La detención prolongada causará “daños profundos” a los migrantes, advierten organizaciones

Abogados temen que la decisión del gobierno de modificar el Acuerdo Judicial Flores, además de dañar el debido proceso migratorio de los niños, aumente el atasco en las cortes de inmigración que tienen acumulados casi 900,000 casos.

Jorge Cancino
Por:
Jorge Cancino.
Dicho acuerdo le prohibía a la administración encarcelar a migrantes menores de edad por más de 20 días, además de exigir que se les brindaran cuidados, atenciones y les proporcionaran información sobre abogados para que pudieran defender sus derechos de permanencia en Estados Unidos.
Video Gobierno anuncia el fin del Acuerdo Flores: ¿qué significa para migrantes que cruzan la frontera?

“La detención prolongada causa un daño profundo y bien documentado al bienestar físico y mental de los niños y las familias y, a pesar de lo que afirma el gobierno, no actuará como un elemento disuasorio”, indicó Marketa Lindt, presidenta de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).

Se trata de una de tantas reacciones al anuncio hecho por el gobierno de Donald Trump de modificar el Acuerdo Judicial Flores para mantener detenidos por tiempo indefinido a las familias migrantes con niños en la frontera, algo, que según reitera Lindt, “debilita aún más los estándares básicos de vida y cuidado que ofrecen estas poblaciones vulnerables”,

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El miércoles, el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, dijo que el gobierno ya no seguirá cumpliendo con el Acuerdo Judicial Flores de 1997 en lo que respecta al plazo máximo de 20 días de privación de libertad de migrantes menores.

La nueva norma, que será publicada en viernes en el Registro Federal, indica que los migrantes serán detenidos por tiempo indefinido hasta que concluyan sus procesos de inmigración.

Los argumentos oficiales

El gobierno de Trump atacó desde un comienzo de su mandato el Acuerdo Judicial Flores y una ley de protección de tráfico humano de 2008 (TVPRA), beneficios que tilda de “vacíos” o “lagunas” legales porque no le permiten deportar aceleradamente a menores, sino que le exigen recibir sus protecciones de asilo y que sea un juez de inmigración quien decida sus futuros en Estados Unidos.

También obliga al gobierno a tenerlos en centros de detención adecuados, darles atención médica, alimentación y cuidados especiales, al tiempo de ofrecerles información y acceso a representación legal para defender sus permanencias en el país.

Trump, sin embargo, asegura que los migrantes se han aprovechado de estas protecciones para llegar en masa a la frontera y abusar de ambas protecciones, pero no menciona que se trata de migrantes que están huyendo de sus países a causa de la violencia y la pobreza, y buscan asilo para salvar sus vidas.

“Las mujeres y las familias continuarán huyendo de los niveles extremos de violencia y persecución que amenazan la vida en sus países de origen para buscar protección en los Estados Unidos", advirtió Lindt.

Violación de valores

Por su parte, Benjamin Johnson, director ejecutivo de AILA, dijo que “esta regulación es una violación de los valores fundamentales de Estados Unidos y una reversión completa del Acuerdo Flores que canalizará miles de millones en dólares de los contribuyentes a prisiones privadas para encarcelar a niños y familias, a pesar de la existencia de alternativas de detención más efectivas y humanas”.

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Johnson dijo que además que “en lugar de intentar detener a las familias por períodos más largos en condiciones que han demostrado repetidamente ser inhumanas o ilegales, el gobierno debería aumentar la capacidad del sistema de asilo, ampliar las alternativas rentables y humanas a la detención, y apoyar soluciones a largo plazo que abordar las causas profundas de la violencia que obligan a las personas a huir de sus países de origen".

AILA teme además que la nueva regulación, que entrará en vigor 60 días después de ser publicada en el Registro Federal, colapse aún más los tribunales de inmigración, que en junio ya tenían casi 900,000 casos para 440 jueces, sin contar unos 350,000 expedientes de cancelación administrativa que fueron reabiertos el año pasado por el entonces fiscal general, Jeff Sessions.

Largos encierros

El Foro Nacional de Inmigración dijo que la nueva regla “permitirá la detención indefinida de niños con sus familias mientras esperan los procedimientos del tribunal de inmigración”. Y que el tiempo promedio de espera para que se escuche un caso hoy en día “es de aproximadamente dos años, y el tiempo de espera en algunas jurisdicciones promedió casi tres años a partir de junio de 2019”.

“Detener a las familias indefinidamente no es un sustituto humano de un acuerdo que requiere que el gobierno libere a los niños de la detención dentro de los 20 días. Los niños no deberían estar en detención de inmigrantes durante años mientras esperan los procedimientos de inmigración de su familia”, dijo
Ali Noorani, director del Foro.

