Los estados podrán enjuiciar a inmigrantes que usen números de seguro social falsos

La decisión deja sin efecto el dictamen de la Corte Suprema de Kansas, que el año pasado anuló la condena contra tres trabajadores de un restaurante que fueron acusados de haber cometido este delito, concluyendo que la ley federal de inmigración impide a los estados llevar a cabo este tipo de procedimiento judicial.

Jorge Cancino
Por:
Jorge Cancino.
En un fallo 5-4, los magistrados determinaron que los estados que así lo dispongan pueden desempeñar un papel más activo en el área de la aplicación de la ley de inmigración y procesar judicialmente a los extranjeros que utilicen documentación falsa o números de seguro social que no les pertenecen.
Video Corte Suprema dictamina que los estados pueden enjuiciar a migrantes que usen documentos falsos

La Corte Suprema de Justicia dictaminó este martes que los estados pueden enjuiciar a los inmigrantes que utilicen números de seguro social falsos para conseguir empleo.

En un fallo 5-4, los cinco magistrados conservadores determinaron que los estados que así lo dispongan pueden desempeñar un papel más activo en el área de la aplicación de la ley de inmigración y procesar judicialmente a los extranjeros que utilicen documentos falsos o números de seguro social que no les pertenecen.

PUBLICIDAD

La decisión deja sin efecto el dictamen de la Corte Suprema de Kansas, que el año pasado anuló la condena contra tres trabajadores de un restaurante que fueron acusados de haber cometido este delito, concluyendo que la ley federal de inmigración impide a los estados llevar a cabo este tipo de procedimiento judicial.

Victoria para Trump

El fallo de este martes constituye una nueva victoria para el gobierno de Trump en la Corte Suprema. El 27 de enero el mismo tribunal, también con el respaldo de los 5 jueces conservadores, dictaminó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) puede poner en vigor una nueva regla de carga pública que restringe la totalidad de beneficios migratorios, entre ellos la residencia legal permanente (green card).

El gobierno de Trump apoyó al gobierno de Kansas en la disputa jurídica ante la Corte Suprema, defendiendo la aplicación de la ley de inmigración de forma severa bajo la política de tolerancia cero.

El caso revisado por el tribunal supremo involucró a los inmigrantes Ramiro García, Donaldo Morales y Guadalupe Ochoa, quienes usaron números de seguro social de otras personas para conseguir trabajo en el condado de Johnson, cerca de Kansas City (Missouri).

Los abogados que defendieron a los inmigrantes alegaron que lo habían hecho sólo para que sus empleadores pudieran llenar el Formulario I-9, un requisito que exige la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) para certificar que el trabajador extranjero tiene permiso para trabajar legalmente en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

La ley federal advierte que el I-9 no puede ser utilizado en un proceso por robo de identidad.

Opinón de los jueces

En el dictamen, los jueces conservadores abrieron la puerta para que los estados puedan procesar el uso de documentos falsos del seguro social para conseguir empleo.

“La ley de Kansas tipifica como delito cometer robo de identidad o participar en fraude para obtener un beneficio”, escribió el juez Samuel Alito. “Los tres extranjeros que no están autorizados a trabajar en este país, fueron condenados bajo estas disposiciones por usar de manera fraudulenta el número de Seguro Social de otra persona", agregó.

Alito indicó que el hecho de que las leyes de Kansas se superponen en cierto grado con las disposiciones penales federales, "no significa en absoluto" que el estado deba abstenerse de juzgar”.

A su vez, el juez Stephen Breyer, a nombre de los cuatro miembros disidentes del tribunal, escribió que la ley federal "deja en claro que sólo el gobierno federal puede juzgar a personas que falsifican su estatus federal que los autoriza a trabajar" en el país.

Para Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona, la decisión de la corte "habilita a los estados a poder criminalizar a inmigrantes de manera mas fácil, no por utilizar la identidad de otros, sino por usar documentos falsos".

Temen abusos

Abogados consultados por Univision Noticias advirtieron que la decisión de la Corte Suprema provocará abusos, porque a partir de ahora habrá 50 maneras diferentes al momento de interpretar si hay abuso o delito en el uso de una tarjeta de seguro social para conseguir empleo.

PUBLICIDAD

“El fallo es bastante preocupante”, dice Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California, en San Diego. “Estamos hablando de cometer fraude, pero también tiene implicaciones de robo de identidad si la tarjeta de seguro social le pertenece a otra persona”.

“Es una cuestión complicada”, agrega. “Porque tenemos que ver quién procesará a la persona penalmente y ver el estatuto federal para saber qué dice en este tipo de casos. Será una situación difícil de determinar en cada proceso”, indicó.

Velásquez dijo además que el dictamen de la Corte Suprema “ha abierto una brecha muy grande” y teme que afecte a millones de personas “que usan información de este tipo para conseguir empleo”.

“No cabe la menor duda que la decisión aterrorizará a la comunidad inmigrante”.

