El gobierno amplía el programa para detectar y quitar ciudadanías obtenidas por fraude

El servicio de inmigración está contratando decenas de abogados y agentes para una oficina que revisa expedientes de individuos que supuestamente han obtenido la ciudadanía estadounidense de manera fraudulenta.

Una vez localizados, los extranjeros naturalizados reciben una Notificación de Comparecencia (NTA) ante un juez de inmigración, donde enfrentarán un proceso para quitarles (rescindir) la ciudadanía.

La atención se centra en casos de extranjeros que fueron deportados y sobre ellos cae la sospecha que utilizaron identidades falsas para, primero, obtener la green card (tarjeta verde) y, luego, la ciudanía a través de la naturalización, dijo L. Francis Cissna, director de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) a The Associated Press.

El director agregó que, en los casos sospechosos, las evidencias serán enviadas al Departamento de Justicia, cuyos abogados determinarán si proceden a eliminar las ciudadanías por medio de un juicio civil. En algunos casos estas personas podrían recibir cargos criminales por fraude.

Base de datos

Las investigaciones de fraude están a cargo de la Historical Fingerprint Enrolment (HFE). La dependencia “evalúa cualquier tipo de beneficio bajo la supervisión y adjudicación de USCIS”, dijo la agencia a Univision Noticias.

HFE surgió tras la implementación de una base de datos cuyo objetivo era detectar casos fraudulentos. La herramienta fue activada entre 2011 y 2012, durante el gobierno de Barack Obama.

“Nadie que haya obtenido la ciudadanía estadounidense al asumir deliberadamente una identidad falsa debería sorprenderse si se entera de que está siendo remitido al Departamento de Justicia para los procedimientos de desnaturalización”, dijo a Univision Noticias Michael Bars, portavoz de USCIS.

Bars agregó que “ USCIS investiga actos deliberados de fraude relacionados con la falsificación o el uso de identidades falsas, y hacemos todo lo posible para asegurarnos de que las personas no sean susceptibles de errores, malentendidos o circunstancias especiales”.

El portavoz agregó que “aquellos que obtuvieron el gran privilegio de la ciudadanía a través de actos deliberados e intencionales de fraude, han engañado al sistema para minar a los solicitantes legítimos y respetuosos de la ley que buscan mayores oportunidades, prosperidad y seguridad, y pueden ser remitidos legítimamente al Departamento de Justicia”.

Operativo Janus

La revisión de expedientes de ciudadanías otorgadas comenzó en septiembre del año pasado por orden del entonces secretario de Justicia, Jeff Sessions, despedido por el presidente Donald Trump el pasado mes de noviembre.

Un operativo activado el 19 de ese mes bajo el nombre de Janus, puso bajo sospecha alrededor de 315,000 ciudadanías por naturalización luego de que se determinó que las huellas digitales de esos casos no existían en la base de datos central.

Las autoridades sospecharon que algunos de esos cientos de miles de casos podrían estar relacionados con procesos hechos con la intención explícita de evitar revelar antecedentes criminales que hubiesen frenado tales ciudadanías.

En caso de confirmarse esa posibilidad, dichos procesos de naturalización, que no Eçnse cree que sean todos, podrían ser revocados y los afectados deportados de Estados Unidos.

El caso Singh

El Departamento de Justicia (DOJ) explicó que la operación se basa en un dictamen de un juez de Nueva Jersey, quien ordenó la “revocación de la ciudadanía estadounidense por naturalización al indio Basljunder Singh, alias ‘Davinder’”.

Siguiendo la orden del juez Stanley R. Chesler, quien preside la corte de distrito de Nueva Jersey, el estatus migratorio de Singh cambió de ciudadano naturalizado a residente legal permanente, situación “que lo convirtió potencialmente sujeto a procedimiento de deportación a discreción del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)”.

El DOJ dijo que la revocación de la ciudadanía de Singh era “la primera derivada de un creciente grupo de casos remitidos por la USCIS como parte de la Operación Janus”, donde fueron identificados alrededor de 315,000 casos “donde faltaban algunos datos de huellas dactilares”.

Entre esos casos, precisó el ministerio, “algunos pueden haber tratado de eludir antecedentes penales y otras verificaciones de antecedentes en el proceso de naturalización”.

Amplían el programa

Según Cissna, en las investigaciones iniciadas el año pasado las distintas agencias involucradas en el proceso de naturalización no trabajaron de manera coordinada. Pero que a partir del próximo año se implementará un nuevo sistema “para llegar al fondo de todos estos casos graves y comenzar a desnaturalizar a las personas que no deberían haberse naturalizado en primer lugar".

“No estamos ahí afuera buscando personas para desnaturalizarlas”, dijo a Univision Noticias Dan Renaud, director asociado de USCIS a cargo de las operaciones de campo.
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“Al igual que con cualquier otro beneficio de inmigración, si hay un fraude, creemos que es de interés para todos que nos ocupemos de él”, puntualizó.

