La huella antiinmigrante que ha dejado en la política de 'tolerancia cero' el asesor presidencial Stephen Miller

Stephen Miller, cercano colaborador de Donald Trump quien entre otras cosas planifica y redacta la política migratoria del presidente, se ha “involucrado en casos específicos” y “presionado” a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para que se resalten los “antecedentes criminales” de inmigrantes detenidos y con ello aumentar el nivel de rechazo, revela este lunes la publicación Politico en su página digital.

Uno de los primeros registros del involucramiento de Miller en casos específicos de inmigración se remonta al verano de 2017, cuando Trump hizo su primera gira internacional que lo llevó a Arabia Saudita y Europa. Durante una breve pausa en París, Francia, Miller atendió una llamada telefónica y “pasó varios minutos con funcionarios del gobierno al otro lado de la línea hablando sobre la deportación de una persona que había sido detenida por las autoridades de inmigración”, indica la publicación citando fuentes que, asegura, escucharon la conversación.

El hecho de que un asesor presidencial haya invertido tanto tiempo en un caso de deportación específico dejó impresionados a los testigos presentes, lo que fue visto por Politico como una señal del grado de involucramiento del funcionario en estos asuntos y cómo hizo del tema migratorio algo personal.

El futuro inmediato de un solo detenido mostró las intenciones del asesor presidencial, identificado como uno de los gestores de la política de 'tolerancia cero' implementada desde un inicio del gobierno de Trump en enero de 2017 por el entonces fiscal general, Jeff Sessions, quien fue despedido por Trump en noviembre del año pasado.

Miller fue asesor de Sessions, un declarado antiinmigrante, cuando este era senador (republicano) por Alabama.

Pasado hostil

El febrero de 2017 Univision Noticias reportó que Miller se había convertido en el artífice de las nuevas políticas de inmigración junto con Stephen Bannon, el exdirector ejecutivo de la web populista Breitbart.

Miller fue el principal autor de la polémica orden ejecutiva que veta temporalmente la entrada al país a emigrantes de siete países de mayoría musulmana. Junto con Bannon escribió el agresivo discurso nacionalista de Trump en la toma de posesión y antes ya había redactado el borrador de la alocución de Trump en julio del 2016 en la Convención Nacional Republicana, cuando Trump fue nominado como candidato presidencial del partido.

Entre 2017 y 2018 Miller ha ayudado a Trump en la inconclusa cruzada para construir el muro a lo largo de la frontera con México, la implementación de la política de 'tolerancia cero' en la frontera y más recientemente, “apoyó la idea de reubicar a inmigrantes indocumentados detenidos por ICE en ‘ciudades santuario’, plan que ha sido tildado de venganza por parte del presidente contra sus adversarios políticos.

Cabe destacar que la totalidad de loas cambios hechos por Trump a reglamentos y normas de la ley de inmigración vigente ha sido sin el respaldo del Congreso (que en los dos primeros años de su mandato estuvo bajo el control de los republicanos). Las motificaciones han sido implementadas a golpe de memorandos y órdenes ejecutivas.

Resaltar delitos

Politico añade que una de las novedades halladas recientemente sobre la influencia de Miller en la política migratoria de Trump se relaciona con “su interés en las personas que cruzan la frontera” y “revelar información sobre sus antecedentes personales”, algo que no tiene precedentes.

“En un momento dado él quería que estuviéramos publicando comunicados de prensa todos los días sobre las personas que habíamos detenido y su estado criminal”, recordó un funcionario. La instrucción alertó a los funcionarios sobre la legalidad de revelar este tipo de informaciones.

Expertos advierten que, a menos que los individuos hayan sido acusados y/o condenados de un crimen, divulgar este tipo de informaciones “podría constituir una violación de la privacidad y posiblemente privarlos de una audiencia imparcial, dijo a Politico León Fresco, un abogado de inmigración y alto funcionario del Departamento de Justicia durante el gobierno del presidente Barack Obama (2009-2017).

Orden ejecutiva

Pero el gobierno de Trump se escuda en la orden ejecutiva del 25 de enero de 2017 sobre las jurisdicciones o ciudades santuario para proceder a la divulgación de información de personas que no sean residentes legales o ciudadanos estadounidenses.

La Sección 14 del citado decreto señala que “las agencias deberán, en la medida en que sea compatible con la legislación aplicable, garantizar que sus políticas de privacidad excluyan a personas que no sean ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes de las protecciones de la Ley de Privacidad con respecto a información personal identificable”.

La publicación advierte que “Miller le dio al gobierno una posible defensa contra las acusaciones de que el gobierno estaba violando los derechos de privacidad de los inmigrantes indocumentados”.

