El doble fracaso de Donald Trump tras cancelar DACA

Desde que canceló DACA el pasado 5 de septiembre, el presidente Donald Trump tiene serios problemas para que su orden se mantenga vigente. En las últimas seis semanas cuatro tribunales, incluyendo la Corte Suprema de Justicia, fallaron en su contra. Y en el Congreso el Partido Republicano no ha sido capaz de reunir los votos necesarios para aprobar su dura reforma migratoria, que incluye un camino a la residencia para 1.8 millones de dreamers a cambio de muro fronterizo, reducción de la inmigración legal, limitaciones a la reunificación familiar, término de la lotería de visas, una inmigración basada en méritos, redadas y arrestos masivos y deportaciones expeditas, entre otros.

Las condiciones de Trump para legalizar a los dreamers asomaron a finales de enero tras el fracaso en el Congreso para aprobar una ley migratoria elaborada por el ala ultraconservadora del Partido Republicano (los halcones), quienes recomendaron cambios profundos a la ley de inmigración para dejar al borde de la deportación a los 11 millones de indocumentados, incluso a los dreamers a quienes solo les ofrecieron una residencia provisional renovable.

Al no conseguir los 218 votos necesarios en la Cámara de Representantes (los republicanos disponen de 241 asientos) y 60 en el Senado (51 de las 100 curules), el presidente se vio forzado a modificar su plan e incluir un camino de legalización para los dreamers quienes tras 12 años serían elegibles para pedir la residencia permanente, y cinco años más tarde, la ciudadanía por naturalización.

El segundo plan, que mantuvo intactas sus exigencias, no solo fue rechazado por los dreamrs, sino también por los republicanos en ambas cámaras del legislativo. La última derrota ocurrió el 15 de febrero, cuando el Senado rechazó con 60 votos la reforma migratoria de Trump. 14 republicanos le dieron la espalda al presidente.

Fallos judiciales

En los tribunales de justicia Trump tampoco ha tenido éxito. En las últimas seis semanas ha recibido cuatro fallos adversos.

El primer golpe lo recibió el 9 de enero cuando el juez William Alsup de la Corte Federal de Distrito del Norte de California ordenó al gobierno mantener el programa de Acción Diferida de 2012 (DACA) en los mismos términos que estaba antes de que fuera cancelado por el secretario de Justicia, Jeff Sessions, el 5 de septiembre del año pasado.

Alsup determinó que la cancelación de DACA fue una medida “arbitraria y caprichosa”.

El segundo golpe ocurrió el 13 de febrero, cuando el juez Nochilas Garaufis, quien preside la corte de distrito de Brooklyn, Nueva York, falló que DACA no puede finalizar en marzo como estaba previsto. Y mantuvo su vigencia en los mismos términos del primer fallo, es decir un día antes de la cancelación ordenada por el presidente.

Garaufis consideró que la decisión de poner fin a DACA fue “arbitraria, caprichosa y un abuso de discreción”.

El tercer golpe lo recibió este lunes cuando la Corte Suprema desestimó el recurso extraordinario del gobierno que pretendía anular el fallo de Alsup y seguir adelante con la cancelación del programa.

El cuarto también se registró el lunes tras el fallo de un juez federal de Los Angeles, California, que prohibió al gobierno revocar las autorizaciones de empleo sin proporcionar un aviso previo y una explicación a los soñadores afectados. También ordenó restituir las protecciones de DACA a quienes hayan perdido el amparo de sus deportaciones después del 9 de enero.

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Trump ha ganado pocas guerras"

Para Roberto Izurieta, director de los programas de América Latina y Campañas Políticas de la Universidad George Washington, “Trump ha ganado pocas guerras hasta ahora“. Y las derrotas sufridas tanto en el Congreso como en los tribunales, evidencian que el mandatario no ha sido “justo” en sus decisiones.

Agrega que los dictámenes judiciales se convierten en “un triunfo para los inmigrantes protegidos por DACA”.

En cuanto a los riesgos que Trump corre si sigue perdiendo batallas importantes, Izurieta dijo que “la única solución para problemas graves y complejos como el control de armas, seguridad social e inmigración, es una propuesta integral y bipartidista”, algo que hasta ahora, a más de un año en la Casa Blanca, no ha sido capaz de estructurar.

