Senadores demócratas denuncian politización y mala gestión de las cortes de inmigración
El grupo integrado por ocho senadores demócratas le piden cuentas al fiscal general William Barr preocupados por el manejo de los tribunales de inmigración y el avance de la política de 'tolerancia cero'.
Por:
Jorge Cancino.
En un documento de 76 páginas, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informa que el plan estratégico de los siguientes cuatro años será integrar sus objetivos con los del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. "Es la primera vez que están uniendo esfuerzos para ser más eficientes en sus metas", asegura el abogado de inmigración Vital De Carpio, algo que causa preocupación en la comunidad inmigrante.
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Un grupo de senadores demócratas envió una carta al fiscal general, William Barr, para obtener respuestas sobre lo que denominan la “politización” y “mala gestión” de las cortes de inmigración.
Entre los datos requeridos por los legisladores se incluye información sobre la “capacitación y contratación” de jueces y la “mala gestión” de los tribunales para garantizar que las leyes de inmigración se interpreten y apliquen de manera justa e imparcial.
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“Estamos profundamente preocupados de que el gobierno esté socavando la independencia de los tribunales de inmigración y mal manejo de su administración”, dice el grupo. “Como miembros del Congreso buscamos asegurar que nuestras leyes de inmigración se interpreten y apliquen de manera justa e imparcial”, agregan.
Los senadores también denuncian en la misiva que el gobierno “eludió los procedimientos regulares de contratación para nombrar un cuadro de jueces partidistas para la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA)”, y advierten que “también ha publicado una serie de reglas que permitirán una mayor influencia política sobre casos individuales”.
“Estas acciones son simplemente los últimos pasos en la administración de Trump para erosionar la independencia de los tribunales de inmigración!, añade el grupo, integrado por los legisladores Sheldon Whitehouse (Rhode Island), Richard Durbin (Illinois), Mazie Hirono (Hawaii), Richard Blumenthal (Connecticut), Amy Klobuchar (Minnesota), Cory Booker (New Jersey), Patrick Leahy (Vermont) y Christopher Coons (Delawere).
La información adicional sobre la capacitación y contratación de jueces permitirá “determinar si los tribunales de inmigración están cumpliendo con su deber esencial”, apuntaron.
Los legisladores señalan además que la mala administración de las cortes “impide” proporcionar el debido proceso básico a los inmigrantes y causa “daños duraderos” a la confianza pública en el sistema judicial de inmigración.
“El debido proceso requiere que los jueces de inmigración sean justos e imparciales”, agregan.
También recuerdan que los tribunales de inmigración fueron creados bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) como parte de Departamento de Justicia (DOJ), pero señalan que la Constitución, el precedente histórico y la práctica “han protegido a los jueces de inmigración de la interferencia política para preservar su imparcialidad”.
Indicaron además que la Constitución “garantiza el derecho al debido proceso en los procedimientos de deportación”, incluyendo el derecho “a un juez imparcial".
Los senadores también le señalaron al fiscal Barr que los cambios hechos por el gobierno han quitado a los no ciudadanos “el derecho a una audiencia con un abogado presente”, así como una "oportunidad razonable" para examinar la evidencia en contra, presentar sus propias evidencias y repreguntar durante el juicio.
Denunciaron además que las modificaciones también han afectado el derecho a una apelación, y protecciones para que los jueces "observen la máxima justicia" esforzándose por ser “perfecta y completamente independientes, sin influencias o controles” que afecten el debido proceso.
“Estos principios son “vitalmente importantes” cuando el extranjero enfrenta la deportación” (…)"una medida drástica que, a menudo, equivale a un destierro de por vida o exilio”, subrayaron.
La carta también menciona el esfuerzo que lleva a cabo el Departamento dse Justicia para descertificar el sindicato de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) para silenciar a los magistrados y convertirlos en empleados del gobierno.
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“El gobierno también ha tratado de influir en los resultados de los casos de inmigración cambiando la composición de la corte”, alegan los senadores, y reiteran que los mayores problemas se ubican en la contratación “abiertamente politizada de jueces y la total falta o transparencia en el proceso de selección”.
Denunciaron además que “una vez contratados, los jueces de inmigración reciben capacitación limitada, y según los informes, la capacitación que reciben enfatiza que los tribunales de inmigración son parte de los esfuerzos del gobierno para controlar la inmigración en lugar de dejarlos actuar con independencia”.
“El gobierno ha justificado muchas de estas incursiones en la independencia de los tribunales de inmigración sobre la base de que aumentarán la eficiencia”, escribieron los senadores. Sin embargo, añaden, los cambios han causado un efecto contrario “obligando a cientos de miles de personas a esperar su día en la corte”, proceso que puede demo0rar meses o años debido al atasco de más de 1.3 millones de expedientes acumulados a finales de septiembre del año pasado.
Entre las respuestas solicitradas por el grupo al fiscal general Barr, se incluye:
Copias de todas las políticas escritas relacionadas con la contratación de jueces;
Si no existe una política por escrito, proporcione una descripción detallada de la contratación de estos jueces (incluye cualquier cambio en el proceso de contratación desde 2017);
Copias de todos los memorandos de recomendación escritos para abogar por la contratación de jueces de apelación de inmigración desde 2017 hasta el presente;
Copias de todos los materiales para capacitaciones de jueces de inmigración desde 2017 hasta el presente;
Copias de cualquier documento relacionado con el desarrollo e implementación del caso de EOIR, tiempos de procesamiento y cuotas;
Si no existe una política por escrito, proporcione una detallada descripción de cómo se desarrollaron estas políticas;
Copias de cualquier documento relacionado con cualquier acción laboral de los jueces contra la inmigración (tiempos de procesamiento de casos y cuotas);
Cualquier orientación interna que exista que rija cuando el Fiscal General o la EOIR debe hacer que sus decisiones sean vinculantes; y
Cualquier orientación interna que exista sobre cuándo el Fiscal General certificará un caso de inmigración para sí mismo.
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Las respuestas, indica la carta, deben ser enviadas antes del 13 de marzo.
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Silvia Gómez, de 25 años, sentada junto a su hija de 9 años en el autobús en el que harán el primer trayecto hasta Tapachula. Se marcha porque su familia en Guatemala se lo pidió. Le dijeron que esperar hasta el 15 de enero de 2020 por su primera corte era un tiempo excesivo para andar con una niña en un albergue. Sus planes no están claros aún: cree que dejará a su hija en Guatemala y regresará a México cuando se aproxime su fecha de entrada a Estados Unidos para presentarse ante el juez de inmigración.
