Un año después de la cancelación de un controvertido programa federal de colaboración entre las policías locales y las Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), la comunidad inmigrante del área metropolitana de Atlanta se siente menos angustiada. Pero siguen esperando que el gobierno cumpla la promesa de una reforma migratoria.
Suspensión del programa 287(g) en Atlanta alivia tensiones entre inmigrantes sin papeles
Un año después de la cancelación de un controvertido programa federal de colaboración entre las policías locales y las Oficina de Inmigración y Aduanas, la comunidad inmigrante del área metropolitana de Atlanta se siente menos angustiada, pero con la esperanza de algún día dejar de ser indocumentados.

“El cambio se debe a la cancelación del Programa 287(g) en dos de los condados más poblados con comunidades de color y latina”, dice a Univision Noticias Adelina Nicholls, una de las fundadoras y directora ejecutiva de la organización Georgia Latino Aliance for Human Rights (GLAHR).
El nombre del programa proviene de la Sección 287(g) de la Ley de Inmigración y permite al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a través de ICE, establecer contratos con las policías locales para aumentar la capacidad de arresto de extranjeros sin autorización para permanecer en el país o con antecedentes criminales.
El programa fue activado en 2003 por el Departamento de Justicia (DOJ) en respuesta a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. En aquel entonces, durante el gobierno de George W. Bush, el DHS no había sido creado y los asuntos migratorios estaban bajo ese ministerio.
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Fin de la colaboración
Tras la elección de nuevos alguaciles en los condados Cobb y Gwinnett en el área metropolitana de Atlanta en noviembre de 2020 y presiones ejercidas por la comunidad inmigrante, ambos departamentos abandonaron la colaboración con ICE.
“Los dos Alguaciles que tomaron posesión el año pasado hicieron caso a las demandas de la comunidad y se salieron del programa”, dijo Nicholls.
“Se alegó que durante la vigencia del 287(g) los agentes arrestaron personas utilizando perfil racial. Los daños causados fueron enormes y duraron muchos años”.
“Pero tras la cancelación la comunidad inmigrante está más confiada y ahora se tiende más segura para reportar o denunciar los crímenes cometidos contra sus integrantes”, apuntó.
En enero del año pasado, los alguaciles demócratas que fueron electos en la elección de noviembre del 2020 en los condados Gwinnett y Cobb “pusieron fin a la participación de sus oficinas en un programa federal 287(g), lo que marcó el comienzo de una era de estabilidad para la población indocumentada que vive o transita por el área metropolitana de Atlanta, dijo el diario The Atlanta Journal Constitution.
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Qué dicen los alguaciles
En 2019 y 2020, las cárceles de los condados de Gwinnett y Cobb representaron más contactos con ICE a través del 287(g) que en cualquier otro lugar del país, según datos de ICE.
En una conferencia de prensa de enero de 2021, que anunció el final del programa (y presentó una actuación de mariachi), el alguacil del condado de Cobb, Craig Owens, argumentó que el cambio de política haría que el condado fuera más seguro y restauraría la confianza de las comunidades inmigrantes en la aplicación de la ley.
Un año después, Jerry González, presidente de la Asociación de Funcionarios Latinos Electos de Georgia (GALEO), cree que algunos beneficios para la seguridad pública han comenzado a materializarse, explicó el periódico.
Antes de que Cobb y Gwinnett se retiraran del 287(g), dice que con frecuencia recibía llamadas de víctimas de delitos en comunidades hispanas, quienes se preguntaban si sería seguro llamar a la policía. Esas llamadas ya no se registran.
Programa abusivo, dice ACLU
Para la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el programa federal 287(g) “es una receta para arrestos sin pretexto y perfiles raciales”. Y agrega que “promueve la discriminación racial y perjudica a nuestras comunidades al convertir a la policía local en agentes de inmigración”.
En febrero del año pasado, citando un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), dijo que el gobierno federal recurre a las fuerzas del orden locales para cumplir con las órdenes de ICE, procedimientos que se dispararon con el expresidente Trump de 35 acuerdos en enero de 2017 a 150 registrados en septiembre de 2020”.
