Coronavirus: qué impacto tendrá la ayuda económica que reciban los inmigrantes en la determinación de carga pública

Inmigrantes que residen legalmente en Estados Unidos, pagan impuestos y se aprontan para recibir los cheques de ayuda que enviará el gobierno para aliviar la crisis desatada por la pandemia del coronavirus, se preguntan si ese dinero les afectará en el futuro cuando soliciten, por ejemplo, la residencia (green card).

¿Les negarán la petición de cualquier tipo de beneficio migratorio por recibir dinero del gobierno? ¿Recibirán una determinación negativa por carga pública?

La semana el presidente Donald Trump firmó la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus (CARES), un rescate económico sin precedentes de $2.2 billones de dólares (10% del PIB) para enfrentar la pandemia y ayudar a los estadounidenses. “Esto brindará el alivio que se necesita con urgencia”, dijo el mandatario tras promulgar la ley.

El dinero, además de apoyar a las empresas y asistir a los proveedores de atención médica, también ayudará a las familias, con el envío de cheques a quienes han pagado impuestos, pero deja fuera a millones de indocumentados, Incluso aquellos que tributaron con un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) para garantizar que, en el futuro, en el caso que el Congreso apruebe una reforma migratoria, se les permita legalizar sus permanencias en Estados Unidos.

Pero la duda está entre aquellos inmigrantes que les llegará el cheque, tienen trámites de inmigración pendientes o piensan en el futuro solicitar un beneficio. Univision Noticias consultó a expertos y esto fue lo que dijeron.

Falta información

Abogados advierten que muchas preguntas no están respondidas en la ley. “Faltan descripciones”, dice Jaime Barrón, un abogado de Inmigración que ejerce en Dallas, Texas. “Se trata de una legislación aprobada prontamente por una situación de emergencia. Pero sospechamos que los cheques que envíe el gobierno no serán considerados como carga pública, ya que no está dirigido a un grupo en particular de inmigrantes, sino que se trata de una ayuda enviada por razones de emergencia y sobre la base del monto que las personas han ganado y tributado”.

Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California, en San Diego, comparte la opinión de Barrón. “El cheque no es carga publica, está basado en los ingresos de la persona y los ingresos que declaró al Servicio de rentas Internas (IRS)”.

“Definitivamente no debería ser considerado este cheque como carga pública. El único problema es que las personas que tienen un cónyuge sin documentos, sin un número de seguridad social, pues ellos no van a recibir esta ayuda”, agregó.

Velásquez dijo que, de acuerdo con la ley aprobada por el Congreso, “los indocumentados, aunque hayan pagado impuestos con un ITIN, el gobierno no les va a enviar ayuda”.

“Los trabajadores legales que trabajan y pagan impuestos, no debería afectarles en el futuro cuando pidan un beneficio migratorio”, dice Bárbara Hines, exprofesora de la Clínica Legal de la Facultad de Leyes de la Universidad de Texas, en Austin. “Pero los que usan ITIN no recibirán nada. Eso es una barbaridad. Sin ellos los más vulnerables, los que ahora están en los campos trabajando para que sigamos comiendo mientras dura esta pandemia”.

Más de 5 millones de indocumentados usan los números ITIN para pagar sus impuestos en Estados Unidos.

Dudas sobre el tapete

A pesar de las respuestas que los abogados dan a la pregunta respecto a si afectará o no en el futuro los cheques de ayuda que envíe el gobierno en la determinación de Carga Púbica, el National Immigration Law Center (NILC) precisa que, la mejor respuesta es que el gobierno “detenga la implementación de la nueva regla de carga pública” que entró en vigor el pasado 24 de febrero.

“Esta crisis de salud pública mundial ha servido como un recordatorio urgente de que nuestra salud y bienestar colectivos son profundamente interdependientes, y que es crucial contar con políticas de recuperación inclusivas para que todos estemos sanos y seguros”, agregó.

Sin embargo, indicó, “estos proyectos de ley no cubren las necesidades económicas y de atención médica más básicas de millones de estadounidenses, incluidos los trabajadores inmigrantes y las familias que están en la primera línea de cuidado de nuestras comunidades durante esta pandemia, proporcionando servicios cruciales mientras que otros pueden refugiarse en hogar”.

Lista de recomendaciones

El NILC dice que para asegurar que la ayuda tenga el impacto deseado en la comunidad inmigrante, sobre todo aquellos que temen repercusiones por buscar ayuda o han sido disuadidos de hacerlo por temor o duda, que el Congreso “detenga la implementación de norma de carga pública del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del Departamento de Estado (DOS), y reinstalar la política de 1999”, que se aplicaba antes del 24 de febrero.

Esto, dice la organización, garantizará que en el futuro la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCUS) no considere el uso de cualquier tipo de beneficio público como una carga pública.

También pide al gobierno que detenga “cualquier otra acción por parte de las agencias federales para alterar las políticas de larga data sobre carga pública” y permitir el libre acceso de inmigrantes a la atención médica en la lucha contra el covid-19”.

El NILC dijo que estas medidas son necesarias “para mantener a los inmigrantes, sus familias y la comunidad en general seguros y saludables durante este tiempo. “El compromiso cívico y la salud y seguridad públicas deben mantenerse a salvo y fuera de los límites de la actividad de aplicación de la ley de inmigración. Esto ayudará a las comunidades inmigrantes a quedarse en casa y enfocados en mantenerse saludable o capaces de acceder a espacios cruciales como instalaciones médicas sin
el temor adicional de ser separados de sus familias y experimentar una erosión de sus familias”, indicó el centro.

La entidad también pidió al gobierno y al sector privado proteger a sus trabajadores, principalmente a los que laboran en la primera línea de contención de la pandemia, entre ellos alrededor de 27,000 dreamers que ejercen en el sector salud.

Univision Noticias pidió al DHS vía correo electrónico si tenía alguna política específica que esclareciera la duda. Al cierre de esta nota no había respuesta.