Amnistía Internacional: el gobierno separó forzosamente a 8,000 familias de inmigrantes desde 2017
La cifra fue obtenida en base a informes entregados al grupo de derechos humanos por la Patrulla Fronteriza y la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, una dependencia del Departamento de Salud y Recursos Humanos.
Por:
Jorge Cancino.
Las autoridades consulares están sorprendidas porque se les había notificado que el lugar ubicado en el área de Tornillo sería cerrado a finales de agosto. Sin embargo, el gobierno habría decidido expandirlo y traer a más menores de otros centros del país.
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El número de separaciones forzosas de familias inmigrantes en la frontera con México reconocido por el gobierno de Donald Trump es menor a los datos recopilados por Amnistía Internacional (AI), según un informe publicado este jueves.
La cifra supera con creces la admitida por el gobierno de Trump en junio, tras un dictamen emitido por una corte del sur de California, en San Diego, que fijó un plazo de 30 días para que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reunificara a todas las familias afectadas por la implementación de la política de tolerancia cero.
En aquella oportunidad el gobierno reconoció que había separado a 2,551 familias, pero luego rectificó la cifra al tribunal indicando que el total de separaciones fueron 2,652.
Las separaciones, también según el DHS, ocurrieron entre el 5 de mayo y mediados de junio de 2018.
Pero el informe de AIrevela que “solamente entre el 19 de abril y el 15 de agosto de 2018 (el gobierno) había separado forzosamente a más de 6,000 unidades familiares (término que utilizan las autoridades estadounidenses de forma contradictoria para referirse tanto a familias enteras como a miembros individuales de una familia)”, una cantidad que se entiende como mayor “que lo que las autoridades habían admitido con anterioridad”.
El reporte agrega que “la CBP confirmó que esta cifra seguía excluyendo un número no revelado de familias cuyas separaciones no se registraron debidamente, como en los casos de abuelos y abuelas o de otros miembros de la familia no inmediata, cuyas relaciones las autoridades clasifican de ‘fraudulentas’ y no incluyen en sus estadísticas”.
“En total, el gobierno de Trump ha reconocido ahora que ha separado aproximadamente a 8,000 unidades familiares desde 2017”, puntualiza el estudio.
Amnistía Internacional tildó la cifra de “dramática” y “conmovedora”, dijo a Univision Noticias Carlos Mendoza, vocero de la organización. “Todas las separaciones forzosas denunciadas han ocurrido bajo la política de ‘tolerancia cero’ del gobierno de Trump”, agregó.
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Mendoza explicó que la cifra de familias separadas se obtuvo en base a reportes del CBP, de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), dependiente del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS).
“Y también documentos judiciales del periodo comprendido entre los meses de noviembre de 2017 a septiembre de 2018”, indicó. “Y también de entrevistas y misiones de campo entre enero y mayo de este año”.
“Los datos que arroja el estudio quedan muy por debajo a las cifras proporcionadas por el gobierno”, indicó. “Muchos de los niños separados todavía se encuentran bajo el cuidado del gobierno y muchos padres han sido deportados sin sus hijos”.
Mendoza citó que la única cifra reconocida hasta ahora por el gobierno “es la entregada a la corte del sur de California. De las 2,652 separaciones, 2,296 han sido reunificados. “De ellos, 219 menores no serán reunificados porque el gobierno dice que no califican”, precisó.
Más de 473 padres de los 2,652 separados forzosamente y que fueron reconocidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), fueron deportados “en muchos casos de manera fraudulenta” obligándolos a firmar documentos sin explicarles sus derechos y las las consecuencias de hacerlo, ha denunciado la Asociación Americana de Libertades Civiles (ACLU).
El grupo, que demandó al gobierno y consiguió la orden de reunificar a loas familias, también logró que la corte federal del sur de California aceptara un acuerdo entre sus abogados y los del gobierno para que cientos de padres afectados por las separaciones tengan una segunda entrevista de asilo.
AI señala en el estudio que el gobierno de Trump “ha adoptado deliberadamente unas políticas y prácticas de inmigración que han causado un daño catastrófico a miles de personas que buscan seguridad en Estados Unidos”, traduciéndose en “un precio brutal de los esfuerzos del gobierno para debilitar y desmantelar el sistema de asilo estadounidense en violación flagrante de la legislación nacional y del derecho internacional”.
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Las crueles políticas y prácticas documentadas incluyen deportaciones masivas e ilegales de solicitantes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México, miles de separaciones ilegales de familias y detenciones cada vez más arbitrarias e indefinidas de solicitantes de asilo, a menudo sin posibilidad de libertad condicional”, añade.
“La administración Trump está llevando a cabo una campaña deliberada de violaciones generalizadas de derechos humanos para castigar a las personas que buscan seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México, y disuadirlas”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“La intensidad, escala y alcance de los abusos contra quienes buscan asilo es realmente indignante. El Congreso y los organismos encargados de hacer cumplir la ley de Estados Unidos deben realizar investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales para exigir cuentas al gobierno y garantizar que esto no vuelve a ocurrir nunca”, agregó.
Mendoza dijo que durante las investigaciones de campo Amnistía Internacional entrevistó a personas solicitantes de asilo que se hallaban detenidas indefinidamente tras haber solicitado la protección del gobierno de Estados Unidos, entre ellas personas separadas de sus familias, ancianas o con problemas agudos de salud y necesidades médicas.
AI documentó asimismo los casos de 15 personas solicitantes de asilo transgénero y homosexuales que estuvieron detenidas entre varios meses y casi tres años sin libertad condicional, a dos de las cuales se les denegó la libertad condicional a pesar de haber sufrido agresiones sexuales bajo custodia.
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En varios casos, sus experiencias de detención indefinida constituyeron malos tratos, denuncia el informe.
El nuevo centro está ubicado en el puerto de entrada terrestre de Tornillo, Texas, a unas 40 millas al sureste de El Paso, muy cerca de la valla fronteriza.
19 tiendas de campañas y 18 baños portátiles conforman este nuevo establecimiento que se supone será ‘temporal’.
