Abogados piden extender plazo para comentar regla que elimina permiso de trabajo a inmigrantes con orden de deportación
Una nueva regla publicada en noviembre deja sin permiso de trabajo a miles de inmigrantes que tienen una orden de deportación fina, entre ellos dreamers, víctimas de violencia con visas U y T, y amparados bajo el TPS.
Por:
Jorge Cancino.
Tijuana fue la primera ciudad en la que se implementaron los Protocolos de Protección de Migrantes, también conocidos como ‘Quédate en México’. Esta política permite al gobierno estadounidense devolver a los solicitantes de asilo a México, donde esperan durante meses en siete ciudades fronterizas mexicanas con alta incidencia delictiva. Tijuana es considerada la menos insegura para ellos, pero a la vez es una de las ciudades más violentas del mundo. Allí, los migrantes reviven sus miedos y desarrollan nuevos traumas en medio de amenazas que pensaban habían escapado.
Video El trauma, el miedo y la desesperanza de quienes esperan su asilo atrapados en México
Un grupo integrado por abogados y defensores de los derechos de los inmigrantes solicitó al gobierno extender por 30 días adicionales el plazo para comentar una nueva regla que, de entrar en vigor, quitará y negará permiso de trabajo a inmigrantes con orden final de deportación.
La regla fue propuesta en noviembre por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y señala que los extranjeros que perdieron sus casos de asilo, pero se quedaron en Estados Unidos bajo una Orden de Supervisión (OSUP, por sus siglas en inglés), tendrán problemas para conseguir un permiso de trabajo.
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“También afecta a inmigrantes protegidos por un Estatus de protección Temporal (TPS), dreamers amparados bajo la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), inmigrantes que están en espera o ya recibieron una visa U o T (para víctimas de violencia que colaboran con las autoridades en la resolución de crímenes) o personas en proceso de ajuste de estatus o que están negociando reabrir sus casos en la Corte de Inmigración”, explicó Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas (Texas).
La regla indica además que, los extranjeros con orden de deportación final y que tienen una autorización de empleo, “serán animados a salir del país” y cumplir las expulsiones.
“Se trata de extranjeros a quienes les negaron, por ejemplo, sus casos de silo, pero existe evidencia que demuestra que sus vidas corren riesgo si son deportados (withholding) y devueltos a sus países de origen", explica Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona.
“También se incluye a a personas que no pueden ser deportadas porque sus países no los reciben”, agregó.
En una carta dirigida Michael J. McDermott, Jefe de la División de Seguridad y Protección Pública de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), un grupo integrado por la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), el Consejo Americano de Inmigración (AIC) y el Immigrant Legal Defense (ILD) solicitaron al gobierno detener la implementación de la norma y reabrir por otros 30 días el plazo para el comentario público, que venció el 21 de diciembre.
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El grupo señala la regla propuesta por el DHS “restringiría o prohibiría de forma severa e indebida el acceso a la autorización de trabajo para personas vulnerables con órdenes finales de deportación”, quienes han calificado u optado por un beneficio migratorio legal disponible.
Añade que la regla “entra en conflicto con las disposiciones legales de la Ley de Inmigración y la Ley de Nacionalidad (INA) que rige la Autorización de Empleo, así como las disposiciones sustantivas para la liberación de personas con órdenes finales de deportación”.
Las tres entidades también indican que la norma “interrumpe la práctica establecida y las expectativas para las personas con órdenes finales de deportación que fueron previamente liberados de la custodia del gobierno por órdenes de supervisión porque su expulsión no era de interés público”.
“Estos individuos han confiado, muchos durante años, en la determinación anterior del gobierno de que no deberían ser removidos como una cuestión de discreción de la fiscalía (de inmigración)”, anotaron.
Tanto AILA como las otras dos organizaciones dijeron que “están preocupados” por las consecuencias en la vida real de la interpretación de la regla propuesta por el DHS, “así como su propósito descarado de castigar a las personas por estar presente en Estados Unidos bajo una orden final de deportación al privarlos de la capacidad de obtener un sustento”.
“Esto ignora las muchas razones justificables de política pública por las que a esta población de personas se les debe permitir y alentar a trabajar legalmente (para que puedan ser autosuficientes económicamente”, indica la misiva.
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Señalan además que, debido a la complejidad de la nueva norma, debería ampliar por otros 30 días el plazo para el comentario público, teniendo en cuenta que durante el primer plazo se registró el Día de Acción de Gracias, fecha en el que el gobierno cerró sus puertas para que sus empleados celebraran el feriado nacional.
De acuerdo con el DHS, la nueva regla “alinearía la emisión de autorización de empleo discrecional con las prioridades del gobierno para proteger a los trabajadores estadounidenses y fortalecer la aplicación de la ley de inmigración”.
El DHS sostiene que las OSUP le permiten imponer condiciones y monitorear a los extranjeros con órdenes finales de deportación “que hayan sido liberados temporalmente de la custodia hasta que tenga los documentos de viaje necesarios para sacar al extranjero de Estados Unidos”.
“El OSUP contiene varias condiciones para la liberación, incluido el requisito de que los extranjeros cooperen con los esfuerzos para obtener los documentos de viaje para la deportación, se registren con el DHS en las fechas designadas y se presenten para la expulsión una vez que se haya acordado”, agregó.
Un informe del USCIS enviado al Congreso en marzo del 2018 indicó que las Autorizaciones de Empleo (EAD) a inmigrantes en withholding –aquellos que perdieron sus casos de asilo, pero no fueron deportados– alcanzaban las 14,813 en el año fiscal 2014 y 15,849 en el año fiscal 2015.
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Los permisos se renuevan cada año mientras dure la vigencia del OSUP.
“Estos extranjeros han utilizado recursos gubernamentales sustanciales durante todo el proceso de deportación y, en última instancia, un juez de inmigración ordenó su expulsión de Estados Unidos”, dice el DHS.
La carta cita el caso de Tanya, una madre soltera con una hija que ahora tiene 8 años, Becca. La pequeña tiene Síndrome de Down y ha requerido múltiples intervenciones quirúrgicas para sus ojos y oídos.
Tanya ha sido una parte integral de la comunidad, amada por la escuela donde enseña tenis. “Su exmarido, Alex, la incluyó en una solicitud de asilo que le fue concedida, pero revocado años después por fraude perpetrado por el abogado en su caso”.
Agrega que “Alex abandonó inmediatamente a Tanya y Becca, que en ese momento era un bebé, y se dirigió a Rumania. Poco después se divorció de Tanya y rápidamente se volvió a casar.
ICE ha renovado periódicamente su suspensión de expulsión reconociendo que ella fue víctima del fraude, no su autor.
“Tanya es la única fuente de ingresos y cuidadora de Becca; Alex no paga la manutención de los hijos”, precisa el documento.
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El asesor del presidente Donald Trump, Stephen Miller, es conocido por su férrea posición en contra de la inmigración, incluso es reconocido como uno de los ideólogos del gobierno en su política antiinmigrante. Uno de sus puntos más polémicos los expuso durante una rueda de prensa en la Casa Blanca donde, en una discusión con el reportero de CNN Jim Acosta, insistió que para aceptar a un inmigrante uno de los requisitos principales debe ser que hable inglés.
