El gobierno negará visas a países que demoran o se niegan a recibir a deportados
En caso de que la medida no rinda los frutos deseados y los países sigan demorando o rechazando a deportados, el gobierno de Estados Unidos advierte que las sanciones “escalarán”.
Por:
Jorge Cancino.
Adayanci Pérez es una de más de 2,500 niños que fueron separados en la frontera por el gobierno de Estados Unidos como parte de la política ‘tolerancia cero’. La niña guatemalteca de 6 años estuvo tres meses y medio lejos de su familia, y según ellos, al regresar ya no era la misma. Antes de volver, fue diagnosticada con estrés postraumático agudo. Aún hay más de 400 niños que no han sido reunidos con sus familias.
Video El legado de tolerancia cero: niños traumatizados y sin tratamiento
El gobierno de Donald Trump publicó este lunes en el registro federal (diario oficial estadounidense) la nueva regla final que permitirá a los consulados negar visas a países que retrasan o se niegan a recibir a inmigrantes deportados por Estados Unidos.
La nueva norma tiene en la mira a la totalidad de las visas de inmigrante y no inmigrante, entre ellas populares B1/B2 para viajes de turismo o negocios, que cada año registran más de 46 millones de admisiones.
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Hasta ahora los funcionarios consulares tenían la discrecionalidad de aprobar o negar un visado de acuerdo con un reglamento estándar, pero ahora deberán “discontinuar la concesión de visas cuando un país ha sido sancionado por negarse o retrasar la aceptación de uno o más de sus nacionales sujeto a una orden final de deportación”, dice la nueva regla.
“No sabemos cuánta gente todos los días acude a un consulado para gestionar una visa, una reunificación familiar o un perdón. Y hasta ahora cada caso se trataba individualmente en base a los méritos del expediente”, señala Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California.
Gálvez dice además que hasta “los cónsules utilizaban su discreción para conceder o negar un beneficio. Pero el nuevo reglamento no toma en cuenta este privilegio del cónsul porque el gobierno está castigando al país completo que retrase o se niegue a recibir a uno o más deportados”.
La opción ahora para los oficiales consulares “es discontinuar la concesión de visas a individuos en países sancionados”, puntualiza la regla.
El Departamento de Estado (DOS) dijo que la norma se basa en la sección 243(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) y se implementa “para detener el crecimiento de una población indocumentada” que el gobierno “está teniendo dificultades para eliminar debido a una falta de cooperación por parte del país” de aquellos qyue tienen órdenes de deportación.
Según el nuevo reglamento, negar la entrega de visas a países que retrasen o se nieguen a recibir deportados “es una alternativa aceptable” y que la decisión fue tomada por el secretario de Estado tomando en cuenta informes del secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), pasa sancionar de esta manera a países extranjeros que se “han negado o demorar injustificadamente la aceptación de un extranjero” deportado de Estados Unidos.
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La medida, agrega la nueva norma, afecta a las visas “de no inmigrante y de inmigrante o ambas, a ciudadanos y/o residentes” de los países sancionados.
En caso de que la medida no rinda los frutos deseados y los países sigan demorando o rechazando a deportados, el gobierno de Trump advierte que las sanciones “escalarán”.
“Por ejemplo, el secretario de Estado podría ordenar a los funcionarios consulares discontinuar la concesión de visas B1/B2 para viajes personales de ministros de un gobierno extranjero con escala en Estados Unidos. También podría afectar a las visas de estudiante de categoría F.
Gálvez teme que la nueva regla “llegue a impactar a la totalidad de los procesos de solicitudes de visa de un país. Y también a los inmigrantes que viven en Estados Unidos y que durante el proceso de ajuste deban viajar a su país de origen para el trámite consular”.
“Lo contradictorio es que el presidente siempre ha dicho que los inmigrantes, si quieren venir, deben hacerlo de forma legal. Pero ahora está cortando esa vía y castigando a gente que lleva años esperando, haciendo la cola”, agregó.
Para José Guerrero, un abogado que ejerce en Miami, Florida, la nueva regla “es grave porque pone en riesgo a personas que no tienen nada que ver con el retorno o deportación de extranjeros de Estados Unidos. No me cabe la menor duda que será revisada a fondo y será demandada en cualquier momento”, indicó.
“Se trata de un tema grave”, dice Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona. “El que más resultará afectado por este tipo de medida es el sector privado”, anticipó.
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Hernández dijo además que “la nueva regla o deja en claro a quién le van a negar una visa, cómo po harán, serán los pobres o los ricos pos más afectados. Y cuando se den cuenta, verán que están dañando el avance económico de los países que serán sancionados. La medida apunta a las gentes que retienen la economía de esas naciones. Por eso es una medida grave”, señaló.
La norma se convierte en una nueva herramienta diplomática del gobierno de Trump para “presionar” a los gobiernos extranjeros para que reciban a los deportados y de esa manera no sean castigados con la discontinuidad de la entrega de visados.
Añade que los castigos serán puestos en vigor sólo después de la notificación por parte del Secretario de Estado y cuando el DHS haya agotado todo esfuerzo apropiados para el gobierno extranjero acepte a sus nacionales deportados.
La nueva polìtica se suma a una larga lista de políticas que el gobierno de Trump viene implementando desde que asumió la Casa Blanca el 20 de enero de 2017, bajo la estrategia de ‘tolerancia cero’.
La larga lista de medidas restrictivas adoptadas por Trump incluyen: separación forzada de familias en la frontera, trabas para la petición de asilo, regresar a México a solicitantes de asilo en Estados Unidos hasta que un juez mire el caso (que puede demorar años), prohibir a los jueces de inmigración cancelar administrativamente procesos de deportación que no constituyen una amenaza para la seguridad del país, acelerar las deportaciones y decretar que la estadía indocumentada constituye una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos.
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“Como le dije, es muy probable que esta nueva política, como ha ocurrido con la mayoría de las otras, será demandada en los tribunales de justicia”, reiteró Guerrero.
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Los sanitarios portátiles desbordados y un enorme charco de agua sucia que crece cada vez que alguien se ducha refleja las condiciones en las que se encuentran los más de 6,000 migrantes que están albergados en La Unidad Deportiva Benito Juárez, al norte de Tijuana.
