Los extranjeros pobres tienen ahora más trabas para pedir que los exoneren del pago de ciertos trámites migratorios

Los nuevos criterios entrarán en vigor el 2 de diciembre y podrían afectar trámites de naturalización (ciudadanía), permisos de trabajo y toma de huellas digitales biométricas, entre otros procesos.

Jorge Cancino
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Jorge Cancino.
La regla permitiría rechazar las peticiones de asilo de quienes sean considerados una carga pública. Sin embargo, enfrenta decenas de demandas en varios estados así como una propuesta de ley presentada por demócratas que busca frenar las políticas migratorias de la Casa Blanca.
Video Los desafíos que enfrenta la medida de carga pública de Trump, a menos de un mes de que pudiera entrar en vigor

El servicio de inmigración anunció cambios a la política de exoneración de pago de trámites, que beneficia a inmigrantes legales de bajos recursos que principalmente buscan convertirse en ciudadanos, gestionar una autorización de empleo o pedir una visa.

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) dijo que había “revisado” el Formulario I-912 (Solicitud de Exención de tarifas) y “eliminado los criterios de beneficio de comprobación de recursos que se utilizaron previamente como un factor para determinar si un solicitante estaba exento de pagar las tarifas o los servicios biométricos”.

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Indicó además que “las personas aún pueden solicitar una exención de tarifas si su ingreso familiar anual documentado es igual o inferior al 150% de las Pautas Federales de Pobreza o si demuestran dificultades financieras”.

El servicio biométrico se refiere a la toma de huellas dactilares y la revisión de antecedentes criminales.

Qué cambia

Hasta ahora, la USCIS considera a Medicaid (el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria), SNAP (también conocido como estampillas de comida), la Asistencia Temporal a Familias Necesitadas (TANF) y los Ingresos de Seguridad Suplementarios (conocido como welfare) durante las evaluaciones de elegibilidad para otorgar una exención”, dice Nelson Castillo, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California.

“Pero a partir del 2 de diciembre la agencia federal cambiará los criterios bajo los cuales una persona puede calificar para una exención de cuotas”, indicó.

Castillo dice además que “el gobierno ha determinado que recibir este tipo de beneficios no es un criterio apropiado para revisar las peticiones de exención de tarifas, porque los niveles de ingresos utilizados para decidir la elegibilidad de programas de asistencia varían considerablemente de un estado a otro”.

Ayuda bajo la lupa

Para el gobierno, las exenciones de pago de ciertos servicios migratorios constituyen pérdidas que afectan el funcionamiento de la USCIS.

La agencia “depende de las tarifas para cubrir los costos de adjudicar solicitudes y peticiones, implementar esfuerzos operativos y garantizar que el sistema de inmigración legal de la nación se administre adecuadamente", dice Ken Cuccinelli, director interino de la USCIS.

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Agregó que cada año “USCIS renuncia a cientos de millones de dólares en tarifas”, y que el proceso revisado de exención “mejorará la integridad del programa, y la calidad y consistencia de las aprobaciones del Formulario I-912 en el futuro”.

Las pérdidas

Según cálculos de la USCIS, el monto anual de exenciones de tarifas aumentó de alrededor de $344,3 millones de dólares en el año fiscal 2016 a $367,9 millones de dólares en el año fiscal 2017.

Indica además que, en el año fiscal 2018, el monto anual estimado de exenciones de tarifas otorgadas por la agencia fue de $293,5 millones de dólares. A su vez, precisa que los ingresos por comisiones representan más del 95% del presupuesto anual.

“El programa de exención no se aprobó para medir el nivel de pérdida de ingresos por concepto de tarifas, sino para ayudar a los inmigrantes más necesitados y facilitarles la inserción en la sociedad estadounidense”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California.

