La 'tolerancia cero' acorrala las cortes de inmigración y cierra la puerta de entrada a EEUU
La política de 'tolerancia cero' está causando estragos en la comunidad inmigrante. El cambio de reglas afecta a miles de extranjeros que buscan permanecer legalmente en Estados Unidos y pone en jaque a los tribunales de inmigración.
Por:
Jorge Cancino.
La iniciativa cumple su primer año y, según el Instituto Nacional de Migración de México, en el 2019 miles de personas fueron devueltas al país para que allí esperen el desarrollo de sus procesos que llegan a tardar hasta seis meses. Activistas piden que el programa sea eliminado porque las largas esperas generan impaciencia y problemas de salud entre quienes han aplicado.
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Testimonios entregados la semana pasada a la Cámara de Representantes evidenciaron la crisis que viven las cortes de inmigración, ahondada en los últimos tres años con la activación de la política de ‘tolerancia cero’ del gobierno de Donald Trump.
Abogados, jueces de inmigración y defensores de los derechos de los inmigrantes relataron a los miembros del Comité Judicial de la Cámara de Representantes un escenario “abrumado” por nuevas normas y órdenes emitidas por el ejecutivo, que deja a miles de inmigrantes sin la menor posibilidad de obtener beneficios legales, entre ellos el asilo.
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El grupo pintó un “terrible” y “abrumador” retrato plagado de políticas que interfieren el sistema, donde además las violaciones al debido proceso “son rutinarias”, señala un reporte publicado por el Courthouse News Search.
También advirtieron del grave atasco en los tribunales de inmigración, que a finales de diciembre llegó a cerca de 1,100,000 casos.
En diciembre de 2016, dos semanas antes de la llegada de Trump a la Casa Blanca, su antecesor Barack Obama registró poco más de 530,000 casos en espera.
Una de las mayores dificultades denunciada ante el comité es la falta de acceso de los inmigrantes a representación legal, un problema grave que disminuye dramáticamente la probabilidad de conseguir asilo.
La lista añade el exceso de trabajo que enfrentan los jueces, quienes deben cumplir obligatoriamente una cuota anual de 700 casos cerrados por año o de lo contrario quedan expuestos a perder sus trabajos.
“El Departamento de Justicia ha transformado los tribunales de inmigración una especie de línea de montaje para la aplicación de la ley", dijo a los miembros del Comité Judicial Ashley Tabaddor, presidente de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) y quien ejerce como juez de inmigración en Los Ángeles, California.
Tabaddor, además, acusó al gobierno de “priorizar” la “velocidad sobre la sustancia” en los procesos, todo ello con el objetivo de alcanzar la cuota “poco realista” impuesta a partir del 1 de octubre de 2018 por el entonces fiscal general, Jeff Sessions.
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"Los jueces sienten la presión", testificó el presidente de la NAIJ. "El nivel de hostilidad hacia nosotros, la forma insultante y ofensiva por la cual estamos siendo tratados, la micro gestión de nuestros expedientes diarios francamente no tiene precedentes", agregó.
Cuando la cuota de 700 casos por año a cada juez entró en vigor, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), dijo que “esta asombrosa medida la hemos definido como una ‘sentencia de muerte de la independencia judicial’, y significa que los jueces se verán obligados a apresurarse en casos, a menudo, de vida o muerte”.
La asociación, que agrupa a unos 15,000 miembros a nivel nacional, además dijo que la imposición de cuotas “es solo la última de una serie de cambios (hasta ese momento) de políticas que amenazan el debido proceso y evitan que las personas tengan un día en corte justo”.
AILA, un severo crítico de la política migratoria del gobierno y defensora de los derechos de los inmigrantes precisó que, “debido a que los tribunales de inmigración están bajo el mando del Departamento de Justicia -la misma agencia de cumplimiento de la ley encargada de enjuiciar los casos de inmigración en los tribunales federales-, el fiscal general tiene autoridad sobre los fiscales y los jueces”, un problema que, alegan, debe ser resuelto por el bien de la independencia judicial.
De acuerdo con el reporte del Courthouse News Search, Tabaddor citó ante el Comité Judicial de la Cámara Baja la queja hecha por el Colegio de Abogados de Estados Unidos (ABA) al sistema migratorio y los tribunales, y dijo que la organización “ha presionado reiteradamente al Congreso para crear una organización independiente del sistema judicial” para juzgar los casos de inmigración.