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En similares términos se refirió al cambio Sindy Benavides, directora ejecutiva de LULAC. “La retirada del gobierno de Trump del Acuerdo Flores es otro ataque cruel y bajo que daña niños y familias de refugiados latinos”.

Advierten daños irreparables

La Asociación Americana de Psicología (APA) advirtió que el cambio anunciado por el gobierno tendrá un severo impacto en la salud mental de los migrantes, principalmente niños. “Permitir que los niños inmigrantes sean detenidos por más de 20 días, incluso con sus familias, es un intento equivocado de esta administración para detener el flujo a través de la frontera sur”, dijo "Jim" Díaz-Granados, PhD, director ejecutivo adjunto de la Asociación.

Agregó que “como hemos dicho repetidamente, los problemas de salud mental que los niños y sus familias experimentan como resultado de la detención están bien documentados. La investigación ha demostrado tasas más altas de ansiedad y depresión entre los niños detenidos en centros de detención. Un estudio encontró que los niños tenían hasta 10 veces más probabilidades de desarrollar un trastorno psiquiátrico si eran detenidos”.

Díaz-Granados dijo además que “la gran mayoría de estos niños ya han sufrido traumas antes de llegar a las instalaciones de inmigración, y cuanto más tiempo estén detenidos, más probable será que su salud mental continúe sufriendo”.

La APA pidió al Congreso que revoque esta regla, al igual que la nueva regla de carga pública anunciada la semana pasada.

Derechos vulnerados

Para el abogado Stephen Yale-Loehr, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cornell, Nueva York, la revocación del Acuerdo Judicial Flores “pisotea los derechos de los niños migrantes y sus padres” y también “creará más caos en nuestro sistema de tribunales de inmigración que se encuentra abrumado” con alrededor de 900,000 expedientes acumulados.

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“El presidente Trump parece no poder aprender de sus errores. Los tribunales federales han anulado casi todos los esfuerzos que esta administración ha hecho para reducir los derechos de los inmigrantes. ¿Cuándo se dará cuenta el presidente Trump de que los inmigrantes en los Estados Unidos tienen los derechos del debido proceso?”, se preguntó.

En California, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), dijo que “la nueva regla muestra que el gobierno de Trump no se detendrá ante nada para destrabar su abuso de los inmigrantes más débiles y expuestos".

"Esto es solo el último componente del esfuerzo total de Trump por la máxima crueldad hacia todos los inmigrantes, en particular los solicitantes de asilo y los refugiados", dijo Angélica Salas, directora ejecutiva de la organización.

Beth Werlin, directora ejecutiva del American Immigration Council, dijo que la medida “castigará a los niños y las familias que vienen a los Estados Unidos en busca de protección contra la persecución al permitir que el gobierno los detenga indefinidamente. Esta regla anunciada es inhumana, socava nuestros valores de compasión y equidad, y traumatizará innecesariamente a miles de niños y sus familias”.

Los niños deben estar libres

El Centro de Justicia de Tahirih indicó que la nueva regla anunciada por McAleenan “también permite al gobierno establecer sus propios estándares para las condiciones apropiadas dentro de los centros de detención”, y recordó que los expertos han dicho en reiteradas ocasiones que “los niños nunca deben ser encarcelados innecesariamente, incluso cuando están encerrados con sus padres”.

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En el mismo sentido se pronunció la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW). “La detención de niños puede provocar traumas, sentimientos suicidas y exposición a una atención médica peligrosamente inadecuada", dijo Clara Long, subdirectora interina de la entidad. "Ningún tiempo de detención es seguro para los niños, y la detención prolongada es particularmente dañina", añadió.

HRW dijo además que “el principio básico y el requisito del Acuerdo de Flores es que los niños migrantes detenidos deben ser liberados de la forma más expedita posible”. Y precisó que “la nueva norma prevé, en cambio, la detención indefinida de niños con sus padres en instalaciones federales de inmigración hasta que se resuelva su procedimiento de inmigración”.

"El gobierno de los Estados Unidos afirma que la detención familiar es necesaria para garantizar que las familias se presenten a los tribunales", dijo Long. "Pero el gobierno no ha hecho nada para ampliar los programas de gestión de casos basados en la comunidad que llevaron a la gran mayoría de las personas liberadas de la detención de inmigrantes a comparecer ante el tribunal. El gobierno debería ampliar drásticamente esos programas, no buscar formas de aumentar la detención abusiva de niños", indicó.