“51 maneras distintas”

“Con este dictamen ahora tendremos 51 maneras distintas (los 50 estados más el gobierno federal) para interpretar esta parte de la ley federal”, dice Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas. “Y cada uno de los estados la interpretará de manera distinta”.

Barrón dijo además que “ciertos estados son mas conservadores que otros. Eso significa que habrá diferentes interpretaciones que hará complejo interpretar lo que dice la ley federal”.

“Si la Corte Suprema hubiese dejado el tema como estaba, a nivel federal, hubiera más consistencia en determinar que es falso y que no. Pero con esta decisión habrá más abusos, sobre todo en los estados más conservadores y agresivos en materia migratoria”, apuntó.

La batalla judicial

Cuando la Corte Suprema de Kansas falló el año pasado desestimando la condena contra los tres inmigrantes acusados de utilizar números de seguridad social falsos, el estado interpuso su recurso ante la Corte Suprema argumentando que, aunque su enjuiciamiento se basó en información disponible en formularios federales (I-9), esos mismos datos fueron presentados al estado.

PUBLICIDAD

La fiscalía estatal también argumentó que no estaba interfiriendo con el gobierno federal, sino que estaba haciendo cumplir su propia regulación de robo de identidad.

El argumento de Kansas fue respaldado por el gobierno de Trump, quien dijo que apoyaba a Kansas, alegando en este caso que la ley federal y la estatal en este asunto no estaban en conflicto.

Abogados temen que el fallo no solo permita a los estados enjuiciar casos de utilización de tarjetas de seguro social falsas para conseguir empleo, sino también para defender políticas proinmigrantes o de respaldo a la políticas de tolerancia cero del gobierno.

“Habrá caos a nivel nacional”, reiteró Barrón

“Yo soy de Honduras, tengo 9 años y me llamo Génesis”, dijo a periodistas de 
<a href="https://www.facebook.com/watch/?v=192436578560114" target="_blank">Real America</a> una niña que espera la resolución del caso de asilo de su familia en un campamento de tiendas en Matamoros, México. “¿Por qué venimos huyendo de nuestro país? Ahí a los niños les venden cocaína en las escuelas”, agregó.
Hace un año la administración de Donald Trump comenzó la aplicación del Protocolo de Protección del Migrante (MPP), que ha regresado a México a unos 60,000 solicitantes de asilo para que esperenen ese país durante meses la resolución de sus casos. Muchos de ellos se ven obligados a permanecer en condiciones precarias en campamentos como este de Matamoros, Tamaulipas, muy cerca de Brownsville, Texas.
“Hay que pagar un impuesto de guerra cada semana y si no lo pagas, te van a matar”, continuó Génesis, describiendo la vida diaria de su país. La pequeña guió el recorrido de los periodistas de Univision por el campamento y presentó a otros niños que esperan ahí por la resolución de sus casos de asilo en EEUU.
“A veces sí me animo a estar aquí pero a veces no, porque hay lluvia, calor, hay niños sin estudiar y los padres no le pueden comprar medicinas porque no están trabajando”, continuó la hondureña.
El MPP fue activado por la Casa Blanca luego que México se negara a convertirse en tercer país seguro. El gobierno de Washington pretendía que su vecino del sur concediera asilo a la totalidad de los migrantes que cruzan su territorio y se dirigen a la frontera sur de Estados Unidos.
Al no conseguir su propósito, impuso una nueva regla que cambió parte de la política de asilo vigente desde 1980: con excepción de Menores No Acompañados (UAC) y mexicanos, el resto de migrantes que llegan buscando asilo serán procesados de igual forma, pero deberán esperar en México la resolución de sus casos en las cortes de inmigración estadounidenses.
“A veces vienen unos americanos a regalar cosas a los niños”, continuó Génesis. La pequeña y su familia tuvieron su segunda cita en inmigración el 14 de enero de 2020. Un juez les ordenó regresar a Matamoros a esperar por la tercera cita.
“Me duele mucho que ellos (los niños) estén pasando cosas feas, porque ellos no lo merecen”, dijo Yamali, la madre de Génesis. “Son menores de edad y ellos no tienen la culpa de lo que está pasando. Nosotros venimos huyendo de Honduras y venimos huyendo también por nuestras vidas”, agregó.
En el campamento de Matamoros un grupo de voluntarios lleva instala una “escuelita dominical” cada semana, que agrupa a los más pequeños y les dan algunas lecciones básicas.
"Hay que tener fe, ya las cosas van a cambiar. Hay que orarle a dios, pedirle que las cosas cambien. Tal vez el presidente Donald Trump no tiene piedad de nosotros. Por favor nos dejaran entrar a todos, porque venimos por el mismo motivo”, concluyó Génesis.
1 / 10
“Yo soy de Honduras, tengo 9 años y me llamo Génesis”, dijo a periodistas de Real America una niña que espera la resolución del caso de asilo de su familia en un campamento de tiendas en Matamoros, México. “¿Por qué venimos huyendo de nuestro país? Ahí a los niños les venden cocaína en las escuelas”, agregó.
Imagen Nidia Cavazos
En alianza con
civicScienceLogo