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Tal movimiento, coinciden los denunciantes, distanciaría a las cortes de los “caprichos políticos y prioridades de aplicación” de diferentes gobiernos, entre ellos el de Obama (2009-2017, que deportó a más de 2.5 millones de inmigrantes indocumentados) y el actual.
“Tanto el gobierno del expresidente Obama como el de Trump, utilizaron y utilizan la debilidad estructural de los tribunales de inmigración para promover agendas políticas. Ambas administraciones han estropeado esto", dijo Jeremy McKinney, un abogado de Carolina del Norte y miembro de AILA.
McKinney dijo además que “los líderes políticos de todas las administraciones anteriores han utilizado el poder del Departamento de Justicia para barajar los expedientes de los jueces con el propósito de priorizar ciertos tipos de casos de inmigración”.
Los republicanos del Comité Judicial, entidad controlada por los demócratas, argumentan que el principal responsable de la crisis migratoria en las cortes de inmigración son los propios inmigrantes, una postura similar a la blandida por Trump desde que llegó a la Casa Blanca hace poco más de tres años.
"La gente está violando nuestra ley y cruzando nuestra frontera”, dijo el representante Ken Buck (republicano por Colorado). Agregó que el atasco en los tribunales “es causado por la entrada de más inmigrantes ilegales en este país”.
El legislador por Colorado, al igual que la Casa Blanca, no hizo mención a la vigencia de leyes y reglamentos vigentes aprobados por el Congreso para proteger los derechos de los inmigrantes y prevenir el tráfico humano infantil, entre ellas la Ley TVPRA de 2008 y el Acuerdo Judicial Flores de 1997.
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El primero prohíbe al gobierno deportar aceleradamente a menores y exige que asean los jueces de inmigración quienes determinen sus futuros en Estados Unidos. El segundo prohíbe la privación de libertad de menores en centros del gobierno federal.
Buck tampoco dijo que el asilo es un recurso legal disponible.
Entre las recomendaciones sugeridas por el grupo a los integrantes del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, se incluye la contratación de nuevos jueces y personal, nuevas cortes y “más leyes judiciales”, dijo Andrew Arthur, ex juez de inmigración citado por el Courthouse News Search.
Advirtió además que “un futuro Congreso y un Departamento de Justicia con suficiente poder, podrían fácilmente ‘matar de hambre’ a un tribunal de inmigración” si el sistema no se vuelve independiente.
Los reclamos de independencia hechos la NAIJ se vieron afectados en octubre luego de que el Departamento de Justicia presentara ante la Autoridad Federal de Relaciones Laborales (Federal Labor Relations Authority -FLRA-) un recurso para descertificar el sindicato y convertir a los jueces en empleados de ese ministerio.
Tanto abogados como jueces claman porque el gobierno devuelva la independencia a estos tribunales. Simultáneamente, exigen que se proteja y respete el debido proceso migratorio para garantizar la entrega de “decisiones justas, oportunas y recuperar la confianza del público”, alegó AILA en un informe publicado a finales de enero.
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“Este conflicto empeora por el hecho de que los jueces se consideran meramente abogados del gobierno, una categoría que no reconoce la importancia de sus deberes y los pone al capricho del fiscal general”, advierte AILA.
La FLRA deberá entregar una decisión entre mayo y junio.
Para la presidenta honoraria de la NAIJ, Dana L. Marks, “la conclusión es que ganaremos este caso si se decide sobre la ley establecida en lugar de las presiones políticas”.
De lo contrario, agregó, “nuestro sindicato ya no existirá según la legislación laboral y NAIJ perderá el derecho de hablar en muchos entornos. Creemos que silenciar las críticas de la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) al sindicato de jueces, es el ímpetu principal detrás de esta acción”, concluyó.
El EOIR es una dependencia que opera bajo el control del Departamento de Justicia.
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Silvia Gómez, de 25 años, sentada junto a su hija de 9 años en el autobús en el que harán el primer trayecto hasta Tapachula. Se marcha porque su familia en Guatemala se lo pidió. Le dijeron que esperar hasta el 15 de enero de 2020 por su primera corte era un tiempo excesivo para andar con una niña en un albergue. Sus planes no están claros aún: cree que dejará a su hija en Guatemala y regresará a México cuando se aproxime su fecha de entrada a Estados Unidos para presentarse ante el juez de inmigración.
