este proceso y la persona no constituye una amenaza para el país, no tiene antecedentes criminales y las autoridades confirman que no ha sido deportada antes, califica para una audiencia de fianza o puede ser elegible para ser puesto en libertad bajo palabra”, agregó.
La ABA apuntó en la misiva que la decisión comunicada por Barr “anula un precedente de larga data”. Y que la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) determinó que los solicitantes de asilo que ingresan a Estados Unidos “y tienen un temor creíble de persecución, son elegibles para una audiencia de fianza individualizada ante un juez de inmigración”.
La asociación dijo además que, con la decisión de cambiar la política, “la única esperanza de liberación” de estos solicitantes de asilo recaerá en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), agencia que ha califica de “inconsistente” en materia de derecho migratorio.
“Como resultado, miles de solicitantes de asilo permanecerán detenidos durante los meses o años necesarios para completar sus casos”, advierte, teniendo en cuenta que en la actualidad las cortes de inmigración ya superan los 860,000 casos.
Ante tal escenario, la ABA recomienda a Barr detener a los solicitantes de asilo y otros migrantes “sólo bajo circunstancias extraordinarias y en un ambiente menos restrictivo para garantizar sus comparecencias en los procedimientos judiciales”.
“La pérdida de libertad tiene efectos punitivos y socava los derechos en muchos niveles, incluido el derecho a tener o recibir consejo legal”, añade la carta. “El impacto de la detención es particularmente negativo para los grupos vulnerables, como los solicitantes de asilo y las víctimas de delitos, que pueden sufrir traumas y temerle a la autoridad del gobierno, además de desarrollar condiciones físicas o mentales que pueden ser exacerbadas por la falta de una tención adecuada”.
La barra de abogados también previene que el aumento de la detención “tiene impactos negativos no solo en los solicitantes de asilo, sino también en el sistema judicial de inmigración”. E indica que “las personas detenidas tienen muchas menos probabilidades de obtener asistencia legal y la representación de un abogado” para defender sus casos en los tribunales de inmigración.
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Apunta además que en lugares remotos los detenidos enfrentan serias dificultades para hallar un abogado y que además los centros de detención no facilitan una buena comunicación.
“Se ha demostrado que la falta de representación afecta los resultados de los y hace que el proceso de adjudicación sea menos eficiente, lo que puede resultar en la prolongación de los casos judiciales en momentos en que el atasco en los tribunales se encuentra en su punto más alto”, añade.
La ABA teme además que la medida de Barr “sea un paso más en una serie de acciones recientes tomadas por el Departamento de Justicia para eliminar la discreción y restringir la autoridad de los jueces de inmigración”, todo ello dentro de la política de tolerancia cero del gobierno de Trump.
“La decisión de privar a cualquier persona, ciudadana o no, de su libertad, golpea en el corazón de nuestros principios fundamentales del debido proceso. Estas decisiones deben ser tomadas de forma individualizada por jueces de inmigración neutrales e independientes, no dejados a la discreción de una autoridad de agencia”, precisa la carta.
La entidad dijo además que la eliminación del derecho a fianza para ciertos solicitantes de asilo, sin lugar a dudas, “exacerbará el impacto negativo de las políticas adoptadas en los últimos dos años que han socavado el acceso significativo y las protecciones para los refugiados y el asilo”.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) tildó la orden de Barr como una medida “obscena”.
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