El Gobierno español toma el control sobre Cataluña: destituirá a sus dirigentes y convocará elecciones

El presidente de gobierno de España, Mariano Rajoy, anunció este sábado en rueda de prensa una batería de medidas encaminadas a asumir temporalmente las principales funciones de autogobierno de la región de Cataluña, en un intento por frenar una iniciativa independentista.

El Ejecutivo propone proceder al cese del presidente (Carles Puigdemont), el vicepresidente (Oriol Junqueras) y de los consejeros del gobierno regional (la Generalitat), y que esos cargos sean asumidos por el gobierno central de España. También pidió que se realicen elecciones en esta región en un plazo máximo de seis meses y recortó funciones al Parlamento regional.

Rajoy aseguró que ha aplicado el artículo 155 de la Constitución para restaurar el orden constitucional, asegurar la neutralidad institucional, garantizar la actividad económica y los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, los críticos de la decisión la catalogan como una ruptura de la democracia no solo en Cataluña sino en España.

En un breve discurso –en el que dirigió unas palabras en inglés a los europeos–, el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, rechazó la decisión aunque sin decir lo que muchos estaban esperando: no declaró la independencia ni llamó a una protesta masiva. Se limitó a anunciar que pedirá al Parlamento que convoque una sesión plenaria para debatir los efectos de lo solicitado por Rajoy. "Lo que se está haciendo con Cataluña es directamente un ataque a la democracia, que abre la perta a otros abusos de la misma índole en cualquier parte, no solo en Cataluña", dijo.

Por su parte, la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, aseguró que esa Cámara no permitirá la puesta en marcha de la solicitud hecha por el gobierno español para restablecer la legalidad en esa región y que calificó como un “golpe de Estado de facto”.

Las medidas anunciadas por el gobierno español, que fueron pactadas con el principal partido de la oposición (PSOE), se decidieron en un consejo de ministros extraordinario, que se reunió para estudiar un artículo de la Constitucion de 1978 que se aplica por primera vez en la historia de España. En una sesión prevista en el Senado –en el que el Partido Popular tiene mayoría absoluta– el 27 de octubre se espera que se otorgue la autorización para poner en marcha el anuncio de Rajoy. Además del PSOE, cuenta con el apoyo del partido Ciudadanos.

España acusa al gobierno regional de "desobediencia" constitucional, después de la celebración el pasado 1 de octubre de un referendo que había sido declarado ilegal por la justicia.

El país está sumido en la crisis institucional más grave de la era democrática iniciada tras la muerte del dictador Francisco Franco.

El gobierno ya había anunciado que tomaría medidas, pero se desconocía la dureza de las mismas. Se espera que esta tarde, el presidente independentista catalán, Carles Puigdemont, dé una declaración después de que fuera anunciada la intención de Madrid de cesarlo a él y a todo su gabinete. Unas horas antes se produjo una manifestación en Barcelona que fue inicialmente convocada para reclamar la libertad de los presidentes de las asociaciones ANC y Òmnium, detenidos esta semana.

"No era nuestro deseo ni nuestra intención" aplicar el artículo 155, dijo Rajoy, que insistió en que existen fórmulas similares en las constituciones de otros países.

El referéndum

El desencuentro entre el gobierno central y regional se mantiene desde la celebración el pasado 1 de octubre de un referendo que fue declarado ilegal por la justicia española y anulado por el Tribunal Constitucional, pero que las autoridades regionales dan por válido.

Según datos del gobierno catalán, votaron 2.2 millones de personas, de las cuales el 90% se mostró partidaria de la independencia. Sin embargo, el censo es de 5.3 millones y los partidos contrarios al referéndum no hicieron campaña por el 'no', ni participaron en la consulta. Existieron graves irregularidades en la votación ilegal, que estuvo marcada por una violenta represión policial.

