Un reciente fallo de la Corte Suprema genera caos en los tribunales e incertidumbre en los inmigrantes

Un fallo emitido en junio por la Corte Suprema de Justicia anuló los citatorios a las cortes de inmigración (Notificaciones de Comparecencia, NTA por su sigla en inglés) que fueron emitidas sin fecha, ni hora, ni dirección de dónde presentarse, y ahora está causando caos en los tribunales e incertidumbre en la comunidad inmigrante, sobre todo entre aquellos que tienen pendiente casos de deportación.

La orden del máximo tribunal de justicia impacta a miles de expedientes de inmigrantes que están luchando por permanecer en el país, y entorpece aquellos que por sus méritos pueden ser cerrados para asó desaparecer el fantasma de la deportación, según lo señala la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).

“Estamos hablando de mucha gente que, de una u otra manera, se verán beneficiadas por esta decisión, pero también otros que pudieran no recibir una segunda oportunidad”, dice Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego.

Error humano

Velásquez indica que “la emisión de notificaciones para presentarse ante la corte sin fecha, hora o información sobre el adonde acudir, se trató de un error humano cometido por la burocracia”.

“Fueron varios errores juntos. Escribieron mal un domicilio, el sobre no tenía fecha, la NTA tampoco tenía fecha y, en algunos casos, ni siquiera llevaban la hora de comparecencia o la dirección de la corte donde debía asistir el inmigrante”, agregó.

“Era imposible entonces que esa carta o cita llegara a manos del solicitante. Y si llegaba, de todas maneras, el destinatario no sabía cuándo ir, a qué hora y en qué lugar”, añadió.

El fallo de la Corte (8 a favor y 1 en contra) “exige que se anulen las notificaciones fallidas”, dijo Velásquez. “Y las nuevas NTA y los sobres en las que se envíen deben llevar fecha, hora de la cita y los datos de la corte de inmigración que lleva el caso. El reglamento es muy especifico, el debido proceso migratorio debe estar en perfecto orden”, añadió.

Qué pasa con los casos

Los casos afectados por la anulación de NTA defectuosas “deben ser terminados, es decir, cerrados”, dice Barbara Hines, exprofesora de la Clínica Legal de la facultad de leyes de la Universidad de Texas.

“Algunos jueces los están cerrando y los inmigrantes entonces quedan como si nunca les hubiesen iniciado un proceso de deportación. No les dan la residencia, quedan en el mismo estado migratorio en el que se encontraban antes del proceso, con excepción de algunos que por vías legales disponibles regularicen sus permanencias”, agregó.

Pero hay inconvenientes después del fallo, advierte Hines. “El gobierno, a través de los abogados de ICE, se opone a que los jueces cierren los casos en los que hubo notificaciones de comparecencia fallidas”.

“Eso es lo que esta sucediendo en los tribunales, lo que estamos viendo los abogados. Los Avisos de Comparecencia deben tener toda la información necesaria para que el inmigrante asista y tenga su día en corte, como manda el debido proceso”, añade.

Daños irreparables

Hines indicó que “la falta de información en las NTA anuladas por la Corte Suprema pudieron haber afectado a miles de personas que, por no tener la información sobre el día, la hora y el lugar de presentación ante un juez, no acudieron y recibieron una orden de deportación en ausencia”.

“El fallo de la Corte Suprema quiere decir que la cita de comparecencia sin fecha nunca existió”, dice Velásquez. “No se puede argumentar que el gobierno actuó de mala fe. La burocracia a veces, o en este caso por el gran número de expedientes que existen, las personas que enviaron los citatorios se les pasó ese importante detalle”.

Velásquez precisó que “muchos inmigrantes centroamericanos que han llegado al país desde 2014 en busca de asilo, recibieron citatorios a las coprtes sin fecha, ni hora. Y al no saber cuándo acudir ante el juez, ahora están terriblemente afectados porque les emitieron una orden de deportación en ausencia y no lo saben”.

En cuanto a los casos ya procesados y en los cuales el inmigrante recibió un beneficio tal como la residencia al demostrar que lleva más de 10 años en Estados Unidos, tiene buen carácter moral, carece de antecedentes criminales y probó al tribunal que su deportación causaría un sufrimiento extremo a un familiar inmediato, “esos procesos ya están concluidos. No les debe afectar el fallo de la Corte Suprema”, apuntó Hines.

Tribunales atascados

La orden de la Corte Suprema causa, además, serios contratiempos en las Cortes de Inmigración, que a finales de junio tenían más de 740,000 casos acumulados.

“Las NTA defectuosas deben ser canceladas y también los procesos. Y si los jueces no los cierran, se deben enviar nuevos citatorios, esta vez con las fechas que exige el proceso para que sea válido”, reiteró Velásquez.

La abogada explicó además que, “el procedimiento de entrega de una NTA debe indicar los cargos presentados y las agencias de la ley deben aportar una lista de agencias de ley y abogados que pueden ayudar al inmigrante para que defienda su permanencia en el país”.

“Así es que, no solo las notificaciones carecían de firma o fecha, sino también de este proceso escrito en la parte de abajo del documento con letra pequeña, pero muy importante dentro del debido proceso migratorio”, comentó.

En cuanto al cierre de casos, un recurso que los jueces de inmigración pueden emplear en el caso notificaciones anuladas por la Corte Suprema, se trata de una herramienta que el fiscal general Sessions ha intentado disminuir en medio de las preocupaciones de los jueces de inmigración.

“La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) está muy decepcionada por la decisión del fiscal general de quitarnos una herramienta para controlar nuestros expedientes”, dijo en mayo a Univision Noticias la honorable jueza Dana Marks, presidenta emérita de la NAIJ. “Hemos aconsejado sobre ese asunto con el punto de vista de las cortes explicando de que “administrative closure” (el cierre administrativo) es un método muy útil para que nosotros podamos arreglar nuestros expedientes de una manera más eficaz, especialmente en esta época de tantos casos atrasados. Es una avenida de priorizar nuestro trabajo, no evitarlo, algo que sirve los intereses del debido proceso y administración inteligente de la ley”, agregó.

Sistema fallido

Las cortes de inmigración tienen acumulados poco más de 740,000 casos, según datos recientes del Centro de Información de Acceso a Registros Transaccionales ( TRAC) de la Universidad de Siracuse en Nueva York.

“Hay demasiados casos frente de la corte y nadie puede cumplir con todos ellos si no hay jueces”, dice Marks. “Algunos expertos señalan que para reparar el problema se requieren el doble de jueces, unos 700 para poder tener suficiente capacidad de hacer nuestros trabajos de una manera prudente en un período de tiempo aceptable”.

Marks advierte además que sin jueces suficientes y sin tiempo adecuado “se puede perjudicar a la gente que está solicitando un remedio, un familiar extranjero, están en peligro o tal vez tienen pariente enfermo y necesitan a esa persona para calificar por un remedio dentro de la ley”.

La portavoz de la NAIJ dijo además que, “por décadas hemos seguido el mecanismo de cerrar los casos administrativamente, no es algo nuevo, es algo que se ha usado en las cortes por décadas, y no solo de inmigración, también en los tribunales civiles y criminales”.

“Se emplea no como una manera solo para evitar hacer el trabajo necesario, sino un mecanismo establecido para priorizar los casos que están verdaderamente listos para seguir porque la gente ha tenido el tiempo necesario para preparar y hacer los pasos fuera de la corte de inmigración para calificar por otras vías legales”, indicó.