El gobierno procesa el retiro de unos 1,600 casos de ciudadanía obtenidas ilegalmente, revela informe
Desde septiembre de 2016, la Oficina del Inspector General del DHS advirtió al gobierno que cientos de extranjeros obtuvieron la ciudadanía de manera indebida, algunos de ellos con orden de deportación y que luego utilizaron otro nombre.
Por:
Jorge Cancino.
La agencia anunció que los mayores incrementos se darán en procesos de naturalización, petición de familiares por parte de beneficiarios de la visa U, suspensión de deportación y solicitud de asilo. Dichas modificaciones entrarán en efecto en octubre y desde ya son varios los abogados que dicen que este es otro golpe de parte del gobierno contra la comunidad inmigrante. Más información aquí.
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Las autoridades migratorias ordenaron el inicio del proceso para retirar unas 1,600 ciudadanías obtenidas ilegalmente, señala un memorando escrito en respuesta a una solicitud enviada por la firma de abogados Matthew Hopoock por medio del Acta de Información Pública (FOIA).
El reporte describe el proceso utilizado por la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) para determinar el número de casos investigados, las causas y los procesos de desnaturalización que han sido iniciados.
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El pedido de información solicitado incluyó cualquier memorando escrito o firmado por L. Francis Cissna (exdirector de la USCIS) que mencione la palabra ‘desnaturalización’ entre el 1 de enero de 2017 y la fecha en que se procesó la petición, el 5 de junio 2020.
Según el documento, USCIS revisó las huellas digitales de unos 148,000 expedientes y determinó que aproximadamente 2,000 casos de ciudadanía habían asido obtenidas de manera ilegal.
El documento señala que el problema de las naturalizaciones sospechosas fue advertido en 2016 cuando el Registro Histórico de Huellas Digitales ( Historical Fingerprint Enrollment -HFE-) recomendó que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) “completara la revisión de 148,000 archivos de extranjeros (archivos A) y cargara en la base de datos IDENT todas las huellas digitales de individuos que tenían órdenes finales de deportación o antecedentes penales, y también de quieres se encontraban fugitivos”.
Un informe del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (IGDHS) fechado el 8 de septiembre de 2016 recomendó entonces que la USCIS estableciera un plan para “evaluar la elegibilidad de cada ciudadano naturalizado cuyo registro de huellas dactilares revelara una deportación y orden de expulsión bajo una identidad diferente”.
La USCIS dijo que revisó manualmente aproximadamente 2,000 casos de naturalización y descubrió que, luego de ingresar las huellas al sistema, unos 1,600 de esos expedientes correspondían a personas que se habían naturalizado y previamente habían “recibido una orden de deportación bajo una identidad diferente” o habían sido deportadas.
“La gran mayoría de esos casos involucraron a personas que ocultaron información y obtuvieron la naturalización ilegalmente”, agrega el reporte.
El memorando explica que en los casos donde se determina que el individuo ha obtenido la ciudadanía ilegalmente, se envía la información a la Unidad de Operaciones (FOD) en Los Ángeles, una oficina creada para iniciar los procesos de desnaturalización. Esa entidad presenta luego los casos al Departamento de Justicia (DOJ).
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Copias de cada uno de los procesos son enviadas simultáneamente a la oficina legal de ICE, agencia que encabeza la fuerza nacional de deportaciones del gobierno.
La USCIS dijo, además, que cada año “encuentra un mayor numero de casos susceptibles de desnaturalización” y que los casos en la actualidad se centran en “determinar si se debe permitir que el cónyuge y/o el hijo del sujeto (que obtuvo la ciudadanía de manera ilegal) retengan sus naturalizaciones y/o residencia legal permanente (LPR)”.
Agregó que las determinaciones se están tomando “caso por caso basadas en un análisis de factores agravantes y atenuantes, que entonces darán forma “a la conveniencia y los términos de cualquier acuerdo o base que se utilice para la desnaturalización”.
En el documento, la USCIS también señala los dos motivos hallados durante las investigaciones que permitieron descubrir las aproximadamente 1,600 ciudadanías obtenidas de manera indebida.
Obtención por medio de ocultación de un hecho material o por tergiversación deliberada de un hecho material.
En el caso de las derivaciones, la agencia federal indica que la adquisición ilegal, por sí sola, permite que, por ejemplo, un niño pueda mantener su estado de ciudadanía en lugar de perderlo automáticamente bajo la sección 340 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). También señala que se están revisando protocolos para determinar directrices, las que serán publicadas una vez sean aprobadas.
En el reporte del 8 de septiembre de 2016, el Inspector General del DHS advirtió que la USCIS otorgó la ciudadanía estadounidense a al menos 858 personas que tenían previamente una orden de deportación o habían sido deportadas bajo otra identidad, cuando la actual base de datos de huellas digitales no estaba disponible.
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En los años 90, los procedimientos que utilizaba el servicio de inmigración no estaban computarizados y no había un sistema de comunicación en línea con entre el FBI y el entonces Servicio de Inmigración y Naturalización (INS). Los registros se llevaban en libros.
