Denuncian cortes de inmigración "secretas" que el gobierno instala en la frontera
El diario The New York Times reportó que esta semana el gobierno de Trump comenzó a operar tribunales de inmigración en carpas levantadas en la frontera de Texas. Las salas, que no permiten el ingreso de observadores independientes, son consideradas “cortes secretas” donde los inmigrantes son procesados en grupo por medio de un sistema de video conferencia.
Por:
Jorge Cancino.
El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, respondió así al encargado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), Mark Morgan, quien corroboró que Washington sigue "absolutamente" interesado en impulsar un acuerdo de 'tercer país seguro' para inmigrantes con México.
Video Ebrard le responde a la Casa Blanca: "México no es ni aceptará ser 'tercer país seguro'
La escasa información respecto al traslado de cortes de inmigración a la frontera con México, y la aceleración de juicios a migrantes que esperan al otro lado de la frontera por sus procesos de asilo en Estados Unidos, genera preguntas entre los miembros de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA). Y las respuestas no aparecen.
La entidad señala que “la poca información” que ha compartido el gobierno de Donald Trump “con respecto a los tribunales” que están siendo instalados en los puertos fronterizos por parte de los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y de Justicia (DOJ), eleva el nivel de inquietud, sobre todo porque no se conocen detalles respecto “a los problemas operativos pendientes” que incidirán en el futuro de miles de personas que huyeron de sus países en busca de asilo para salvar sus vidas.
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Enmarcados bajo el programa conocido como Protocolo de Protección Migratoria (MPP), los tribunales procesarán de manera acelerada a más de 42,000 migrantes, la mayoría centroamericanos, que fueron retornados a México una vez solicitaron asilo en la frontera y fueron entrevistados por agentes federales estadounidenses.
Desde que fue anunciado en diciembre del año pasado, AILA ha criticado el programa de retorno porque “expone” a nuevos peligros a quienes huyen buscando que el gobierno de Estados Unidos ponga sus vidas bajo resguardo.
Además, la Asociación ha dicho que el MPP “efectivamente niega a los solicitantes de asilo su derecho a estar representado por un abogado, y reduce la capacidad de los migrantes de recibir una revisión justa y significativa de sus reclamos” de asilo.
“Además, la violencia bien documentada y la inestabilidad que enfrentan los migrantes en México los expone (…) a sufrir más traumas, e incluso la muerte mientras esperan sus audiencias” en las cortes de inmigración de Estados Unidos.
La entidad reitera que el programa “debe ser finalizado y los solicitantes de asilo deben ser procesados en Estados Unidos”. Pero contrario a los reclamos y solicitudes planteadas por los abogados, el gobierno de Trump ha expandido el MPP a lo largo de la frontera con México, desde San Diego, en California, hasta Laredo y Brownsville, en Texas.
El diario The New York Times reportó que esta semana el gobierno de Trump comenzó a operar tribunales de inmigración en carpas levantadas en la frontera de Texas. Las salas, que no permiten el ingreso de observadores independientes, son consideradas “cortes secretas” donde los inmigrantes son procesados en grupo por medio de un sistema de video conferencia.
En un extremo de la transmisión se encuentra el grupo a ser juzgado que está siendo enfocado por una cámara de televisión; en el otro extremo, frente a un monitor de televisión, el juez que tiene sobre la mesa de un escritorio los expedientes de los acusados, migrantes asustados que hicieron un largo y peligroso viaje desde sus países de los cuales huyeron a causa de la violencia y la pobreza, en busca del sueño americano.
“La ubicación de estos nuevos tribunales obligan a los solicitantes de asilo a esperar sus procedimientos en lugares extremadamente peligrosos, como Nuevo Laredo y Matamoros”, advierte AILA. Y precisa que ambas ciudades “fueron designadas por el Departamento de Estado como nivel cuatro y emitió una advertencia de viaje” debido a la cantidad de delitos que en ellas se cometen, entre ellos secuestros y asesinatos”.
La mayor preocupación de AILA es que, “hasta la fecha, ni el DHS y el Departamento de Justicia han proporcionado información adicional a abogados u otras partes interesadas sobre la logística operativa relacionada con los nuevos tribunales que operarán en tiendas de campaña”.
Añade que la política que regula estos procesos “comparte poca información”, y que el desconocimiento respecto a las cuestiones operativas “eleva las preocupaciones” y también aumenta las dudas.
Respecto a cuántos casos de asilo esperan en México, AILA dice que bajo el MPP, el número de migrantes es de 37,578. La cifra es inferior a la dada a conocer esta semana por el comisionado interino de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas, Matthew Albence, quien dijo que el número de migrantes regresados a México hasta finales de julio era poco más de 42,000.
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Otras preguntas sin respuesta señaladas por AILA corresponden al número de tribunales y jueces asignados por el Departamento de Justicia para juzgar casos de asilo en la frontera. Y la capacidad diaria de procesos que atenderán diariamente. Citando a varios medios, la Asociación dice que el gobierno “anticipa realizar aproximadamente 420 audiencias virtuales al día en Laredo y 720 audiencias virtuales al día en Brownsville”.
Añade que, de acuerdo con reportes del Departamento de Justicia, “la Asociación Nacional de Jueces de inmigración (NAIJ) ha dicho que se espera que jueces de inmigración que adjudiquen casos de MPP escucharán entre 80 a 100 casos en una sola sesión que dura unas pocas horas".
AILA asegura que el atasco en las cortes, con más de 975,000 casos acumulados, la falta de información sobre la manera en que operarán los tribunales “secretos”, sin duda “causará estragos en los expedientes judiciales en todo el país” y afectará el debido proceso.
La lista de lo que no se sabe crece con el paso de los días, advierten los abogados. “Hasta la fecha, ni el DHS y el DOJ han confirmado las informaciones” que publican los medios” y la falta de transparencia “creará caos”, advierten.
Añaden que la falta de respuestas “impide la posibilidad de que los migrantes tengan un día justo en la corte, y restringe el acceso a un abogado”.
Plantean además que al no contar con asistencia legal, los migrantes no podrán defenderse adecuadamente y luchar por sus permanencias en Estados Unidos, y reclaman porque en el día del juicio “los abogados no podrán estar junto a sus clientes para asesorarlos”.
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Los abogados también denuncian que no tienen acceso a lugares privados para hablar con los migrantes que representan, y los procesos tampoco permiten que testigos o familiares se presenten en estas instalaciones.
Tampoco el gobierno a respondido a preguntas básicas como la manera en que los migrantes que esperan en México se enteran de sus juicios, cómo viajarán a su día en corte, dónde se ubican físicamente los tribunales, cómo se contactarán con sus abogados, y si los defensores podrán entrar a las salas donde se celebrarán las audiencias, y si las salas de los tribunales que operarán en las cartas permitirán la entrada al público.
La lista de preguntas planteada por AILA sigue creciendo, al igual que el silencio por parte del gobierno de Trump.
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Silvia Gómez, de 25 años, sentada junto a su hija de 9 años en el autobús en el que harán el primer trayecto hasta Tapachula. Se marcha porque su familia en Guatemala se lo pidió. Le dijeron que esperar hasta el 15 de enero de 2020 por su primera corte era un tiempo excesivo para andar con una niña en un albergue. Sus planes no están claros aún: cree que dejará a su hija en Guatemala y regresará a México cuando se aproxime su fecha de entrada a Estados Unidos para presentarse ante el juez de inmigración.
