Fiscal general planea "importantes cambios" en las cortes de inmigración para favorecer política de Trump

Dos meses después de asumir el cargo de fiscal general, William Bar está planificando “importantes cambios” en los tribunales de inmigración para acomodarlos a la política migratoria del presidente Donald Trump, según lo reportó el diario San Francisco Chronicle.

Barr, quien reemplaza en el cargo al denunciado Jeff Sessions –autor entre otras medidas de la separación forzosa de familias inmigrantes en la frontera y de la reapertura de más de 350,000 casos de deportación cerrados administrativamente– planea aumentar la dotación de jueces, modificar la estructura de la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) y descongestionar el atasco en los tribunales, que a finales de enero registraba por encima de los 840,000 casos.

El San Francisco Chronicle asegura que el Departamento de Justicia está a punto de emitir cambios en las reglas que facilitarían que el panel de jueces del EIOR (la corte de apelaciones e inmigración) “declaren sus decisiones vinculantes para todo el sistema de inmigración”, cambio que impactará todo el sistema.

La medida contempla, incluso, considerar el uso de decisiones de un solo juez a nivel de apelación, y al mismo tiempo remodelar el sistema con la contratación de nuevos jueces.

Los reportes indican que el nuevo reglamento fue enviado a la Casa Blanca para su revisión antes de ser finalizado y puesto en vigor.

El plan

Barr propone un cambio de regulación que tiene dos partes principales:

• Permite a la corte de apelaciones de inmigración (EOIR) emitir más fácilmente "declaraciones sin opinión". Esas declaraciones ocurren cuando un solo juez de apelaciones, en lugar de un panel de tres jueces, defiende la deportación de un tribunal inferior. La decisión se podrá emitir sin una explicación. Y la junta de apelaciones podrá argumentar recursos limitados, como la escasez de personal o una gran cantidad de casos, para emitir tales afirmaciones superficiales, algo que no puede hacer ahora.
• Cambia la manera en que la junta de apelaciones puede hacer públicas sus decisiones y crea un precedente vinculante para todos los 400 jueces de inmigración actuales y el propio tribunal de apelaciones. La modificación puede dejar fuera como causal la violencia de pandillas o casos de violencia doméstica que hasta ahora califican para el asilo y que impactan en una población vulnerable que necesita protección.

En la actualidad, la junta de apelaciones puede declarar un precedente vinculante solo si la mayoría de los jueces permanentes tienen voto para hacerlo. El reglamento eliminaría ese requisito y permitiría que una mayoría de dos jueces de cualquier panel de tres que decide un caso, lo declare un precedente.
También le daría ese poder al fiscal general, permitiéndole establecer como precedente cualquier decisión del panel de tres jueces que elija, dijo el diario.

Bajo ataque de Trump

El gobierno de Trump estima que los cambios sugeridos por Barr “son medidas de eficiencia” que ayudarán en la reparación del sistema judicial migratorio, que a juicio del presidente es un “desastre”.

A comienzos de esta semana, previo a un viaje a Calexico, California, Trump dijo que “el Congreso tiene que actuar. Tienen que deshacerse de todo el sistema de asilo, porque no funciona. Y francamente, también deberíamos deshacernos de los jueces".

El comentario desató una inmediata respuesta de los jueces: "Es obvio que no entiende absolutamente nada de política internacional, y no tiene ni la más mínima idea de cómo lidiar con el reto de la inmigración", indicaron.

La oleada migratoria sin precedentes que se registra en la frontera desde 2013 y recién reconocida por el gobierno en junio de 2014, bajo la Administración de Barack Obama, puso en jaque la capacidad de respuesta de los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional (DHS), sin que hasta el momento brinden soluciones efectivas.

Clima de nervios

El Chronicle también dice que las medidas planificadas por Barr han causado alarma entre abogados y defensores de los inmigrantes que temen que las nuevas “herramientas de eficiencia” se utilicen para reformar drásticamente la ley de inmigración sin el consentimiento del Congreso.

El exfiscal general Sessions heredó a Barr un sistema totalmente distinto al que recibió de Obama el 20 de enero de 2017, cuando Trump llegó a la Casa Blanca. El exsenador por Alabama, otrora un potente aliado del presidente, a golpe de memorandos debilitó el debido proceso, cambió reglas de asilo, ordenó a los jueces que en los juicios de deportación debe prevalecer la intención del proceso (es decir, la expulsión por sobre cualquier argumento), eliminó facultades discrecionales a los jueces y les impuso cuotas anuales que se utilizan para evaluar sus desempeños.

Sessions, además, utilizó la acumulación de casos en las cortes de inmigración como foco central de su mandato, pero en noviembre, tras ser despedido por Trump a través de su cuenta de Twitter, el exfiscal general sumó otros 100,000 casos.

Plan viejo

Los cambios recomendados por Barr fueron ventilados por primera vez durante el gobierno del presidente George W. Bush, en la época de respuestas a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

En aquel entonces se propuso permitir que el sistema de tribunales de apelaciones de 21 jueces que atiende los casos de inmigración tuviera más libertad para emitir opiniones rápidas sin explicación alguna.

También se le permitiría al tribunal establecer precedentes con solo una pequeña minoría de jueces de apelaciones participando, lo que podría acelerar drásticamente la capacidad de la administración para hacer cambios a la ley de inmigración que no requerirían acción del Congreso, advierte el periódico.

Guerra abierta

Los cambios que afectan al debido proceso migratorio tienen en pie de guerra a la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ).

En mayo del año pasado, cuando Sessions le quitó a los jueces facultad de cerrar administrativamente los casos de deportación (aquellos que llevan años en el país, tienen familias establecidas y no representan una amenaza a la seguridad pública y nacional del país), la entidad se declaró “decepcionada”.

"La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) está muy decepcionada con la decisión del Fiscal General de quitarnos una herramienta para controlar nuestros expedientes", dijo en ese entonces a Univision Noticias la jueza Dana Leigh Marks, portavoz de la NAIJ. "Hemos aconsejado sobre ese asunto y dado a conocer el punto de vista de las cortes explicando que el cierre administrativo es un método útil para nosotros y poder arreglar nuestros expedientes en una manera más eficaz, especialmente en la época de tantos casos atrasados".

En septiembre, Marks advirtió que “el impacto más grande lo demuestra el enfoque político actual del gobierno hacia las cortes de inmigración, que persiste en limitar la independencia de los jueces e impulsarlos a emitir órdenes de deportación rápidamente en lugar de involucrarse en la resolución creativa de problemas y resultados prácticos para las personas” que enfrentan procesos judiciales.

Marks agregó que “una vez más, desde la perspectiva de NAIJ, este es un paso que demuestra el error fatal de tener las cortes de inmigración bajo el mando de una agencia de aplicación de la ley. La naturaleza misma de nuestras misiones está en desacuerdo entre sí, y decisiones como esta, tomadas por una parte en el proceso, limitan la autoridad del juez y socavan la integridad del sistema porque no hay verdadera independencia para el que toma las decisiones”.

“Esta es la razón por la cual una corte independiente fuera del Departamento de Justicia es una necesidad absoluta”, concluyó.