Juez ordena al gobierno que deje de deportar a niños inmigrantes que cruzan la frontera
Un juez federal del Distrito de Columbia detuvo un programa activado por el gobierno de Donald Trump en marzo bajo el pretexto de la pandemia del coronavirus y que a la fecha ha afectado a unos 13,000 niños.
Por:
Jorge Cancino.
El fallo emitido por el juez Emmet Sullivan suspende la acción que había sido implementada en marzo y que seguía las recomendaciones de los CDC para prevenir la propagación del coronavirus. Activistas celebraron la decisión y afirmaron que EEUU no puede convertirse en un lugar que no trata a los menores como seres humanos. Más información aquí.
Video Juez federal ordena al gobierno de Trump frenar la deportación de niños inmigrantes que ingresen solos al país
Un juez federal del Distrito de Columbia (DC) ordenó este miércoles al gobierno de Donald Trump que ponga fin a la deportación de inmigrantes menores detenidos en la frontera, una medida implementada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) bajo el pretexto de la pandemia del coronavirus.
Desde que la medida fue activada en abril, la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) ha expulsado a miles de inmigrantes, la mayoría de ellos llegados en busca de asilo.
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El juez federal Emmet Sullivan dictó un recurso preliminar a favor de grupos que demandaron al gobierno en nombre de niños a los que el gobierno buscó deportar antes de que pudieran solicitar asilo u otras protecciones vigentes bajo la ley federal.
Se estima que el DHS ha deportado miles de Menores No Acompañados (UAC) desde marzo, de acuerdo con documentos judiciales.
La activación del Título 42 ha permitido a la Patrulla Fronteriza (CBP) detener y deportar inmediatamente a inmigrantes detenidos en la frontera, incluyendo menores.
“No los expulsan por una falta a la ley de inmigración bajo el Título 8, como permanecer de manera indocumentada, sino que los deportan porque para el gobierno esas personas constituyen una amenaza a la salud pública de los estadounidenses”, explica José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami (Florida).
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) dijo que la orden rige en todo el país, no solo en la frontera.
El grupo de derechos civiles encabezó la demanda junto el Proyecto de Derechos Civiles de Texas, el Center for Gender & Refugee Studies (CGRS) y Oxfam.
La ACLU dijo que la activación del Título 42 “ya resultó en la expulsión sumaria de al menos 13,000 niños no acompañados sin ningún proceso debido, incluso si el niño estaba huyendo del peligro y buscando protección en los Estados Unidos y no mostraba signos de tener COVID-19”.
El dictamen fue aplaudido por abogados de ACLU. “El fallo de hoy es un paso fundamental para detener el intento ilegal y sin precedentes de la administración Trump de expulsar a los niños bajo el ligero disfraz de la salud pública”, dijo Lee Gelernt, abpgado principal de la ACLU en el caso. “La orden del gobierno ya ha permitido la rápida expulsión de más de 13,000 niños que necesitan protección y que tenían derecho legal a solicitar asilo”, indicó.
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La demanda argumentó que el gobierno no estaba autorizadado para emitir la orden de expulsión según las disposiciones de salud pública del Título 42 del Código de los Estados Unidos, “disposiciones que rara vez se han utilizado y nunca de esta manera”.
El Título 42 no permite la expulsión de no ciudadanos que se encuentran en los Estados Unidos, ni permite legalmente la remoción de niños, indicó la ACLU.
"Estamos encantados de que el tribunal haya impuesto esta política cruel, que ha puesto en peligro a miles de niños refugiados vulnerables", dijo Jamie Crook, director de litigios de la CGRS. "El fallo de hoy afirma que el gobierno de Trump no puede usar la pandemia como pretexto para incumplir sus obligaciones legales con los niños que huyen de la persecución".
Tras el fallo, Noah Gottschalk, líder de políticas globales de Oxfam América, dijo que "esta es una gran victoria, ante todo para los miles de niños y sus familias que ahora tendrán la oportunidad de encontrar un refugio seguro”.
“Durante los últimos cuatro años la administración Trump ha dado vergonzosamente la espalda al largo legado de nuestro país como refugio para las personas que huyen de la persecución”, agregó. “Hoy estamos dando un paso crítico para comenzar a reparar el daño causado por estos ataques dañinos contra nuestra humanidad común y el siguiente paso es rescindir la orden por completo", apuntó.
El proceso citó que con la medida dictada en marzo el gobierno violó la Ley de Prevención de Tráfico Humano de 2008 (TVPRA), la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Trata, la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) y la Convención contra la Tortura.
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La TVPRA probibe la deportación inmediata de menores y exige que sea un juez de inmigración quien decida sus futuros en Estados Unidos.
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