Inmigrantes de El Salvador, Honduras y Guatemala pagaron $2,200 millones a coyotes los últimos cinco años: informe

Inmigrantes originarios de El Salvador, Honduras y Guatemala pagaron $2,200 millones en los últimos cinco años a traficantes de personas (coyotes) para trasladarse a Estados Unidos y pedir asilo tras huir de sus países, revela un informe elaborado por el Instituto de Política Migratoria (Migration Policy Instituto, MPI).

Titulado ‘Las complejas motivaciones y los costos de la inmigración centroamericana’, el reporte, que analiza las causas de la crisis migratoria que se vive en la región y en la frontera sur de Estadios Unidos, señala que en el movimiento de centroamericanos “influyen toda una gama de factores de atracción y expulsión” que configuran la situación migratoria a en la región durante décadas.

En 2013 un informe elaborado por investigadores de la Universidad de California que fue entregado a las Naciones Unidas (ONU) advirtió a los gobiernos de la región y de Estados Unidos el crecimiento en el número de inmigrantes que estaba huyendo de sus países, fenómeno que podría convertirse en un éxodo. El informe fue desatendido y la crisis se desató.

Números récord

De acuerdo con el sumario ejecutivo del informe del MPI, entre los a;os fiscales 2017 y 2021 (durante el gobierno de Donald Trump), la Patrulla Fronteriza registró alrededor de 1.8 millones de encuentros con personas migrantes de El Salvador, Guatemala y Honduras en la frontera entre Estados Unidos y México.

Añade que, en cuatro de los últimos cinco años fiscales, “los encuentros con personas migrantes de esos tres países excedieron los encuentros de personas migrantes mexicanos”, que encabezaban la lista anual de encuentros o detenciones en la frontera entre ambos países.

De acuerdo con los reportes tanto del MPI como de la Universidad de California en 2013, las principales causas de la migración hacia Estados Unidos son la violencia doméstica y de pandillas, la inseguridad, la falta de empleos, pobreza extrema, cambio climático y corrupción de los gobiernos desde donde se genera el éxodo.

El informe precisa que desde 2018 también se han producido en la región movimientos masivos mayores y más frecuentes, incluso con una gran proporción de familias y Menores No Acompañados (UAC) que, en su mayoría, se dirigían a Estados Unidos motivados por la búsqueda de oportunidades de empleo, la reunificación familiar y la necesidad de protección humanitaria.

Planes de contención

En enero, tras la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, Estados Unidos lanzó un plan regional para revertir la huida de migrantes hacia el norte. Simultáneamente, varios países, desde Panamá hasta Canadá, han demostrado un renovado interés político en abordar de manera conjunta las causas estructurales de la migración y el desplazamiento, un trabajo que a juicio de expertos tomará años, quizás décadas.

“Esto ha llevado a la propuesta de marcos regionales para promover la migración segura, ordenada y regular con la finalidad de beneficiar a las personas migrantes y a las comunidades de origen y de destino por igual”, dice el informe.

“Además de contribuir, al mismo tiempo, al desarrollo sostenible, de manera tal que la migración sea una opción, pero no el último recurso para escapar de condiciones adversas”, apunta, una recomendación que también fue incluida en el informe de la Universidad de California en 2013.

El MPI dice además que en las discusiones estratégicas sobre la mejor manera de abordar las causas estructurales de la migración centroamericana y gestionarla, se “deben examinar los factores que llevan a personas de El Salvador, Guatemala y Honduras a considerar la inmigración irregular o regular, así como los costos y las implicaciones económicas de la migración para las familias y las comunidades en toda la región”.

El reporte fue elaborado conjuntamente con el Programa Mundial de Alimentos (World Food Programme, WFP) de las Naciones Unidas y el Civic Data Design Lab del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT).

Cómo se hizo

El estudio explica que las conclusiones del informe se basan en una encuesta presencial de hogares de unas 5,000 familias de 12 departamentos (provincias o estados) de El Salvador, Guatemala y Honduras, que contó con la participación en línea de 6,000 personas.

“Estas encuestas fueron realizadas en el segundo trimestre de 2021 durante un período dinámico de inestabilidad económica y cambios en las políticas migratorias para responder a la pandemia de COVID-19”, muestras que ayudaron a la captación de una “imagen instantánea de los procesos de toma de decisiones sobre la migración durante ese período y presentan un argumento convincente sobre la necesidad de más investigaciones para documentar los cambios en el deseo de migrar y en las motivaciones para hacerlo”, explican los autores.

Estas son algunas de las principales conclusiones del estudio:

Sistema colapsado

En agosto Univision Noticias reportó que mientras los republicanos insistían en hacer creer que el problema de la inmigración indocumentada se originaba en la frontera, la Casa Blanca se esforzaba por defender la recuperación del debido proceso migratorio. Y que los asesores del presidente Joe Biden confiaban en que las mismas leyes aprobadas por el Congreso desde el año 1963 tenían suficiente capacidad de respuesta para lidiar con el problema, pero todo indicaba que la crisis, en vez de menguar, aumentará con el paso de las semanas.

El complejo sistema migratorio construido en Estados Unidos, y el conjunto de causas que provocan la crisis, sumado a la inacción del Congreso y la polarización de ambos partidos (demócratas y republicanos), crearon las condiciones para una tormenta perfecta. Y mientras en Washington DC buscan respuestas, en la frontera sur se siguen acumulando miles de miles de personas que salen de sus países por distintas razones, muchos para entrar ilegalmente al país en busca de trabajo.

Pero los que vienen para pedir asilo no saben qué hacer porque nada garantiza que sus reclamos de refugio serán escuchados, procesados y aprobados.

A su vez, los que pagan entre $8,000 y $12,000 a un coyote, si los arrestan y deportan (la mayoría de forma acelerada por la pandemia bajo el Título 42 del Código de Estados Unidos), lo vuelven a intentar una, dos y hasta tres veces en un círculo vicioso que puede significar la muerte.

“Si vuelven tienen que pagar”, dice Gustavo Juárez, director de la Asociación de Retornados de Guatemala (ARG).