Caos en España un día antes de que el Senado del país valide tomar el control del gobierno de Cataluña

España vivió una jornada de gran tensión y caos como consecuencia de la crisis catalana, justo un día antes de que el Senado español de su apoyo al gobierno del país para asumir el autogobierno de Cataluña.

Tras retrasar varias veces su comparecencia, en medio de fuertes divisiones internas del bloque independendista, el presidente catalán, Carles Puigdemont, anunció su negativa a convocar unas elecciones regionales, una de las últimas posibilidades que quedaban para tratar de evitar la intervención en la región del gobierno español aplicando el artículo 155 de la Constitución del país, o al menos, conseguir una aplicación más suave.

Así, en lugar de llamar a las urnas a los catalanes y renunciar a sus planes independentistas –como se pensó que iba a hacer durante varias horas tras las informaciones filtradas a los medios–, Puigdemont cambió completamente de estrategia por la tarde abriendo la puerta a una posible declaración unilateral de independencia en el Parlamento regional este viernes como respuesta a la acción española. Una declaración de independencia que hasta ahora no llegó a realizar de forma solemne ( aunque ya hizo un amago muy ambiguo el pasado 10 de octubre).

"He estado dispuesto a convocar estas elecciones siempre y cuando se dieran unas garantías que permitieran su celebración en absoluta normalidad", anunció Puigdemont en una breve intervención desde el palacio de gobierno regional en Barcelona.

El líder catalán indicó que "no hay ninguna de estas garantías que justifiquen hoy la convocatoria de elecciones", aunque no dio detalles de a qué garantías se refería.

Al poco de conocer el paso dado por Puigdemont, Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del gobierno de España, subrayó que "el viaje a ninguna parte del independentismo tiene que llegar (...) al necesario retorno del respeto a la legalidad". Además, justificó los posibles pasos del gobierno central alegando una obligación "legal, democrática y política" de asumir el poder regional con el fin de proteger el interés de todos los españoles ante la posible secesión de Cataluña.

Precisamente, para frenar al independentismo, el Senado español se reunirá este viernes a las 10:00 am hora local para aprobar la aplicación del artículo 155, nunca usado en la historia de España y que permite tomar el control de diferentes competencias regionales.

Entre las medidas que se han propuesto, está la destitución del gobierno catalán y la toma de control de la policía regional y medios de comunicación públicos. Sin embargo, este tipo de intervenciones pueden ser vistas como una agresión por parte del gobierno central y podrían incentivar nuevas actuaciones de grupos independentistas.

Tras el anuncio del presidente regional, la oposición en el Parlamento catalán pidió a Puigdemont que reconsidere su decisión.

"Todavía está a tiempo de volver a la legalidad y convocar elecciones", sostuvo Inés Arrimadas, dirigente de Ciudadanos, el principal partido de la oposición en Cataluña.

Sin embargo, el portavoz de la coalición de gobierno, Juntos por el Sí, no se mostró partidario de esta vía y destacó que "mañana (viernes) propondremos que la respuesta a esta agresión (...) sea continuar el mandato del pueblo de Cataluña en el referéndum del 1 de octubre", en el que el 'sí' a la independencia obtuvo una amplia mayoría, aunque se trata de un resultado muy desvirtuado por el hecho de que solo votó el 43% del padrón –a no ser aceptada este referendum por los contrarios a la independencia– y porque fue una votación realizada sin garantías declarada ilegal por el Tribunal Constitucional del país.

Los grupos parlamentarios catalanes debatirán mañana viernes varias resoluciones. Entre ellas, podría estar una que declare la independencia como respuesta a la aplicación del artículo 155.

Tensión en la calle

Mientras tanto, cientos de estudiantes se lanzaron a las calles de Barcelona para reclamar la independencia bajo el lema ' El pueblo ha votado. República Ahora'.

Con gritos de "libertad" y "fuera la bandera española" se concentraron en la plaza de Sant Jaume, una de las plazas más emblemáticas de la ciudad y donde se encuentra el palacio del gobierno regional, así como la sede del Ayuntamiento de Barcelona. Respondían así ante la posibilidad de que el líder catalán finalmente convocara elecciones y renunciara a la independencia, algo que finalmente no ocurrió.

Las tensiones vividas durante toda la jornada dentro del bloque independentista brotaron de nuevo al final del día, con la dimisión de uno de los miembros del gobierno catalán: Santi Vila, consejero de Empresa y quien se ha mostrado contrario a una independencia unilateral.

La declaración de la independencia ha dividido a la sociedad catalana y ha provocado que más de 1,600 empresas hayan trasladado su dirección social a otras regiones españolas.