El IGDHS agregó en el informe que las agencias que antes participaban en el proceso de naturalización “ninguna tenía todos los registros de huellas dactilares antiguos”.
En ese entonces se estimó que unos 148,000 casos o expedientes de huellas digitales de ciudadanos no estaban digitalizados. En algunos casos “podrían tener órdenes finales de deportación o eran fugitivos de la ley”, situación que les impedía convertirse en ciudadanos.
El informe también advirtió que a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) también le faltaban expedientes “porque, en el pasado, no todos los registros de huellas tomados durante los encuentros de inmigración fueron remitidos” a esa agencia federal.
Indicó, además, que en la medida que se vayan digitalizando las huellas dactilares más antiguas “USCIS corre el riesgo de decisiones de naturalización sin información completa y, como resultado, la naturalización de personas adicionales que pueden ser no elegibles para la ciudadanía o que puedan estar tratando de obtener la ciudadanía de forma fraudulenta”.
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Contra la inmigración por decreto. Desde que asumió la presidencia, Donald Trump ha utilizado las
órdenes ejecutivas para imponer las políticas de ‘tolerancia cero’ sin pasar por el Congreso. Con este instrumento ha intentado impulsar su proyecto de muro fronterizo, penalizar a las ciudades santuarios, establecer deportaciones expeditas, endurecer los requisitos de asilo, vetar la entrada de ciudadanos de países musulmanes, revisar el programa de visas H-1B y reducir la cuota para la entrada de refugiados. En la fotografía,
la firma de la orden ejecutiva del 25 de enero de 2017, contra las ciudades santuarios y a favor del muro.
Imagen Pablo Martinez Monsivais/Ap
La ‘Operación Janus’
El 19 de septiembre de 2017, el entonces fiscal general, Jeff Sessions, activó un operativo que puso bajo sospecha a alrededor de 315,000 ciudadanías por naturalización. Esto luego de que se determinó que las huellas digitales de esos casos no existían en la base de datos central.
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Las autoridades sospechan que algunos de esos cientos de miles de casos podrían estar relacionados con procesos hechos con la intención explícita de evitar revelar antecedentes criminales que hubiesen frenado tales ciudadanías.
La revisión fue anunciada por el DOJ en un comunicado publicado en su página digitaltras un fallo de un juez de Nueva Jersey, quien ordenó la “revocación de la ciudadanía estadounidense por naturalización al indio Basljunder Singh, alias ‘Davinder’”.
Singh cambió de ciudadano naturalizado a residente legal permanente, situación “que lo convirtió potencialmente sujeto a procedimiento de deportación".
El DOJ dijo en esa ocasión que la revocación de la ciudadanía de Singh era “la primera derivada de un creciente grupo de casos remitidos al Departamento de Justicia por la USCIS como parte de la Operación Janus”.
Dicho operativo identificó a unos 315,000 casos de naturalización “donde faltaban algunos datos de huellas dactilares”. Entre ellos, el gobierno dijo que “algunos pudieron haber tratado de eludir antecedentes penales y otras verificaciones de antecedentes en el proceso de naturalización”.
El gobierno afirmó que “Singh abusó de nuestro sistema de inmigración e ilegalmente aseguró el máximo beneficio de inmigración, la ciudadanía por naturalización, lo que socava tanto la seguridad del país como nuestro sistema legal de inmigración".
En febrero de este año, un mes antes de la pandemia del coronavirus y el cierre de las fronteras, el gobierno anunció la creación de una oficina que se encargará de quitarle la ciudadanía (desnaturalización) a inmigrantes que han cometido delitos.
“La Sección de Desnaturalización de la División Civil investigará y litigará la desnaturalización de terroristas, criminales de guerra, delincuentes sexuales y otros estafadores”, dijo la USCIS en un comunicado.
La nueva unidad estará dedicada “a investigar y litigar la revocación de la naturalización” de extranjeros que hayan cometido faltas graves, agregó.
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La nueva unidad, que forma parte de la política de tolerancia cero de Trump, “se unirá a las secciones existentes dentro de la Oficina de Litigios de Inmigración de la División Civil”, entre ellas la Sección del Tribunal de Distrito y la Sección de Apelaciones.
Una vez localizados, los extranjeros naturalizados bajo sospecha de haber cometido fraude u ocultar información cuando pidieron la ciudadanía, reciben una Notificación de Comparecencia (NTA) ante un juez de inmigración, donde enfrentan un proceso para quitarles (rescindir) el beneficio.
La atención se centra en casos de extranjeros que fueron deportados y sobre ellos cae la sospecha que utilizaron identidades falsas para, primero, obtener la green card (tarjeta verde) y, luego, la ciudadanía a través de la naturalización.
Las investigaciones de fraude se encuentran a cargo de la HFE. La dependencia “evalúa cualquier tipo de beneficio bajo la supervisión y adjudicación de USCIS”, dijo la agencia a Univision Noticias.
