Violencia y covid-19: el doble peligro en la frontera para solicitantes de asilo tras su cierre indefinido

La noticia del cierre indefinido de la frontera entre México y Estados Unidos para viajes no esenciales los tomó por sorpresa. Esperaron durante 60 días para que se reabriera, pero el martes el gobierno de Donald Trump anunció que se mantendría cerrada hasta no estar “seguros” de que ya no habrá contagios de covid-19. Lo que nadie sabe es cuándo será, si dentro de una semana, un mes o un año.

“Estamos decepcionados”, dice al otro lado del teléfono la inmigrante María Eugenia Turcios Mesa, de 40 años, quien junto a su esposo Walter Meléndez (32) y su pequeña hija Emmayoli (8) aguardan desde octubre en Matamoros, México, considerada como una de las ciudades más peligrosas del mundo.

“Estamos aquí porque pedimos asilo. Nos lo negaron, pero apelamos. Ahora aguardamos con paciencia. Y con la misma fe que salimos de Honduras se que voy a entrar a Estados Unidos y vamos a sacar adelante a nuestra familia”, dice, ahora con la voz quebrada por la emoción y la impotencia”.

Mala noticia

Poco antes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que el director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) había extendido las restricciones de salud pública del Título 42 en las fronteras, “hasta que determine que el grave peligro de civid-19 ha cesado”.

La notificación agrega que “esta orden ha sido una de las herramientas más críticas que el Departamento ha utilizado para prevenir la propagación del nuevo coronavirus y proteger al pueblo estadounidense, a los oficiales de primera línea del ministerio y a quienes están bajo su cuidado y custodia contra el covid-19”, añade.

A mediados de abril La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), una de las agencias del DHS, dijo a Univision Noticias que “los individuos que son regresados a México no corresponden a deportaciones bajo la autoridad del Título 8 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), sino que se trata de expulsiones bajo el Título 42”. Y que esto se trataba de “una disposición legal diferente”.

“El Título 42 corresponde a la aplicación de una parte de la ley distinta”, explica José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “No los expulsan por una falta a la ley de inmigración como permanecer de manera indocumentada, sino que los deportan porque para el gobierno esas personas constituyen una amenaza a la salud pública de los estadounidenses”.

La CBP dijo además que “entre los puertos de entrada, cualquier sujeto encontrado y que haya realizado una entrada ilegal desde México o Canadá, potencialmente ha estado expuesto a covid-19” e incluso probablemente “desde su país de origen”.

“Como le llamen, es una mala noticia”, dice María Eugenia.

Odisea de casi un año

Walter Meléndez, su esposa María Eugenia y su hija salieron de Honduras el 28 de mayo del año pasado rumbo a la frontera sur de Estados Unidos para pedir asilo, un recurso legal disponible.

“A ratos caminábamos, a ratos viajábamos en tren y a ratos en autobús”, cuenta Meléndez. “Fue un viaje largo. Traíamos mucho miedo, pero con la esperanza de que lo vamos a conseguir. Ya no podíamos seguir viviendo en Honduras, allá hay muchos peligros”.

“Salí porque hay mucha delincuencia, crimen organizado y mucha pobreza”, agrega. Su esposa dice que “criar una hija en mi país es muy difícil, porque cuando uno lo pone a estudiar le cobran extorsión. Y si no tiene para pagar, el mayor miedo es que se lo quiten para matarlo y que le saquen los órganos”.

“Un día fueron a mi casa y me pegaron unos machetazos en la espalda”, pegaron machetazos en la espalda”, cuenta. Su esposo envió una fotografía a través de la red social WhatsApp donde se ve una de las cicatrices, que va del cuelo hacia el hombro izquierdo.

“Me da tristeza la noticia, causa mucha decepción y desesperanza, pero no quiebra nuestra fe. Sólo imagínese todo lo que hemos luchado para llegar hasta acá. No podemos volver a Honduras porque allá perderemos nuestras visas”, dice María Eugenia.

La batalla legal

Meléndez, su esposa e hija pidieron asilo el 9 de octubre “y me lo negaron”, dice. “Pero nos ayudaron y apelamos la sentencia. Nos dieron cita para el 21 de mayo, dentro de dos días, pero ahora vea, la frontera seguirá cerrada saber hasta cuándo”.

Hasta estar seguros de que no habrá peligro de contagio de covid-19, dice el DHS, argumento que para la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) se trata de un pretexto para que el gobierno de Trump siga implementando su política de tolerancia cero en la frontera y detenga la entrada de inmigrantes, sobre todo centroamericanos.

“El presidente está empeñado en explotar una crisis de salud pública para lograr su objetivo de larga data de poner fin al asilo en la frontera”, dijo Andrea Flores, subdirectora de política de inmigración de la ACLU inmediatamente después del anuncio del cierre indefinido.

“Vamos a esperar”, dice Meléndez. “Por ahora tengo trabajo en la construcción y alcanza para comer. El matrimonio reside en un campamento situado en las afueras de Matamoros donde viven otros 1,500 inmigrantes que también pidieron asilo en Estados Unidos y todos están expuestos a ser contagiados por el covid-19.

“Toda la gente que aguarda en los campamentos está expuesta al virus”, dice Irineo Mujica, de la organización Pueblo Sin Fronteras. “La gente no se da cuenta de lo grave que es esto. Ponen todo en las manos de Dios y van para adelante no más. Cuando uno los mira da pena, pero no tienen en nadie más en quien confiar. Es una situación terrible la que estamos viendo”.

El mismo miedo

La vida no es fácil en Matamoros ni en el campamento donde pernoctan. “Aquí muchas veces sentimos los mismos miedos que vivimos en Honduras”, dice María Eugenia. “Varias veces también nos han amenazado. Y no podemos hablar mucho porque aquí todo se escucha”.

Meléndez explica que el jueves 21, el día en que debían presentarse en la garita estadounidense, irá a la oficina del Instituto Mexicano de Migración (IMM) “para que me sellen el permiso que tengo y me den más tiempo”.

El 10 de mayo los departamentos de Justicia (DOJ) y DHS anunciaron que los juicios de las personas que piden asilo y son regresados a México bajo el Programa de Protección del Migrante (MPP), fueron suspendidos hasta el 19 de junio. Y que los individuos como Meléndez, que tenia programa una cita para el 21 de mayo deben acudir a la frontera el 21 de junio para que le reprogramen la audiencia. Pero con el cierre indefinido, ahora nadie sabe hasta cuándo lo atenderán.

“Para las personas que están esperando al otro lado de la frontera, les están cerrando la puerta del asilo y la posibilidad de apelar sus casos”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California.

“Pero también es muy difícil para el gobierno sostener un cierre indefinido de la frontera. Pienso que esta decisión será demandada en los tribunales en cualquier momento”, agregó.

A la pregunta respecto a qué sucederá con los casos de apelación y a cuyas audiencias los inmigrantes como Meléndez no podrán asistir porque la frontera permanece cerrada, Gálvez dijo que “serán reprogramados. No puede haber un fallo por inasistencia puesto que la ausencia no es culpa del inmigrante”.

“Pero el problema es la espera de estas personas en un territorio peligroso doblemente, violencia y covid-19”, indicó.