La base de datos que contiene las huellas digitales de los ciudadanos naturalizados se llama IDENT y fue creada a principios del 2000. En 2011, ICE primero buscó en las bases de datos para identificar a los extranjeros que eran fugitivos, delincuentes condenados o que tenían órdenes de deportación que se remontan a 1990. Como resultado, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) identificó a 315,000 extranjeros cuyos registros de huellas dactilares no estaban en IDENT, explicó la USCIS.

En 2012, el Congreso asignó $5 millones para escanear y cargar las huellas digitales históricas en IDENT.

“Situación complicada”

Para Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California, la revisión de miles de casos de ciudadanía por parte del gobierno ha generado una “situación complicada”.

“Es sumamente difícil saber qué expediente está siendo revisado y desafortunadamente los ciudadanos afectados se darán cuenta cuando un agente del gobierno le toque la puerta de su casa”, agregó.

“Tampoco sabemos en qué se basan las investigaciones y cuáles son los criterios que utilizan los agentes del gobierno en estas revisiones”, precisó. “ Tampoco se sabe bajo qué cargos iniciarán un proceso para quitarle la ciudadanía a un extranjero naturalizado”.

Gálvez también explicó que, en caso de duda, los extranjeros naturalizados que teman estar siendo investigados “consulten un abogado para que pida los expedientes tanto del proceso para pedir la residencia legal permanente como la ciudadanía y los revise minuciosamente”.

“En algunos casos puede que el notario o la persona que le hizo las gestiones cometiera un error o un fraude y el afectado no se dio cuenta de ello. Son datos clave que puede utilizar un abogado en caso de que tenga que acudir a una corte a defender un caso”, indicó.

“Pero todo depende del cargo que resulte de las investigaciones que están llevando a cabo”, añadió. “Por eso es clave pedir los expedientes, tanto de la USCIS como de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP), en el caso de que un ciudadano naturalizado hubiera sido en algún momento detenido en la frontera antes de convertirse en ciudadano y ese dato no lo registrara al momento de pedir la residencia”.

Tolerancia cero

Cissna explicó que existen razones válidas por las cuales los inmigrantes pueden aparecer bajo varios nombres y que muchos inmigrantes latinoamericanos tienen más de un apellido.

Añadió que el gobierno no está interesado en ese tipo de discrepancia menor, pero reitera que el objetivo de las investigaciones son aquellos extranjeros que cambiaron deliberadamente sus identidades para engañar a los funcionarios para recibir beneficios de inmigración.

El director de la USCIS dijo que quienes mintieron en el proceso de naturalización “saben muy bien quiénes son” y serán encontrados.

La revisión de miles de ciudadanías se lleva a cabo en el marco de la política de 'tolerancia cero' de Trump que tiene como objetivos, entre otros, frenar la inmigración indocumentada y limitar la inmigración legal.

Datos recientes

Según la USCIS, la digitalización de las huellas dactilares comenzó tras un informe de la Oficina del Inspector General (OIG) fechado en 2016 bajo la administración de Obama.

El documento reveló que numerosas personas en un conjunto de casos indagados habría podido obtener de manera fraudulenta la ciudadanía estadounidense utilizando una identidad falsa, porque la información relacionada con la identidad asociada con las antiguas tarjetas de huellas dactilares no se había trasladado a las bases de datos en las que se realizaban comprobaciones biométricas digitales.

Las peticiones de ciudadanía de estas personas, en muchos casos, se hizo años más tarde.

La OIG identificó cientos de casos en los que un individuo tenía una orden de deportación o remoción bajo una identidad y había obtenido la naturalización bajo una identidad diferente, agrega el reporte.

La USCIS dijo que, para mitigar el riesgo en el conjunto restante de archivos con tarjetas de huellas dactilares no digitalizadas, la OIG recomendó que el DHS termine de cargar en el repositorio digital las huellas dactilares identificadas y resuelva estos casos de ciudadanos naturalizados que pueden no haber sido elegibles.

“De acuerdo con esta recomendación, el personal del DHS comenzó a digitalizar las tarjetas de papel históricas restantes e identificó casos fraudulentos adicionales”, dijo la agencia.

Explicó además que, “en enero de 2017 se asignó personal para revisar los casos identificados en el informe de la OIG y los casos adicionales identificados durante los esfuerzos renovados de digitalización y, si corresponde, remitir los casos al Departamento de Justicia para su desnaturalización debido a que el solicitante utilizó otra identidad o realizó declaraciones falsas sobre su identidad”.

La agencia federal puntualizó que, “los casos de desnaturalización civil se presentarán ante un tribunal de distrito federal” y que “ solo un juez tiene la autoridad para quitarle la ciudadanía estadounidense a una persona”.