“Los que tendrán más problemas en pagar serán los más pobres. A ellos se les va a dificultar el proceso y dejarán de aplicar, algo que puede resultar en un problema. Por ejemplo, personas que están tramitando la ciudadanía. Al no poder hacerlo por falta de recursos, se quedarán sin poder votar el próximo año. Y otros que califican y necesitan el permiso de trabajo, pero no tienen dinero, también se les dificultará el proceso”, añadió.

Las excepciones

La agencia dijo que, según los criterios revisados, las personas aún pueden solicitar una exención de tarifas:

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  • Si el ingreso familiar anual documentado es igual o inferior al 150% de las Pautas federales de pobreza; o.
  • Demuestran dificultades financieras.

“Sin embargo, USCIS requerirá que los solicitantes completen el Formulario I-912 y presenten la documentación de respaldo, incluidas las transcripciones de impuestos federales sobre la renta”, indicó.
Dijo además que “no aceptará una carta que indique que el solicitante no puede pagar las tarifas de presentación o los servicios biométricos sin un Formulario I-912 completo”.

Precisó además que “a partir del 2 de diciembre, aquellos que busquen una exención de tarifas deben presentar la versión del Formulario I-912 con fecha 10/24/19.” Después del 2 de diciembre, se rechazará cualquier Formulario I-912 con una fecha de edición del 13/03/18 o anterior, o una solicitud de exención de tarifa presentada por medio de una carta.

La 
<a href="https://www.univision.com/local/houston-kxln/en-que-consisten-las-deportaciones-aceleradas-que-la-administracion-trump-expandio-a-nivel-nacional-video">deportación expedita o acelerada</a> es una ley aprobada por el Congreso Federal de Estados Unidos en 1996 que faculta a oficiales de inmigración a deportar a personas sin que comparezcan ante un juez, explica el abogado Raed González.
La medida solo se aplicaba para inmigrantes que ingresaban al país sin documentos y eran detenidos en territorio ubicado a 100 millas de la frontera, pero la administración Trump adaptó la norma y ahora abarca todo el país. A partir del 1 de septiembre cualquier inmigrante sin documentos, con menos de dos años de estadía en el país, podría ser deportado. 
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Para evitar ser deportados de manera expedita, los indocumentados deben demostrar que llevan más de dos años en Estados Unidos y hay varios documentos que deben tener a mano para hacerlo, añade el abogado de inmigración Raed González.
Un contrato de arriendo de la vivienda donde reside a su nombre o cualquier otro documento que compruebe que ha pagado la renta durante los dos últimos años sirve como prueba de permanencia en el país.
Tenga a mano las actas de nacimiento de sus hijos estadounidenses que tengan más de dos años. También podría incluir documentación del hospital donde nacieron donde se cite la fecha de nacimiento y el nombre de los padres.
Las colillas o talones de pago de salarios de los últimos 24 meses. Debe ser el papel oficial de la empresa que le paga el salario.
La declaración de impuestos, si ha hecho alguna, en los últimos dos años. También puede servir un permiso de trabajo, si lo tuvo.
Otros documentos incluyen registros escolares de sus hijos donde aparezca su nombre.
No todos los inmigrantes están sujetos a la norma de deportación acelerada. Hay algunos factores que pueden ser considerados por el oficial migratorio a la hora de tomar su decisión, como que la persona tenga algún problema de salud, que sea padre soltero, sea el único proveedor para sus hijos o esté cuidando de un familiar enfermo, entre otros.
<b>¿Si la gente está en la calle debe tener consigo esta documentación?</b>
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<br>El abogado Raed González recomienda tener fotos de esos documentos en los teléfonos, copias en la billetera o el número de teléfono de un familiar al que se pueda contactar de inmediato para que le lleve lo que necesita.
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La deportación expedita o acelerada es una ley aprobada por el Congreso Federal de Estados Unidos en 1996 que faculta a oficiales de inmigración a deportar a personas sin que comparezcan ante un juez, explica el abogado Raed González.
Imagen Gregory Bull/AP
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