El gobierno considera un plan que busca deportar a residentes legales que han utilizado beneficios públicos
El proyecto de reglamento utilizaría una definición más amplia para incluir a algunos inmigrantes que han usado beneficios públicos, tal como asistencia social en efectivo, cupones de alimentos (food stamps), ayuda para vivienda o Medicaid.
Por:
Jorge Cancino.
Ya han pasado aproximadamente siete meses desde que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) anunció su intención de castigar a quienes soliciten algún tipo de beneficio público como las estampillas para alimentos o asistencia médica. Sin embargo, aún no está claro cuándo entraría en vigor esta medida.
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El gobierno de Donald Trump considera una nueva política que busca modificar el reglamento de carga pública para poder deportar fácilmente a inmigrantes legales permanentes ( green card o tarjeta verde) que han utilizado beneficios públicos.
El plan asoma dos semanas después de conocerse que el asesor principal de la Casa Blanca, Jared Kushner, prepara un plan de reforma migratoria para presentárselo al presidente y luego conseguir respaldo bipartidista en el Congreso para aprobarlo en ambas cámaras, tarea que por ahora resulta incierta.
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De autorizarse, el plan revertiría la actual política que permite deportar a residentes legales que se declaran carga pública, pero es raro que ocurra.
El nuevo reglamento está siendo redactado por el Departamento de Justicia y un borrador fue visto el viernes de la semana pasada por la agencia Reuters. El proyecto forma parte de los esfuerzos del gobierno por restringir la inmigración de personas de bajos ingresos, agrega.
Qué busca
El proyecto de reglamento utilizaría una definición más amplia para incluir a algunos inmigrantes que han usado beneficios públicos, tal como asistencia social en efectivo, cupones de alimentos (food stamps), ayuda para vivienda o Medicaid.
Reuters dijo que, si bien el plan se encuentra en una etapa temprana, puede que no se convierta en una política oficial del gobierno.
Agregó que, incluso es probable que, de publicarse, sea demandado en los tribunales de justicia al igual que la mayoría de los cambios de reglamento que el mandatario ha ordenado desde que llegó a la Casa Blanca para cambiar la ley de inmigración sin el respaldo del Congreso.
El reglamento vigente señala que la determinación de inadmisibilidad de un extranjero para entrar y/o permanecer en Estados Unidos se basa “según la totalidad de circunstancias”. Es decir, no solo en la amenaza que pueda existir de que el individuo se convierta en una carga pública, sino en otros factores tales como edad, salud, estatus familiar, activos, recursos, estado financiero, y educación y capacitación.
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“La presencia o ausencia de un solo factor no puede ser el único criterio para determinar la inadmisibilidad por carga pública, a menos que ese factor sea la ausencia o insuficiencia de una declaración jurada de patrocinio económico cuando así lo requieren las leyes y reglamentos que rigen un beneficio específico de inmigración, tales como ciertas solicitudes para un ajuste de estatus relacionado con la familia”, explica la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).
La agencia federal agrega que, sin embargo, “no todos los beneficios financiados con fondos públicos son relevantes para decidir si alguien tiene probabilidad de ser una carga pública”. Pero de acuerdo con el borrador, el solo hecho de recibir fondos públicos sería suficiente motivo deportar a un portador de la green card.
“De acuerdo con lo poco que se conoce hasta ahora, no está claro si el gobierno quiere castigar a los extranjeros que piden la residencia y representan una amenaza de declararse carga pública, o también perseguirá a aquellos que ya tienen green card y en el pasado recibieron beneficios públicos”, dice Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona y colabora frecuentemente con la redacción de Univision Noticias.
Hernández agrega que “el gobierno puede estar considerando que tiene la habilidad de hacerlo, pero el análisis que se haga al respecto debe incluir la pregunta si la persona que pide ayuda al gobierno está cometiendo un crimen que lo convierta en inadmisible en Estados Unidos”.
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El abogado agregó además que “el único que puede quitarle la residencia a un extranjero es una corte de inmigración”.
La USCIS dice que un extranjero “perderá su estatus de residente permanente si un juez de inmigración emite una orden final de expulsión contra usted” y que las secciones 212y 237de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) “describen los motivos por los cuales se le puede ordenar salir de Estados Unidos”.
Causas de inadmisibilidad
Entre las faltas o delitos que convierten en inadmisible a un extranjero o residente se cuenta a personas que padecen enfermedades contagiosas y/o infecciosas, personas condenadas por delitos tales como asesinato, depravación moral, violación, abuso sexual, múltiples convicciones, trafico y/o consumo de drogas, prostitución, lavado de dinero, terrorismo.
“El pedir asistencia pública o recibirla no es un crimen”, apuntó Hernández. “Hace inadmisible en muchos casos a un extranjero para solicitad un beneficio migratorio, pero no puede ser castigado como si se tratase de un delincuente”.
Cabe destacar que el 25 de enero de 2017, cinco días después de llegar a la Casa Blanca, Trump firmó una orden ejecutiva sobre las jurisdicciones santuario en la cual decretó que cualquier extranjero “que haya abusado de cualquier programa relacionado con beneficios públicos”, será considerado como una prioridad de deportación.