El gobierno español había dado como plazo a Puigdemont hasta el 16 de octubre para que confirmara si había declarado la independencia de Cataluña en una sesión el pasado 10 de octubre en el parlamento regional. "Cataluña se ha ganado el derecho a ser un país independiente", dijo en un discurso que fue considerado ambiguo y en el que además pidió que se iniciara un diálogo.

Pero la aclaratoria no ocurrió y el gobierno español decidió aplicar el artículo 155.

En Cataluña, una región rica con 7.5 millones de habitantes, lengua propia y una marcada identidad cultural, hay una parte de la población que reivindica desde hace años no formar parte de España. La crisis económica, el desacuerdo con el gobierno central sobre el sistema de reparto del dinero público y la demanda por más autonomía política reavivó la causa del independentismo.

De la apuesta por la Constitución al golpe de Estado

Las reacciones tras el anuncio de Rajoy no se han hecho esperar. Son variopintas, como las opiniones de los españoles sobre el tema de la independencia de Cataluña.

Para el PSOE su decisión de apoyar al gobierno español en la aplicación del 155 es "apostar por la Constitución", dijo su secretario general Pedro Sánchez. Acusó a los independentistas de estar llevando al abismo a Cataluña y aseguró que el secesionismo solo perjudica a los trabajadores y a las personas con menos recursos.

El presidente del partido de derecha Ciudadanos, Albert Rivera, coincidió en que la aplicación de la Constitución permitirá "proteger a los catalanes": "La ley es la garantía frente a poderosos, arbitrarios, que pretenden aplicar su ideología violando las leyes y la democracia". Criticó el proceder de Puigdemont y su respuesta tras el referendo y dijo que con su actitud "desprecia profundamente" a los catalanes y a quienes se oponen a la idea de la autonomía.

Para el diputado del Parlamento de Cataluña Roger Torrent, del independentista partido Esquerra Republicana, la decisión de Rajoy es un "golpe de Estado", escribió en su cuenta de la red social Twitter.

El secretario general del opositor Podemos y diputado Pablo Iglesias también condenó el anuncio: "El bloque monárquico cree mostrar autoridad, pero solo revela su incapacidad para ofrecer soluciones y aleja aún más a Cataluña de España", escribió en su cuenta de Twitter al conocer la resolución.

El portavoz en el Congreso de Podemos en Cataluña e historiador Xavier Domènech cree que con la resolución se rompió cualquier posibilidad de diálogo. "Lo que estamos viviendo es algo tan delirante como que Mariano Rajoy se ha proclamado el presidente de Cataluña sin que lo hayan votado (...) Es una reacción absolutamente brutal habiendo espacios para el diálogo y la negociación que marcará un antes y un después para toda España y para la relación entre Cataluña y España".

Domènech además criticó en su cuenta de Twitter que el PP y el PSOE "se han cargado la historia de la transición" al apoyar la decisión anunciada por Rajoy.

Las medidas concretas

Dentro del decreto aprobado por el Gobierno español se detalla qué competencias pretende asumir de forma temporal hasta la toma de posesión del nuevo gobierno catalán, aplicando así el artículo 155 de la Constitución y bajo la autorización el próximo viernes del Senado. Son:

- El Gobierno asume el control financiero, es decir, la totalidad de ingresos y gastos de la autonomía catalana. La intención es que se garantice que no se dediquen fondos al proceso independentista.

- El Gobierno tomará el mando de la Policía regional (Mossos d'Esquadra) y también podrá cesar o nombrar a los responsables de los medios públicos (TV3 y Catalunya Ràdio) para, según afirman, garantizar una información veraz y respetuosa con el pluralismo político.

- La presidenta del Parlamento regional no podrá proponer candidato a jefe del Ejecutivo autonómico.

- El Parlamento catalán no podrá tramitar iniciativas que sean contrarias a las medidas adoptadas por el Gobierno.

- El Estado podrá imponer sanciones a los funcionarios o los trabajadores del gobierno de Cataluña que no acaten la aplicación del artículo 155.