A pesar de que funcionarios del gobierno “resistieron” en gran medida los esfuerzos de Miller, existen indicios de que Miller mantuvo la presión sobre funcionarios de todo nivel en los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional para resaltar los delitos de inmigrantes capturados.

Cifras engañosas

La estrategia de Miller ha impactado directamente en el discurso de Trump. Pero los datos empleados por el mandatario en sus mensajes tienen una lectura distinta a la que persigue Miller, aunque no necesariamente para su base electoral.

Un ejemplo de ello está contenido en la rendición del segundo informe sobre el Estado de la Unión. Las cifras que el presidente utilizó en su reporte al Congreso para justificar la construcción del muro y la crisis en la frontera con México corresponden a arrestos de inmigrantes que fueron detenidos dentro del país y que, en algunos casos, llevan muchos años viviendo en Estados Unidos. Y no todos ingresaron ilegalmente, sino con una visa.

"En los últimos dos años”, dijo Trump, “nuestros valientes oficiales de (la Oficina de Inmigración y Aduanas) ICE realizaron 266,000 arrestos de extranjeros criminales, incluidos los acusados o condenados por casi 100,000 asaltos, 30,000 delitos sexuales y 4,000 asesinatos”.

Al revisar las estadísticas de ICE, la agencia federal bajo el mando del DHS encargada de la búsqueda, arresto y deportación de inmigrantes indocumentados o inadmisibles dentro de Estados Unidos, existe un elevado porcentaje de detenidos que no tiene antecedentes criminales, y muchos de aquellos que el gobierno califica de criminales, fueron arrestados bajo cargos de cometer violaciones a las leyes de inmigración, es decir, faltas de tipo administrativo.

Un reciente reporte de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) señala que en lo que va del año fiscal 2019 el principal delito o falta cometida por los inmigrantes detenidos en la frontera es el reingreso ilegal, que corresponde a extranjeros que habían sido deportados previamente y regresaron sin haber gestionado previamente un perdón o permiso de reingreso. La segunda falta está clasificada como “otro”, es decir que no corresponde a un crimen grave, como insinúa Trump en sus discursos y probablemente se deba a una entrada al país sin autorización.

Muchos entraron con visa

El argumento usado frecuentemente por Trump es que necesita dinero para construir un muro a lo largo de la frontera con México y con ello frenar la inmigración ilegal. Pero la premisa contradice incluso informes del gobierno federal que demuestran que dos tercios de los 11 millones de indocumentados que hay en el país entraron con visa y se quedaron más allá del plazo de permanencia autorizado.

En febrero Univision Noticias reportó que la estrategia del mandatario hace creer a sus votantes que el problema de la inmigración indocumentada se origina en el cruce a pie por la frontera con México. Y que, una vez levantado el muro, la entrada ilegal de extranjeros al país se reducirá prácticamente a cero, y con ello también el crimen, la entrada de drogas y el tráfico de personas.

Un reporte del DHS sobre los extranjeros que entraron con una visa y se quedaron más allá del tiempo permitido (overstay) durante el año fiscal 2016, revela que hubo 50,437,278 admisiones de no inmigrantes por vía aérea o marítima “que se esperaba que salieran del país durante ese año”. De ese número, el DHS calculó una tasa de incumplimiento del tiempo de permanencia autorizado (overstay) de 1,47% (equivalente 739,478 individuos), y celebró un 98.53% de cumplimiento de los tiempos de admisión de extranjeros permitidos.

Cabe destacar que el documento fue firmado por John Kelly, el primer director del DHS del gobierno de Trump que luego se convirtió en jefe de personal de la Casa Blanca. Además que al término del año fiscal 2016 el número de personas que supuestamente se quedaron sin estatus (sospechosos) era de 628,799 y la tasa general de sospechosos fue de 1.25%. Pero en el año fiscal 2017 el número de violaciones se redujo a 544,676, “lo que hizo que la tasa de incumplimiento bajara al 1.07%”.

“En otras palabras”, se lee en el informe firmado por Kelly, al 10 de enero de 2017 (diez días antes de la llegada de Trump a la Casa Blanca o los últimos diez días de Barack Obama como presidente), el DHS verificó que el 98.90% de las entradas legales salieron del país.

Político dice que algunos en el DHS están profundamente incómodos “con cualquier esfuerzo por usar los recursos del gobierno para pintar a los migrantes individuales como peligrosos” y con ello “demonizarlos”. Advierten además que la Casa Blanca tiene previsto seguir publicando regularmente declaraciones sobre la cantidad de migrantes detenidos en la frontera y una lista de sus antecedentes o crímenes cometidos.