Eliminar el Acuerdo Flores beneficiará a las prisiones privadas para inmigrantes

El anuncio hecho la semana pasada por el por el gobierno de Donald Trump, que elabora un plan para abandonar el acuerdo judicial Flores de 1997, dejará grandes beneficios a las prisiones de inmigrantes en manos privadas, advirtió la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).

“Eliminar estas protecciones humanitarias fundamentales solo beneficiará a las prisiones privadas y desperdiciará miles de millones en dinero de los contribuyentes para encarcelar a niños inmigrantes y sus padres”, dijo la entidad.

AILA agregó que el acuerdo “tiene décadas establecido con el propósito de garantizar la seguridad y el cuidado adecuado de los niños en detención migratoria”.

La congresista federal Rosa DeLauro (Connecticut), la demócrata de mayor rango en el Subcomité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, reveló al diario The New York Times que en los centros temporales de menores indocumentados bajo el control de ICE, cada niño le cuesta a los contribuyentes $750 diarios, equivalente a tres veces la cantidad en un refugio permanente.

De qué se trata

El acuerdo judicial Flores prohíbe al gobierno privar de libertad a menores de edad en prisiones federales. Pero el gobierno de Trump considera que la vigencia de este beneficio entorpece sus planes de deportar al mayor número de indocumentados en el menor tiempo posible.

Una ley de 2008 para la prevención del tráfico humano (TVPRA, por sus siglas en inglés) prohíbe la deportación inmediata de menores indocumentados que no sean de países fronterizos (Canadá o México) y exige que sus futuros sean decididos por un juez de inmigración.

El gobierno de Trump le declaró la guerra a ambas protecciones para liberar su dura política migratoria. Para cancelar el acuerdo Flores, la Casa Blanca deberá sortear un largo camino de demandas, pero para eliminar la ley de 2008 tendrá que buscar un acuerdo bipartidista en ambas cámaras del Congreso, algo que por ahora es improbable.

Qué dice el gobierno

El gobierno dice que los cambios al Acuerdo Judicial Flores garantizarán que los menores serán tratados con dignidad, respeto y especial preocupación debido a su vulnerabilidad”.

“Las lagunas legales obstaculizan significativamente la capacidad del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para detener apropiadamente y eliminar rápidamente las unidades familiares que no tienen base legal para permanecer en el país", dijo la secretaria del DHS, Kirstjen Nielsen, en un comunicado. "Esta regla aborda uno de los principales factores de atracción para la inmigración ilegal”, agregó.

Además de la salida del Acuerdo Judicial Flores y de la eliminación de la Ley TVPRA, el gobierno de Trump quiere que el Congreso cancele el Acuerdo Zadvydas de 1997, que indica que ICE no tiene derecho a mantener a un no-ciudadano bajo custodia al que no ha podido deportar por más de seis meses, a menos de que presenten claras señales de ser un riesgo para la seguridad nacional.

En caso contrario, debe fijar una audiencia de fianza para que sea liberado.

Si el gobierno de Trump no consigue abandonar el acuerdo judicial de 1997, deberá liberar a los menores y permitir que sean los jueces de inmigración quienes decidan sus futuros en el país.

Eliminar las protecciones garantizadas en el acuerdo judicial, “vigentes desde una larga data y obligatorias para los tribunales de menores (...) provocará es que más familias, incluidos niños pequeños, permanezcan detenidos por períodos de tiempo más largos”, dijo Anastasia Tonello, presidenta de AILA.

Agregó que “el gobierno no puede detener a personas con el propósito de disuadir, pero más allá de eso, amenazan la seguridad y el bienestar de los niños supuestamente bajo el cuidado del gobierno federal”.

Uno de los objetivos del plan de Trump es aumentar el tiempo de permanencia de inmigrantes en las cárceles federales para enviar una señal a Centroamérica y frenar el flujo de inmigrantes que huyen de sus países en busca de asilo en estados Unidos.

“Durante más de veinte años, los gobiernos han estado sujetos a las normas nacionales del acuerdo Flores con respecto a detención, liberación y tratamiento de menores”, añadió Tonello, y exigió al presidente que “defienda los valores estadounidenses y proteja a los niños bajo el cuidado de su gobierno”.

Que busquen opciones

AILA también recomendó al gobierno que “busque opciones humanitarias para la liberación y detención” de menores inmigrantes “y brinde a los niños y familias una oportunidad significativa de poder solicitar asilo en lugar de implementar regulaciones para detener a los niños indefinidamente".

"En medio de la actual tragedia desarrollada con la nueva política de separación familiar, el gobierno propone normas que reemplazarían una forma de trauma por otra”, dijo Benjamin Johnson, director ejecutivo de AILA. “La política inhumana de castigo a través de la separación familiar perjudicó a miles de niños y padres. Agregar una nueva política de encarcelamiento prolongado y ampliado no es una solución”, agregó.

Johnson dijo además que “a través de nuestra Campaña de Justicia de Inmigración hemos visto cómo los niños están profundamente traumatizados por la detención en curso. AILA y sus socios han instado a que se ponga fin a la detención familiar debido a las violaciones documentadas del debido proceso, la atención médica inadecuada y el impacto perjudicial sobre la salud mental de encarcelar a padres e hijos solicitantes de asilo”.

AILA también dijo que la política migratoria del gobierno afecta el debido proceso migratorio, y que la amenaza de más encarcelamientos se trata de una “coacción” que lastima los derechos de los inmigrantes.

“Estas políticas y prácticas deben finalizar”, añadió Johnson. “El Congreso debe investigar el papel de las prisiones privadas que se benefician de este trauma, y el abuso y negligencia que sufren los niños en estas instalaciones”, indicó.

“Y debe exigirse al gobierno que explique por qué, cuando existen alternativas a la detención, se amenaza con terminar este tipo de programas humanitarios con soluciones que significarán un tremendo costo para los contribuyentes", apuntó.

Para la Coalición de Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA) en California, la amenaza de encarcelamiento de menores y familias por tiempo indefinido “es una clara ausencia de brújula moral del gobierno”.

“Trump busca imponer más dolor a las familias, incluso a aquellas que buscan un futuro mejor para ellas y sus hijos dentro del debido proceso respetando las leyes de inmigración”, dijo Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA.

“Las familias pertenecen a las comunidades y los menores no deben ser encarcelados. Este cambio de reglas es una afrenta a la decencia humana y una violación de los derechos humanos”, agregó la activista.

Salas dijo además que “en lugar de proteger los derechos de las mujeres y los niños que buscan refugio en los Estados Unidos, el gobierno de Trump busca criminalizar a las familias. Y en lugar de abordar las actuaciones injustas e inconstitucionales de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) contra las familias de inmigrantes en la frontera y el interior del país, incluso de aquellos que son ciudadanos, el presidente quiere expandir su reino de terror”.