La USCIS precisa en su página digital que “para propósitos de determinar inadmisibilidad, ‘carga pública’ significa una persona que tiene gran probabilidad de convertirse en dependiente del gobierno para su subsistencia, según lo demuestre el hecho de que ha recibido (o recibe) dinero público para su sustento, o por su institucionalización bajo cuidado a largo plazo a costa del gobierno”.
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Añade que una persona que busca admisión en Estados Unidos o que busca ajustar su estatus al de residente permanente, será inadmisible si al solicitar la admisión o el ajuste de estatus tiene una alta probabilidad de convertirse en una carga pública en cualquier momento. Previene además que “el concepto de carga pública no se aplica en los procesos de naturalización”.
En caso Trump apruebe el plan, deberá publicarse primero en el Registro Federal (Diario Oficial estadounidense) y otorgar un período de comentario público de 60 días.
Reuters dijo que el borrador de propuesta del Departamento de Justicia también está dirigido a los jueces de inmigración para que tomen en cuenta y consideren el uso de beneficios públicos como un factor negativo al momento de determinar si admiten o no a un extranjero en Estados Unidos, como por ejemplo a los migrantes que llegan a la frontera en busca de asilo.
Al tiempo que el gobierno de Trump estudia castigar a los residentes legales que piden ayuda pública, el DHS tiene en ascuas a millones de inmigrantes en Estados Unidos ante la inminente puesta en vigor de un nuevo reglamento de Carga Pública que castigará principalmente a inmigrantes que padecen enfermedades crónicas, viejos, con poca educación o pobres, quienes están en la lista de principales afectados por la nueva norma anunciada en septiembre por el gobierno de Trump.
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El nuevo reglamento de ‘carga pública’ establece que los agentes de la USCIS determinarán sobre la base de los méritos de cada caso en particular, y a cada requisito asignarán una puntuación que solo concederá dos opciones: negativo o positivo.
Es decir, si por ejemplo un ciudadano pide la residencia legal permanente de un padre, el gobierno analizará toda una gama de factores entre ellos: edad, estudios, profesión, estado de salud, si tiene o no seguro médico, situación financiera del hijo ciudadano que lo pide, evaluación de familiares inmediatos, establecerán si existe una amenaza de que en el futuro cercano se convierta en carga pública temporal o permanente, ingresos, enfermedades y/o estado físico, entre otros factores.
La suma de los valores positivos y negativos será lo que determinará si el agente autorizará el beneficio migratorio solicitado o lo rechazará por no apegarse al reglamento.
La nueva herramienta sugerida por el gobierno de Trump “establece una rúbrica complicada a través de la cual un agente de la USCIS tendrá que hacer un inventario extenso de la habilidad económica del solicitante, para con esos datos determinar si la persona será una futura carga pública o no”, explica Armando Olmedo, abogado de inmigración y coautor del libro ‘Inmigración: Las Nuevas Reglas’, una guía de Univision. “Se trata de una propuesta que cambiaría completamente la manera en cómo el gobierno define el uso de beneficios públicos”, agregó.
Pero de acuerdo al reglamento, que ya fue comentado en el Registro Federal y el DHS se encuentra a la espera de publicar la versión final, no todos los inmigrantes se verán afectados.
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De acuerdo con el borrador inicial publicado en septiembre, estos son los principales grupos de inmigrantes quedarán exentos de ser declarados carga pública en caso de solicitar, por ejemplo, una visa o la residencia (tarjeta verde):
Refugiados y asilados. (Aquellos que piden la protección del gobierno de Estados Unidos y que tienen un temor creíble de que sufrirán persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social en particular u opinión política).
Intérpretes afgano e iraquí o ciudadanos afganos o iraquíes empleados por o en nombre de la Gobierno de Estados Unidos, de conformidad con la sección 1059(a)(2) de la Ley de Autorización de Defensa Nacional para Año fiscal 2006.
Cubanos y haitianos que obtuvieron ajuste de estatus bajo el amparo de la Reforma de Inmigración de la Ley de Control de 1986 (IRCA).
Extranjeros que solicitan ajuste de estatus de conformidad con la Ley de Ajuste Cubano,
Nicaragüenses y otros centroamericanos que están ajustando su estatus de conformidad con la sección 202(a) Sección 203 de la Ley NACARA.
Haitianos que están ajustando su estatus de conformidad con la Sección 902 de la Ley de Refugiado Haitiano de 1998.
Inmigrantes amparados bajo el Programa de Jóvenes Especiales (SIJ). Ciertos menores que son elegibles para pedir la residencia legal y que han estado sujetos a un proceso judicial juvenil estatal relacionado con el abuso, negligencia, abandono u otra forma similar bajo la ley estatal.
Extranjeros que ingresaron a los Estados Unidos antes del 1 de enero de 1972 y se encuentran y que reúnen requisitos para obtener la residencia de conformidad con el Artículo 249 de la Ley de Inmigración (INA).
Extranjeros que solicitan el Estatus de Protección Temporal (TPS) de conformidad con la Sección 244(c) de la Ley de Inmigración.
No-inmigrantes víctimas de tráfico humano que piden Visa T.
No-inmigramtes víctimas de crímenes que piden la visa U.
Víctimas de abuso doméstico peticionario del amparo bajo la Ley VAWA.
Extranjeros que ajustan estatus bajo el amparo de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional para el año fiscal 2004.
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