“Este gobierno no lo ha logrado y en realidad no creo que lo busque”, afirmó Izurieta. “Como pasó con el nombramiento del juez de la Corte Suprema (Neil Gorsuch) o el recorte de impuestos donde solo pudo conseguirlo con mayoría simple en Senado, que no es la tradición ni tampoco un ejercicio democrático. Se necesita el 60% de los senadores para conseguirlo y eso sólo se logra con propuestas bipartidistas”.

Nadie está por encima de la ley

En el ámbito legal las derrotas de Trump ponen en duda las razones que el presidente utilizó para cancelar DACA. Los cuatro fallos en seis semanas es un tema que, para algunos, evidencian que la verdadera razón del presidente no tiene nada que ver con la seguridad nacional sino solo se trata de un compromiso de campaña.

“Se puede decir que los fallos significan derrotas para el presidente en su afán por cancelar DACA, pero al mismo tiempo los jueces están mostrando con estas decisiones que hay preocupación por ciertos pasos legales que ha tomado el presidente para hacerlo correctamente”, dice Lilia Velásquez, profesora adjunta de la Facultad de Leyes de la Universidad de California en San Diego.

Velásquez recuerda además que, en asuntos de inmigración como en este caso, “es el Congreso quien debe tomar las decisiones”, y precisó que “me imagino que las cortes van a asegurarse de que los programas que existen, si van a ser terminados, lo harán por razones legales y no por caprichos o promesas de campaña”.

“Si no se sigue el procedimiento adecuado para poder terminar este programa, las cortes van a intervenir para que se cumplan y respeten los procesos. Trump está cancelando DACA sin tomar en cuenta ciertos pasos legales para hacerlo correctamente. Eso es lo que están diciendo los jueces”, añadió.

Velásquez, con más de 25 años de experiencia dijo que “nunca habíamos visto que un juez federal dijera que había un conflicto entre lo que había dicho Trump sobre los soñadores y la cancelación del programa”. Y precisó que, “Trump debe ceñirse a la ley, eso es el estado de derecho, todos tienen que obedecer la ley y eso incluye al mismo presidente de Estados Unidos”.

Qué dicen los dreamers

“Ganamos una batalla, pero estamos muy preocupados porque los fallos judiciales le han restado urgencia al Congreso para que apruebe una ley que nos otorgue un estatus legal permanente”, dice la dreamer y activista Erika Andiola.

“Desde un principio, cuando iniciamos esta lucha, sabíamos que teníamos razón, que DACA se trata de un programa legal activado por Barack Obama, que el presidente tenía la autoridad ejecutiva para hacer esto, pero llegó Trump con un capricho y lo quitó. Eso es lo que han dicho las cortes”, agregó la activista, quien en 2016 fungió como directora de medios hispanos de la campaña presidencial del senador independiente por Vermont, Bernie Sanders

“Para nosotros lo que han dictado los tres tribunales es una victoria, hemos ganado una importante batalla, pero estamos muy preocupados porque se le quita urgencia al Congreso de actuar para proteger a los soñadores”, indicó.

La activista dijo además que “hay mucho riesgo de ser deportados. Celebramos las decisiones, sobre todo la de hoy (lunes) anunciada por la Corte Suprema, pero queremos asegurarnos de que la urgencia se mantenga hasta que el Congreso apruebe una ley que nos otoergue un estatus legal de permanencia”.

Desde que Trump canceló DACA el septiembre del año pasado, demócratas, republicanos y la Casa Blanca de Trump no se ponen de acuerdo en una iniciativa para legalizar a los dreamers.

Mientras los soñadores y la mayoría de los demócratas proponen un plan que incluya a otros millones de indocumentados (padres y familiares de dreamers e inmigrantes que llevan años en el país), Trump y la mayoría de los republicanos solo ofrecen la ciudadanía para 1.8 millones de soñadores a cambio de $25,000 millones para seguridad fronteriza, que incluye la construcción del muro en la frontera con México, aumentar las deportaciones, eliminar la lotería de visas, reducir la inmigración legal, limitar la reunificación familiar y acelerar las deportaciones, entre otras exigencias.