El citado informe “confirmó que ICE amplió exponencialmente el programa 287(g) sin un plan para prevenir, detectar o remediar los abusos contra los inmigrantes y la discriminación racial que probablemente resultarían”, dijo Naureen Shah, asesora principal de defensa y políticas de la ACLU.
La GAO dijo además que ICE admitió que ni siquiera rastrea y no puede determinar cuántas deportaciones y detenciones han resultado del programa. “
El informe revela que muchos agentes del orden público estatales y locales que participaron en el programa no cumplieron con los requisitos de capacitación y violaron la política de ICE, incluso cuando ICE no siguió los protocolos para monitorear e informar sobre estos problemas”.
El órgano fiscalizador del gobierno dijo además que ICE “ha implementado muchos de estos acuerdos, particularmente dentro del modelo de oficial de servicio autorizado iniciado por la administración Trump, con supervisión limitada o sin ella”.
Y que la falta de supervisión “es inexcusable y en sí misma es una razón para suspender el programa de inmediato”.
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Cambio de política
Tras la salida del programa en enero del año pasado, el alguacil del condado de Cobb, Craig Owens, señaló que el cambio de política haría que el distrito será más seguro y restauraría la confianza de las comunidades inmigrantes en la aplicación de la ley, indicó el diario.
“Y lo esta, es cierto”, dice Nicholls. “Más seguro y con menos miedo. Pero queda pendiente el tema de la reforma migratoria. Algunos inmigrantes indocumentados que viven en el área metropolitana de Atlanta llevan dos décadas viviendo con sus familias, trabajando y aportando a la sociedad. Ya es tiempo que el Congreso apruebe la reforma migratoria”.
La mencionada reforma, sin embargo, se encuentra estancada en el Senado tras la aprobación el 18 de marzo de dos proyectos de ley bipartidistas en la Cámara de Representantes que incluyen un camino a la ciudadanía para unos 8 millones de indocumentados (dreamers, titulares de TPS, trabajadores esenciales y campesinos).
En la Cámara Alta los demócratas, al no contar con respaldo republicano, han intentado en tres ocasiones conseguir el respaldo de la principal asesora (Parlamentarian) para incluir la regularización en un paquete de reconciliación del presupuesto en la ley de gasto social. Los esfuerzos han sido rechazados, dos en septiembre y el último en diciembre.
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Tres años antes
En febrero de 2019 el área metropolitana de Atlanta, junto a otros condados de Carolina del Norte, fue escenario de una serie de redadas de ICE que culminaron con al menos 225 detenidos.
Las operaciones duraron cuatro días, abarcaron cuatro condados, entre ellos Charlotte y Durham, que en diciembre del 2018 habían anunciado la salida del programa federal 287(g) e ICE los castigó por esa decisión.
El encargado de ICE en esa área del país en aquella ocasión, Sean Gallagher, dijo en esa ocasión a periodistas que la agencia se vio obligada a adoptar una "nueva normalidad” debido a la falta de colaboración de las policías locales con el programa 287(g). "Esto obliga a mis oficiales a salir a la calle para llevar a cabo más medidas de cumplimiento", advirtió el funcionario.
Familiares de inmigrantes detenidos entrevistados por Univision Noticias tras esos operativos, dijeron que los agentes “los detuvieron por racismo, no tenían crímenes. Los vieron y los pararon. Así no más. Esto da mucho miedo porque uno ya no sabe qué va a pasar el día de mañana”.
Tras las detenciones, algunos fueron liberados bajo fianzas de entre $5,000 y $7,000 mientras continuaron sus casos de deportación en los tribunales de inmigración.
“Todo eso ha cambiado”, dice ahora Nicholls. “La gente no tiene el miedo de antes. La cancelación del 287(g) trago paz, la gente está más confiada y puede salir a la calle. Pero la ausencia de una reforma migratoria los tiene sin poder obtener una licencia de manejar. Y aunque saben que no los detendrán como antes, el no tener papeles igual no impide que los detengan por alguna falta”.
“Menos miedo, pero siguen siendo indocumentados. Ahora nos falta solucionar este problema que ya tiene muchos años esperando en el Congreso”, apuntó.