Migrantes devueltos a México tras pedir asilo en EEUU expuestos a "secuestro, extorsión y violencia"
La denuncia señala que los solicitantes de asilo en Estados Unidos “son enviados de regreso a ciudades de México sin suficiente capacidad de albergue y con altas tasas de criminalidad, mientras esperan una audiencia de asilo en los tribunales migratorios estadounidenses”.
Por:
Jorge Cancino.
Adayanci Pérez es una de más de 2,500 niños que fueron separados en la frontera por el gobierno de Estados Unidos como parte de la política ‘tolerancia cero’. La niña guatemalteca de 6 años estuvo tres meses y medio lejos de su familia, y según ellos, al regresar ya no era la misma. Antes de volver, fue diagnosticada con estrés postraumático agudo. Aún hay más de 400 niños que no han sido reunidos con sus familias.
Video El legado de tolerancia cero: niños traumatizados y sin tratamiento
Los migrantes arrestados en la frontera y devueltos a México a esperar la resolución de sus casos en las cortes de inmigración de Estados Unidos, corren serios riesgos de ser secuestrados, extorsionados y “otras modalidades de violencia”, revela un reciente informe de Human Rights Watch (HRW).
“El gobierno de Trump ha ampliado radicalmente el programa Protocolo de Protección de Migrantes (MPP) y, al mismo tiempo, ha cercenado los derechos de los solicitantes de asilo en la frontera sur” señala el grupo de derechos humanos.
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La denuncia añade que los solicitantes de asilo en Estados Unidos “son enviados de regreso a ciudades de México sin suficiente capacidad de albergue y con altas tasas de criminalidad, mientras esperan una audiencia de asilo en los tribunales migratorios estadounidenses”.
El informe añade que los migrantes también “enfrentan obstáculos nuevos o mayores para obtener y consultar asesores legales, un aumento en los casos en que las audiencias judiciales están cerradas al público, y el riesgo de secuestro, extorsión y otras modalidades de violencia” mientras permanecen en territorio mexicano.
Las cortes de inmigración estadounidenses tienen acumulados más de 1,000,000 ce casos para solo 440 jueces.
El programa MPP fue anunciado en diciembre del año pasado tras el rechazo por parte de México de convertirse en tercer país seguro para la recepción de asilados y con ello acceder a las presiones por parte del gobierno de Trump.
El MPP entró en vigor a finales de enero. “El carácter inhumano del programa se torna más abusivo cada día”, dijo Ariana Sawyer, investigadora asistente del Programa de Estados Unidos de HRW. “El rápido crecimiento del programa en los últimos meses ha puesto incluso a más familias y personas en riesgo mientras están en México a la espera de un proceso legal cada vez más injusto”, agregó.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha dicho que a finales de julio habían sido regresados a México poco más de 42,000 migrantes tras solicitar asilo.
En cuanto a los migrantes que no tengan una causa de asilo, serán inmediatamente deportados, dijo el funcionario durante un discurso ante el Consejo de Relaciones Exteriores (Council on Foreign Relations).
Human Rights Watch dice además que el MPP “ha tenido graves consecuencias para los solicitantes de asilo, incluidos obstáculos enormes –o incluso insuperables– a las garantías de debido proceso con respecto a sus pedidos de asilo en Estados Unidos”, además de “amenazas y hechos de violencia física en México”.
La organización dijo que entrevistó a 7 solicitantes de asilo y 26 abogados, administradores de albergues para migrantes, funcionarios gubernamentales mexicanos, trabajadores de la justicia migratoria, periodistas y defensores de los derechos de los migrantes, y asistir a las audiencias judiciales de 71 solicitantes de asilo y consultó presentaciones judiciales, declaraciones, fotografías e informes en los medios de comunicación para redactar el informe.
“Las normas del MPP, que nunca se publican, cambian continuamente sin previo aviso”, explicó el abogado especializado en casos de asilo John Moore. “Hasta el momento, todos los cambios han coartado incluso más el acceso ya limitado que tenemos los abogados a nuestros clientes”, indicó.
Otra de las preocupaciones de HRW es la ampliación del programa denominado ‘retorno voluntario’, implementado en la frontera por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), dependiente de las Naciones Unidas. “La organización facilita el transporte hacia su país de origen a los solicitantes de asilo que son obligados a esperar en México, pero no notifica a los jueces inmigratorios de Estados Unidos”, advierte.
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Al no comunicar el regreso del migrante a su país de origen, “es muy posible que esto dé lugar a pronunciamientos negativos contra los solicitantes de asilo que no se presentan ante el tribunal, que probablemente impliquen la prohibición de volver a ingresar en Estados Unidos por 10 años, cuando podrían haber desistido del caso sin sufrir penalidades”, indica.
La no presentación a una cita en la corte de inmigración trae consigo la emisión de una orden de deportación en ausencia.
En total, se lee en el reporte, más de 66.000 solicitantes de asilo están ahora en México, obligados a esperar meses o años hasta que sus casos se decidan en Estados Unidos. “Algunos han desistido a la espera y han intentado cruzar ilegalmente por zonas más remotas y riesgosas de la frontera, a veces con resultados fatales”, añade.
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Silvia Gómez, de 25 años, sentada junto a su hija de 9 años en el autobús en el que harán el primer trayecto hasta Tapachula. Se marcha porque su familia en Guatemala se lo pidió. Le dijeron que esperar hasta el 15 de enero de 2020 por su primera corte era un tiempo excesivo para andar con una niña en un albergue. Sus planes no están claros aún: cree que dejará a su hija en Guatemala y regresará a México cuando se aproxime su fecha de entrada a Estados Unidos para presentarse ante el juez de inmigración.