En 
<b><a href="https://www.oig.dhs.gov/sites/default/files/assets/2019-05/OIG-19-46-May19.pdf" target="_blank">su reporte</a></b>, el Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) alertó de que el centro de procesamiento de la Patrulla Fronteriza (CBP) en El Paso del Norte tiene graves problemas de hacinamiento. 
<b>Su capacidad instalada permite albergar 125 inmigrantes, pero el 7 y 8 de mayo contabilizaron aproximadamente entre 750 y 900 inmigrantes.</b> La imagen corresponde a una de las celdas de mujeres adultas con capacidad para 12 personas: había entonces 76 detenidas apiñadas en ese espacio.
Esta imagen muestra otra de las 
<b>celdas diseñada para recluir a solo 35 detenidos hombres</b> para que esperen ahí mientras son procesados por los agentes de CBP. Sin embargo, en la fecha en la que la Oficina del Inspector General realizó el recorrido 
<b>había 155 inmigrantes indocumentados arrestados solo en ese espacio.</b> Los cuadros blancos resguardan los rostros de estas personas. Aseguran que la sobrepoblación ha hecho que incluso en alguna celda vieran a personas paradas sobre el inodoro para hacer espacio para que ingresen más personas o sencillamente para poder respirar.
El espacio de la imagen está diseñado para acoger 
<b>ocho mujeres y ese día contaron 41.</b> Las autoridades migratorias de CBP y del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) han alertado de que en la frontera sur se vive una "crisis humanitaria sin precedentes" e incluso han dicho que sus espacios son insuficientes para atender al volumen de centroamericanos que están llegando a diario al país para pedir asilo. El reporte de la Oficina del Inspector General asegura que revisó los estándares de Transporte, Acompañamiento, Detención y Búsqueda de CBP y que ellos establecen que 
<b>"bajo ninguna circunstancia se debe exceder la tasa de ocupación (en celdas) fijada". </b>Para esta instalación es de 125 personas. Aún así, detectaron niveles de hacinamiento que catalogaron como "peligrosos" durante los dos días de inspecciones sorpresa al centro.
En sus observaciones, hallaron que cientos de indocumentados eran revisados en el estacionamiento del centro de procesamiento. 
<b>Asegura que unas 75 personas eran tratadas por tener piojos.</b> La Oficina del Inspector General alerta que los límites de espacio no permiten separar a detenidos que tienen enfermedades infecciosas y altamente contagiosas, como varicela, sarna o influenza. Quienes llegaron a esta instalación entre el 7 y 8 de mayo eran en su mayoría centroamericanos que huyeron de la violencia y la pobreza en sus países. Los ciudadanos de Guatemala, Honduras y El Salvador están a la cabeza de las cifras de arrestos en la frontera sur.
Esta fotografía muestra una fila de personas esperando para ingresar al establecimiento de CBP en El Paso. La Oficina del Inspector General advierte en su informe sobre su preocupación no solo por el hacinamiento sino por el tiempo "prolongado" de permanencia de muchos inmigrantes en estos espacios. 
<b>La consecuencia: ha aumentado la incidencia de enfermedades e incluso los empleados del lugar han sido contagiados.</b> Cuentan que hay detenidos que están sanos y, aun así, solicitan que les permitan salir temporalmente de las celdas para ser revisados, lo que aumenta la carga de atención para el personal médico. Las condiciones de trabajo en este centro han hecho que muchos funcionarios renuncien y que otros estén acelerando sus retiros.
En la imagen, una funcionaria de CBP conversa con un grupo de mujeres detenidas en esa celda. Otro de los problemas que identificó la Oficina del Inspector General es que los agentes deben ingresar a las celdas para darles comida o cuidado médico exponiéndose a que algunos de los detenidos pueda agredirlos. Y en medio del hacinamiento, advierten que 
<b>mantener la salubridad del lugar se ha complicado y que incluso vieron un pasillo ocupado por 140 hombres que esperaban en las áreas comunes a que su celda fuera limpiada.</b> "Observamos al staff con dificultades para maniobrar alrededor de esta multitud y poder cumplir con sus responsabilidades, además de que dijeron que sienten que tienen posibilidades limitadas si los detenidos no quieren cooperar", se lee.
Maletas, carteras e incluso una muñeca en un contenedor. Antes de ingresar al lugar, los inmigrantes deben entregar sus pertenencias a los agentes, que aseguran vienen mojadas, con insectos y moho, por lo que las descartan.
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En su reporte, el Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) alertó de que el centro de procesamiento de la Patrulla Fronteriza (CBP) en El Paso del Norte tiene graves problemas de hacinamiento. Su capacidad instalada permite albergar 125 inmigrantes, pero el 7 y 8 de mayo contabilizaron aproximadamente entre 750 y 900 inmigrantes. La imagen corresponde a una de las celdas de mujeres adultas con capacidad para 12 personas: había entonces 76 detenidas apiñadas en ese espacio.
Imagen Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional.
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